El Departamento de Estado de Estados Unidos restó credibilidad al paquete de 176 medidas económicas aprobado el jueves por el régimen cubano y lo calificó como un intento propagandístico destinado a proyectar una falsa imagen de cambio.
"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró un portavoz del Departamento de Estado a la agencia AFP.
Según el funcionario, La Habana recurre nuevamente a una estrategia ya conocida de anunciar "supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen".
Washington sostuvo además que Cuba necesita transformaciones "económicas y políticas mucho más sustanciales" que permitan atraer inversión y garanticen "al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece".
Las declaraciones llegan un día después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara el mayor paquete de cambios económicos impulsado por el régimen en décadas. Entre las medidas figuran una ampliación del espacio para la empresa privada, la posibilidad de importar y exportar sin monopolio estatal y la autorización para que empresas extranjeras, incluidas cadenas de comida rápida, operen en la Isla.
Sin embargo, economistas consideran que, pese al alcance inédito de los anuncios, el éxito de las reformas dependerá de su implementación y de la existencia de garantías jurídicas que hoy continúan ausentes.
El economista Pedro Monreal advirtió que la venta de acciones de empresas estatales a actores privados podría desembocar en un "capitalismo de amiguetes", favoreciendo a personas cercanas al poder ante la inexistencia de un Estado de derecho. También recordó el precedente del fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento y criticó el secretismo con que el Gobierno preparó el nuevo paquete de medidas.
Por su parte, Mauricio de Miranda Parrondo señaló que las reformas representan un reconocimiento implícito del fracaso del modelo económico vigente, pero sostuvo que difícilmente podrán revertir la crisis sin cambios políticos e institucionales que garanticen independencia judicial, seguridad jurídica y protección efectiva de la propiedad privada.
En una valoración similar, el economista Pavel Vidal consideró que se trata probablemente del paquete de reformas "más abarcador" anunciado en décadas, aunque recordó que numerosas medidas anteriores terminaron ralentizadas, aplicadas parcialmente o revertidas cuando afectaron mecanismos de control político. A su juicio, el verdadero examen comenzará con la implementación.
Desde Washington, también surgieron dudas sobre esa capacidad de ejecución. El politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista dijo a la agencia AP que varios pilares históricos de la economía socialista, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmontados sobre el papel, pero advirtió que la burocracia, la desconfianza de potenciales empresarios e inversores y la falta de credibilidad del régimen podrían obstaculizar su aplicación.
El investigador Lee Schlenker, del Instituto Quincy, coincidió en que aún está por verse si las medidas serán implementadas de forma efectiva o si terminarán aplicándose de manera selectiva según criterios políticos. Tanto él como Battista señalaron que las sanciones estadounidenses contra entidades estatales como GAESA seguirán limitando el alcance de varias de las reformas mientras permanezcan vigentes.
La reacción del Departamento de Estado se produce en un contexto de creciente tensión bilateral. La Administración de Donald Trump ha reiterado que su política de máxima presión busca provocar un cambio político y económico en Cuba, mientras Miguel Díaz-Canel ha insistido en que el Gobierno puede introducir aperturas económicas, pero sin renunciar al sistema socialista.
Las nuevas medidas llegan cuando la economía cubana atraviesa su crisis más profunda en décadas, marcada por una fuerte escasez de alimentos y combustible, prolongados apagones, inflación, caída de la producción y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que han incrementado la presión sobre el régimen para introducir cambios largamente pospuestos.
