En los últimos tiempos, en especial tras el embate del "Periodo Especial", en los años 90, el fenómeno del empleo informal ha estado preocupando a las autoridades cubanas. Una situación que se ha hecho más marcada a raíz de la aparición de los nuevos actores económicos no estatales.
El empleo informal se identifica aquí como aquel trabajo que se realice por personas que no posean la autorización correspondiente del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, ni estén registradas como contribuyentes en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Como diríamos en buen cubano, que trabajen "por la izquierda".
Según estadísticas recientes, alrededor del 20% de las personas que trabajan en Cuba lo hacen de manera informal. De ellos, el 23% se concentra en labores agropecuarias, fundamentalmente como trabajadores contratados por los arrendatarios de tierras ociosas. En cuanto a su ubicación por territorios, el 40% de esos informales realizan su labor en las provincias de La Habana, Camaguey y Santiago de Cuba.
Las autoridades laborales del régimen aducen que los que se dedican al trabajo informal se pierden una serie de beneficios que el Código del Trabajo garantiza al resto de los trabajadores, tanto los que lo hacen para el Estado, como aquellos que se desempeñan legalmente en el sector no estatal. Se refieren al disfrute de las vacaciones pagadas, la licencia de maternidad, el cobro de un subsidio por enfermedad, o incluso la garantía de una pensión por jubilación.
Sin embargo, al margen de este recordatorio con visos de filantropía, es indudable que Papá Estado tiene motivos suficientes para tratar de minimizar la cantidad de trabajadores informales en la economía. En primer lugar, por el monto nada despreciable de ingresos que deja de captar el presupuesto estatal. Porque son trabajadores que no pagan impuestos por sus ingresos personales, ni realizan aportes a la seguridad social. Y otra vertiente no menos importante para un Estado totalitario como el cubano: son trabajadores que escapan al mensaje ideológico y al control de las autoridades.
Por supuesto que semejante interés del Estado por reducir la informalidad laboral se traduce en hechos reales. Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas Ferias de Empleo que ya se realizan en todos los municipios del país, en las cuales funcionarios del Ministerio del Trabajo conminan a las personas desempleadas a que opten por un empleo oficial. Pero también hay que considerar el empeño de los sindicatos oficialistas por llevar adelante la misión que en este sentido les ha encomendado la cúpula del poder, y que consiste en combatir sin tregua al trabajo informal.
En ese contexto, y al referirse al auge que ha tomado el trabajo informal en el panorama laboral de la Isla, un reciente reportaje aparecido en el semanario Trabajadores apunta: "De lo que no queda duda alguna es del reto del movimiento sindical de estar al tanto de situaciones de esta naturaleza, para prevenirlas, combatirlas y denunciarlas".
Resulta significativo lo difícil que le ha sido al sindicalismo oficialista atraer a sus filas a los trabajadores no estatales, aun a los que laboran de manera legal. Según la citada información de Trabajadores, en el municipio de Matanzas solo el 12% de los trabajadores no estatales está sindicalizado. Un porcentaje que debe de ser parecido en el resto del país. Evidentemente, esos trabajadores no ven a ese sindicato como el ente que desea representarlos, sino como el pulpo que aspira a controlarlos.
Y si escabrosa ha sido la tarea del oficialismo para llegar con su mensaje a los trabajadores formales, casi imposible ha de resultarle acceder a los informales. Ante estos últimos se levanta una interesante disyuntiva: optar por los beneficios laborales de la formalidad o disfrutar de las libertades que implica trabajar fuera de los mecanismos de control estatal. Y, al parecer, todos se inclinan por la segunda opción.
