Las autoridades de Santa Clara impusieron multas en 49 emprendimientos privados en apenas dos días, informó la Dirección Municipal de Inspectores del territorio en su página de Facebook.
De acuerdo con la información ofrecida por la entidad en la red social, los inspectores detectaron "violaciones" en todos los Consejos Municipales del municipio villaclareño. De 95 emprendimientos inspeccionados, en 87 "infracciones" en 87. En 49 de ellos se violaba el Decreto 30 sobre precios minoristas.
Las multas impuestas ascendieron a 8.000 pesos y la mayoría (24) fueron aplicadas "por aplicar precios abusivos". De esos establecimientos, en 17 se violaba lo establecido en la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios (MPF) de Cuba, que entró en vigor el 8 de julio.
Además, fueron aplicadas otras siete multas "por desinformación", diez por "engaño al consumidor", siete "por no poseer fichas de costo" y una "por retención de productos".
Además de las multas por 8.000 pesos, los inspectores aplicaron 23 ventas forzosas a los precios impuestos por el Gobierno cubano.
Tras el tope impuesto a los precios de venta de seis productos que importan y venden las MIPYMES y el Estado cubano es incapaz de ofertar, el Gobierno recaudó más de 30 millones de pesos en multas por violaciones de la medida promulgada, en menos de 15 días.
"Los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesario", subrayó el titular del MPF, Vladimir Regueiro Ale, el 20 de julio.
Aunque la batida del Ministerio de Finanzas y Precios, realzada en la propaganda oficial, se centra en las MIPYMES, las "acciones de control" han alcanzado a otros actores económicos no estatales, como vendedores de productos agropecuarios y carretilleros, en medio de denuncias de extorsión y sobornos.
"Toda la algarabía acerca de las 'inspecciones' de los precios topados desvía la atención respecto a la irresponsabilidad de haber propuesto el segundo mayor déficit del mundo como parte de un alegado programa de estabilización macroeconómica", consideró recientemente el economista Pedro Monreal.
"Es muy incongruente la idea que se intenta vender de que los topes de precios e inspecciones burocráticas pueden ser efectivos para contener la inflación en una economía con baja capacidad de oferta y con un tremendo desequilibrio macroeconómico", apuntó.
Por su parte, la economista y columnista de DIARIO DE CUBA Rafaela Cruz desmontó las justificaciones del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien intentó justificar el tope a los precios de las MIPYMES, mientras las estatales TRD venden a precios que revientan los bolsillos de los cubanos.
"Es injusto hacer ese análisis", dijo en julio Marrero, en referencia a esa comparación de precios de MIPYMES y estatales. "Nuestras TRD están enfrentadas a un escenario complejo, no compran esos recursos, el pollo, el aceite, en los mismos mercados donde compran los privados; ellas no trabajan con el mercado ilegal de divisas, sino que valoran el dólar a 120 pesos, por tanto, el análisis es otro. Las TRD tienen que comprar en mercados más lejanos a precios más caros".
"En menos de dos años, un sector privado sin experiencia ni relaciones, sin infraestructura ni financiación, sin acuerdos bilaterales, deudas perdonadas o trabajadores baratos, cargando impuestos leoninos y sin siquiera poder comprar dólares legalmente, ha logrado, como bien reconoce Marrero, vender más barato que esas gigantescas empresas estatales que tienen de todo menos eficiencia", apuntó Cruz.
La economista señaló que, en su afán de justificar al Gobierno, terminó por admitir que "el sector privado es infinitamente más eficiente que el estatal y, por lo tanto, esta Cuba miserable es hija del empecinamiento de mantener al socialismo como política".
Los verdeolivos están apretando la soga al cuello de los particulares,para que quiebren y el que recibe remesas de vea obligado a comprar en sus tiendas MLC.El resto que se j.....
Una forma de robar como otra cualquiera... excepto si se les "alecciona" a los funcionarios con "muestras gratuitas" para que puedan comprobar la corrección en el cumplimiento de la legalidad vigente.
Y porque no inspección a las tiendas e instalaciones de la Franja de Gaesa?