Normativas del 'bloqueo interno': ninguna MIPYME 'quiere hacer negocios obligatorios con el Estado cubano'

A finales del año pasado, el Gobierno cubano publicó la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior que, según los cálculos gubernamentales, "reordenaría" las condiciones para un mejor desempeño del comercio mayorista del sector privado y una "esperada repercusión" en la disminución de los precios.

Pero la normativa, que impone al Estado como intermediario entre mayoristas y minoristas, no fue bien recibida y ha generado gran polémica, no solo entre los actores económicos privados emergentes, que la ven como el retorno de "las trabas" y se rehúsan a tener al Estado como intermediario de manera obligatoria, sino también entre los economistas independientes, que la consideran una camisa de fuerza innecesaria y contraproducente, que inevitablemente afectará la eficacia de la iniciativa individual.

Su entrada en vigor fue el 4 de diciembre, cuando se publicó en la Gaceta Oficial. Pero al tener un plazo de 120 días (tres meses) para que las MIPYMES liquidaran sus mercaderías en existencia, de no renovar su licencia comercial mayorista para hacerlo bajo las nuevas normas, su efecto real iba a ser a partir del marzo. Sin embargo, como el efecto negativo en el mercado fue casi instantáneo, circula entre los actores económicos privados la información de que "fueron aplazadas hasta mayo".

"Después del anuncio bajó (inicialmente) la demanda de dólares en la calle (mercado de divisa informal, del que se nutre el comercio privado), porque casi todas las MIPYMES que importan dejaron de comprar afuera. Todo se fue perdiendo poco a poco y la escasez cada semana es más notable, hay menos productos", comentó Ismel, copropietario de una MIPYME en Holguín, que funciona como intermediaria entre MIPYMES importadoras y otras comercializadoras y trabajadores por cuenta propia.

"Lo que se habla en el grupo de WhatsApp (de 'mipimeros' que hacen negocios entre ellos) es que algunos iban a trabajar 'en baja' hasta que el Gobierno recapacitara. Otros hablaban de rematar todo para trasladarse a Nicaragua y hacer negocios allá".

"La mayoría dejó de importar, otros apostaron por arriesgarse a importar porque tenían la esperanza de que el Gobierno echaría para atrás la cosa y podrían vender a buen precio. Pero fueron pocos. El ambiente es de decepción, de retroceso", aseguró.

Luego empezó a circular información sobre una supuesta "reunión del Gobierno con algunas MIPYMES, de las más grandes, importadoras por supuesto", dijo Ismael. "Era en secreto, pero siempre se filtra. Después circuló que, tras la reunión, decidieron aplazar la cosa hasta mayo por lo menos, para que (los emprendedores) tuviesen confianza y volvieran a importar, porque el desabastecimiento iba a seguir aumentando y la gente se les puede tirar para la calle. Ese es el miedo que tienen".

"Dijeron, según se comenta entre MIPYMES porque nadie se atreve a hacerlo público por su cuenta, que van a buscar la forma de que funcione. Pero la única forma es que lo quiten. La verdad, nadie quiere hacer negocios de manera obligatoria con el Estado. Si fuera algo opcional, sí podría ser, pero obligatorio no. Eso así no sirve", añadió.

Para Noldis, quien también trabaja como contador en una MIPYME, con la Resolución 56, "que obliga a meter al Estado en el negocio, lo que se va a conseguir es trasladar la ineficiencia de la gestión estatal a la privada".

"Imagínate, ahora el esquema de negocio es entre personas naturales o jurídicas privadas. Los precios de los productos y del dólar para comprar los productos los define el mercado, la oferta y la demanda, pero después de esto, quien siga haciendo negocios va a ser mediante precios rígidos impuestos por el Estado intermediario, sin importar lo que beneficie o perjudique a la MIPYME privada. Un desastre", opina Noldis.

"Esos mismos indicadores de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, que tanto se mencionan en el noticiero, son como un cáncer entre las empresas estatales, y ahora entre MIPYMES no existe. Pero cuando el Estado sea intermediario, de hecho, el único intermediario por ley, esa va a ser la tónica".

"Y seguramente van a imponer el pago en formato digital, con eso de la bancarización forzada que también quieren imponer. Entonces, para conseguir dólares en la calle va a ser más difícil por falta de efectivo. Eso no va a funcionar, porque seguramente calcularán los precios con el dólar oficial y en la calle será otro más alto".

"Sería el fin del comercio actual, que está resolviendo el desabastecimiento tradicional de las empresas del Estado a base de 'inventar', para salvar la diferencia entre el precio real y el oficial, pero cuando el Estado imponga un precio, ya deja de funcionar en ese mismo momento".

La situación es la siguiente: si se llega a implementar la nueva normativa, las actividades de comercio mayorista, hoy sostenido por las MIPYMES, se verán seriamente deprimidas, como se está viendo paulatinamente desde diciembre pasado. Es presumible que, tras la supuesta prorroga, habría nuevas importaciones en espera de una solución, para paliar el desabastecimiento.

En sintonía con estos sucesos, algunos públicos y otros tras bastidores, el bajón del precio informal del dólar en los últimos días de 2024 y su posterior repunte apenas comenzar enero, superando sorprendentemente el valor de equilibrio previo a estos eventos, podría estar relacionado con el cese de las compras y el posterior repunte importador tras el "acuerdo".

La expectativa de los "mipimeros" es que se imponga el sentido común, y que el Gobierno no tenga que esperar a que los negocios se desmantelen y cunda con más fuerza el hambre y las carencias, para revertir una medida cuya aplicación es una camisa de fuerza que muy pocos actores privados estarán dispuestos a ponerse.