Luego de la entrada en vigor del tope de precios a productos que venden las MIPYMES, el Gobierno cubano ha impuesto multas por valor de más de 30 millones de pesos por violaciones de la medida promulgada. En los últimos cinco días se realizaron más de 19.300 acciones de control de precios en el país y el índice de detección de violaciones fue de un 60%, informó el medio digital oficialista Cubadebate, citando los datos expuestos en la más reciente reunión del primer ministro, Manuel Marrero, con los gobernadores de todas las provincias de la Isla.
Estas acciones, según Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, "superan significativamente el promedio diario del primer semestre". Además de las multas, las autoridades aplicaron otras medidas de presión y control como las ventas forzosas, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento y el decomiso a quienes ejercían de forma ilegal.
Regueiro Ale expuso que "ya en La Habana intervenimos en un caso de una plataforma digital. Logramos identificar los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar". Ante este proceder, conviene preguntarse si también cargarán las medidas estatales y el control de precios contra plataformas digitales como Supermarket23, propiedad del cubanoamericano Hugo Cancio, conocido por sus negocios fraudulentos y sus prerrogativas para con el régimen y del régimen con él.
El ministro dijo, además: "Hemos identificado ocultamiento de la mercancía y se ha conminado a la venta directa. Hemos abierto los freezer, los refrigeradores, las cámaras refrigeradas y todo ese pollo se ha vendido. También ha sucedido con las cajas de aceite y las hemos puesto a la venta de la población, la cual ha trasladado el agradecimiento por estas actuaciones".
"Los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesario", subrayó.
En el caso de La Habana, que ha servido de "laboratorio" para la aplicación total de estas medidas, su gobernadora, Yanet Hernández Pérez, detalló que las autoridades de la capital han impuesto 674 multas y ejecutado 270 ventas forzosas y decomisos.
Hernández Pérez expuso, asimismo, que "se retiraron 15 autorizaciones; hemos realizado 7.204 acciones de control fiscal y se han cerrado hasta la fecha 98 establecimientos".
En la reunión, Marrero Cruz convocó a la celeridad en la regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al sector no estatal, así como la ejecución de verificaciones presupuestarias temáticas para la comprobación de pagos a las formas de gestión no estatal y el fortalecimiento de las medidas territoriales para el control, fiscalización y monitoreo de las estructuras empresariales.
Absorto en la habitual retórica, en el discurso que no va más allá de las palabras, Marrero Cruz dijo que "hay que trabajar en acciones concretas para pasar a otra etapa, que cada cual monte su sistema de trabajo en el segundo semestre del presente año para lograr resultados superiores como nos comprometimos con los diputados, con el pueblo, tenemos esa alta responsabilidad y, además, estamos convencidos que sí se pueden hacer cosas diferentes y lograr los objetivos que nos hemos propuestos".
Recientemente, el economista Omar Everleny Pérez consideró que hay una satanización de los precios de las MIPYMES cubanas, mientras en las tiendas del estado en MLC son más abusivos, como demostró en un artículo publicado en la agencia IPS Cuba. Sin embargo, el primer ministro sostuvo ante la Asamblea Nacional que, a pesar de que la diferencia de precios es evidente, es "injusto" que la población haga dicha comparación. Ante la misma asamblea, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que no se trata de una "cacería de brujas" contra las MIPYMES, pero las acciones del Gobierno demuestran todo lo contrario.
