Siempre alrededor de la jornada del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la propaganda castrista insiste en el cumplimiento por Cuba de los llamados derechos socioeconómicos, como lo pueden ser, entre otros, el derecho al trabajo.
Sin embargo, ese hipotético derecho que el oficialismo cubano suele destacar vale bien poco si se constata que miles de trabajadores estatales cubanos no reciben puntualmente sus salarios, con el consiguiente perjuicio que ello representa para la satisfacción de las más perentorias necesidades de esos empleados y sus familias, así como la desmotivación que ello provoca en los encargados de producir y prestar los servicios que requiere la sociedad.
El periódico oficialista Trabajadores, en su edición del 8 de diciembre, dio a conocer la alarmante información de que más de 20.000 trabajadores de distintos sectores de la economía no han podido cobrar sus salarios en tiempo y forma durante el año 2024 y lo que va de este 2025.
Se trata de una situación que viola lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo, que establece que el pago del salario de los trabajadores es sagrado, y que tiene como causas la escasez de personal en las áreas contables de las entidades, la carencia de fondos para pagar los salarios en empresas y unidades presupuestadas, y en ocasiones la no firma del cheque para extraer el efectivo por parte del director de alguna que otra entidad.
En la provincia de Camagüey, por ejemplo, estos impagos de salario se han presentado con particular intensidad en entidades relacionadas con la fabricación de materiales de la construcción, lo que ha afectado la fabricación de muchas obras, entre ellas la construcción de viviendas para la población.
En las zonas rurales del país, al no recibir puntualmente sus salarios, muchos obreros agrícolas, agobiados por un mal que se repite sin aparecer la solución, han abandonado sus empleos en busca de mejores oportunidades. Un fenómeno que agrava el déficit en la producción de alimentos que padece el país, y deja sin cultivar muchas hectáreas de tierras que en breve se podrán ver asaltadas por el indeseable marabú.
Imaginamos que en la inmensa mayoría de los países del mundo un estado de cosas como este desataría de inmediato la más enérgica acción sindical en apoyo a los trabajadores afectados. Se iniciarían huelgas y otras acciones hasta tanto el Gobierno no cumpliera con las obligaciones en su carácter de empleador. Pero en Cuba, lamentablemente no sucede así.
¿Qué dice acerca de todo esto la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC)? Pues reconoce con tibieza que no ha habido un buen trabajo sindical para evitar estos impagos, pero no sugiere ninguna acción más allá de las declaraciones y los discursos.
Si alguna conclusión se puede extraer de esta anomalía es que se ha confirmado lo que tantas veces hemos manifestado: la CTC y sus sindicatos sirven para garantizar el control gubernamental sobre los trabajadores, antes que para defender los intereses de esos trabajadores.
Ahora mismo, cuando muchos empleados cubanos no cuentan con la certeza de que recibirán sus salarios después de cumplir con sus encomiendas laborales, el señor Osnay Colina, nuevo mandamás de la CTC, y sus acólitos de los sindicatos oficialistas, ignoran las penurias de esos trabajadores, y se dedican a alentar a sus afiliados para que se reúnan y analicen el Programa de Gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. Un documento, por supuesto, elaborado por la maquinaria del poder con vistas a que toda la población "apruebe" la errática política económica del régimen.
Una vez más queda demostrado que ni el hipotético derecho al trabajo es cumplido por las autoridades cubanas.
