Todo sobre las MIPYMES en Cuba: Fin del idilio con el castrismo

"A partir de la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales, queda sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las MIPYMES, por un periodo de seis meses cuando surgen de una reconversión y de un año cuando son de nueva creación, constituidas a partir del 2023".

Este extracto de la intervención de la ministra de Finanzas y Precios ante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional es la señal, o más bien el mojón, que marca el fin del idilio del castrismo con las MIPYMES.

Ese incentivo fiscal que acaban de eliminar sin aviso previo ni periodo de gracia, era en numerosos casos el aliciente fundamental para que algunos decidieran dar el paso de invertir.

Y es que la inseguridad jurídica inherente a un Estado sin división de poderes hace poco atractivo el involucrarse en proyectos empresariales de largo plazo; la incertidumbre fuerza a los inversores a ser cortoplacistas, a acometer principalmente negocios de rápido retorno, que no impliquen gran inversión en capital fijo, normalmente concentrados en las últimas etapas de las cadenas productivas; específicamente, empresas de comercialización, distribución, venta minorista, ensamblaje, porcionado, embalaje y otras similares.

Debido a este cortoplacismo inducido por la institucionalidad imperante, en Cuba es especialmente importante el fomento fiscal si se quiere impulsar una densa red empresarial que se entrelace y complejice. Eliminar la exoneración fiscal indica, sin lugar a dudas, que al Gobierno no le interesa un sector privado potente; por lo que, en vez de abonar su florecimiento, ya está podando el poco que existe.

Durante los meses que lleva vigente el permiso para abrir MIPYMES nacionales —los extranjeros siempre han podido—, en números redondos, han solicitado licencia 10.000 proyectos, de los que 6.000 ya la tienen, mientras otros 4.000 aguardan después de haber hecho estudios de factibilidad y comenzar inversiones preparatorias —confiados en una aprobación que hasta hace unos días era expedita y casi automática—, contando con que tendrían un año de excepción fiscal ¿Qué harán ahora?

Pues una vez recalculen la perspectiva del negocio, o lo abandonarán asumiendo los gastos ya realizados, o apostarán por emprenderlo poniendo mayores precios —más inflación— que les permitan mantener beneficios a la vez que pagar unos impuestos que pensaron no tendrían que asumir.

No hay otra manera de ver este repentino anuncio gubernamental, tan nocivo para las MIPYMES, más que como un giro en la política castrista contra el emprendimiento privado nacional, realizado con el mayor de los cinismos, al alegar "la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales".

¿Todos? A los extranjeros les mantiene exenciones fiscales no por uno, sino por diez años, en los impuestos sobre utilidades, sobre el uso de la fuerza de trabajo, sobre contribución al desarrollo local y sobre el comercio transfronterizo. ¡Diez años free! ¿Cuántas MIPYMES surgirían en Cuba, aliviando la miseria del país, si les dieran ese tratamiento a los cubanos?

Y es hasta falso que así vayan a recaudar más. En las condiciones actuales, una bajada fuerte y general de impuestos, junto a un mecanismo despolitizado para la aprobación de MIPYMES, haría que muchas más pequeñas empresas pagando menos impuestos, aportaran conjuntamente más al tesoro estatal que pocas empresas pagando muchos impuestos.

Pero ni les interesa recaudar más, ni les interesa la inflación, ni les interesa la miseria del pueblo. Como siempre, la economía queda a merced de los intereses políticos de una camarilla omnímoda. Sencillamente, no hay explicación económica para este repentino viraje contra las MIPYMES, esa explicación está en la política.

Además, no es solo la cancelación del incentivo fiscal, hay otras señales muy nítidas de cambio en el tratamiento al sector privado.

El proceso de aprobación de MIPYMES, que se ha hecho a ritmo cercano a 120 semanales —muy insuficiente y sin cumplir los plazos que la ley dispone—, por primera vez desde que comenzó se detuvo y, durante 15 días, no se aprobó ni una sola empresa privada.

Asimismo, contrario a la laxitud en la aprobación de objetos sociales amplios que se admitía anteriormente, el regulador estatal ha comenzado a presionar para que los empresarios constriñan su objeto social, es decir, limiten aquello que puede hacer la empresa, lo que es un modo directo de reducirlas en dimensión y cantidad.

Al final, lo único verdaderamente increíble del abrupto fin del idilio castrismo-MIPYMES es que, después de 64 años, algunos sigan arriesgando su dinero bajo un Gobierno al que nada le interesa más que su propia perpetuación.

¿Creyeron los "empresarios" de MIPYMES que a ellos no les iban a hacer lo que a los "macetas" en los 90 o a los cuentapropistas a partir de 2017? ¡Ilusos! Eso sí, hay que admitir que esta vez el castrismo se ha asustado y recogido pita mucho más rápido de lo que se esperaba, evidencia clara de cuán inseguro se siente el régimen.