El Ministerio de Agricultura aprueba nuevas normas para atar la comercialización agropecuaria

Una nueva normativa para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera para 2025 fue adoptada por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que para el economista Pedro Monreal "pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el 'ordenamiento'".

Según la Resolución 275/2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el Plan de la Economía a través de un proceso objetivo, que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización, en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales, publicó la revista oficial Opciones.

La normativa y los procedimientos persiguen, entre otros objetivos, "respaldar con la contratación las cifras del plan de la economía previstas para el año 2025; fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal socialista y de las cooperativas agropecuarias en la realización del proceso de contratación".

El medio oficial dice que la normativa "tiene la finalidad de potenciar la diversificación de la producción, para obtener una oferta variada de productos agropecuarios; garantizar la satisfacción de los diferentes destinos, a partir de la producción local como fuente de suministro fundamental, incorporar en el proceso de contratación a los nuevos actores económicos que realicen actividades productivas, transformadoras o comercializadoras de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros; y potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, lo cual debe quedar consignado en el contrato a concertar, como una de las formas de pago".

La norma establece que "la asamblea general de la cooperativa aprueba los planes anuales de la economía y controla su ejecución, y los grupos empresariales de conjunto con sus empresas y las empresas municipales apoyan este proceso en la cooperativa agropecuaria que se le vincula, así como la desagregación de dicho plan, lo cual se asegura mediante la contratación correspondiente".

También dice que "las cooperativas agropecuarias contratan las producciones pecuarias como porcina, el ganado menor y las diferentes crianzas, las procedentes de los módulos pecuarios, con prioridad del encargo estatal, entre otros destinos definidos, que incluye satisfacer el autoconsumo, ferias agropecuarias, puntos de venta de su propiedad u otros establecimientos de la red minorista existente en el país, en cualquiera de las monedas autorizadas; y las CCS para ello contratan en exclusivo con sus cooperativistas".

Igualmente, establece que "las empresas estatales son responsables de administrar la tierra asignada a su patrimonio y de atender integralmente a las cooperativas agropecuarias que se le vinculan, respetando siempre las relaciones contractuales y su autonomía, reconocida en la legislación vigente".

Según Opciones, la resolución "se encamina a potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, definir las indicaciones para la contratación de las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras que constituyen rubros exportables".

En caso de las producciones del sector que no tienen carácter exportable, ni destino a la industria y al balance alimentario municipal o las de arroz, frijoles, maíz, café, cacao, coco, leche, carne, plantas medicinales, flores y plantas ornamentales; se contrata no menos del 80% del plan de acuerdo con los rendimientos agrícolas e indicadores productivos de referencia de cada localidad, las tecnologías empleadas y las especificaciones de calidad e inocuidad, según los documentos normativos para la compraventa mayorista o minorista, de estos productos para su comercialización en los diferentes destinos.

El Anexo 1 de la resolución incluye indicaciones específicas para cada uno de los rubros mencionados, desde su acopio hasta el destino final. En el caso de la leche de vaca, por ejemplo, se consideran aspectos como la natalidad, la entrega a la industria-comercio del 87% de la producción, el sobrecumplimiento tendrá como destino solo la industria alimentaria, el pago de la leche será por calidad con un máximo de 38 pesos y en los casos de los productores agropecuarios que no puedan entregar leche fresca y sean aprobados en la comisión municipal de la leche, se contratará el potencial productivo en forma de queso, estableciendo el precio del mismo por acuerdo, entre otras condiciones.

Según el Ministerio de la Agricultura, con la implementación de esta normativa se pretende un impacto positivo en lo que respecta a la disponibilidad y acceso de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros, pero el experto en Economía Pedro Monreal tiene varios cuestionamientos que expuso en su cuenta en X.

Para Monreal, la resolución "se basa en el diagnóstico erróneo de que la contratación inadecuada es causa significativa de la débil capacidad de respuesta de oferta del agro".

"La resolución 275/2024 invierte la dinámica de la conexión entre producción y distribución. En realidad, es el fallo de oferta derivado de la carencia de insumos e infraestructura, la baja inversión y mercados disfuncionales lo que origina problemas de contratación", señaló.

"La nueva norma para la contratación agropecuaria expresa la arrogante noción de que la planificación centralizada es más efectiva que el mercado para asegurar el 'cálculo económico' (distribución racional de recursos). La norma es una variante de contratación 'forzada'", añadió.

En opinión del economista, "en su fabulación estatista, los planificadores pudieran estar aumentando la incertidumbre en el mayor segmento de actividad privada de Cuba, el cual no solamente es crucial para la seguridad alimentaria, sino también el mayor empleador del país".