En algunas ocasiones, un permiso largamente ejercido se percibe como derecho, e incluso puede llegar a fundamentar un nuevo derecho antes no reconocido, mediante un cambio institucional evolutivo. Otras veces, la prolongada ausencia de derechos hace que estos se pidan —y agradezcan— como si fuesen permisos, es decir, como si fuesen algo exterior al sujeto, algo que solo se disfruta por la buena voluntad y disposición de un tercero.
Una manera de distinguir un derecho de un permiso es analizar su origen: es derecho si, y solo si, es una potestad que corresponde por ser humano, es inherente a la persona; mientras que, si es una facultad que usas temporalmente, gracias a una autoridad externa sobre la cual no tienes influencia —excepto la de la violencia—, estamos frente a un permiso.
Los derechos nacen con la persona, son propios y solo la fuerza puede impedir su expresión; los permisos, en cambio, dependen de la voluntad de una autoridad externa, que puede ser legítima o no, en tanto su auctoritas provenga de la aceptación voluntaria de los gobernados o de la imposición violenta.
Las enormemente complejas sociedades modernas, usan la democracia para que los individuos, voluntaria y consentidamente, modulen sus derechos propios en favor de los ajenos, en el entendido de que los restantes conciudadanos harán lo mismo, lo cual está tutelado por un sistema de justicia independiente, con la función de armonizar los divergentes intereses de cada individuo dentro de la sociedad.
Sin democracia y justicia independiente, no existe el derecho a tener derechos, y en esas condiciones, los derechos de los individuos quedan subsumidos bajo la autoridad —respaldada por la fuerza— de un grupo o persona en el poder, que otorgará solo aquellos permisos que considere útiles para mantener el control, ni uno más, y a veces muchos menos, pues la tiranía no es una ciencia exacta.
En Cuba no hay democracia ni justicia independiente, así que hablar de derechos es absurdo si no es para reclamarlos. De momento, todo lo que hay en Cuba es una autoridad sostenida con represión, adoctrinamiento e intereses constituidos, que otorga permisos según su propia necesidad y agenda, lo cuales pueden ser siempre retirados si dejan de ser útiles para la perpetuación del status quo.
Es desde esta perspectiva que deben entenderse los actuales permisos para crear MIPYMES y para que los emigrados puedan regresar a invertir, lo que no debe confundirse con derechos ganados o nuevos.
Por supuesto, el castrismo se esfuerza para disfrazar sus permisos como si derechos fueran, para que no se note su característica más importante: la temporalidad. Los permisos, al ser concesiones de una autoridad externa a los individuos y no fiscalizada por estos, pueden ser tan fácilmente otorgados como arrebatados.
Para empresarios e inversores, la temporalidad implícita en el permiso es una amenaza, pues siendo imposible saber cuándo terminará el permiso —decisión que con total impunidad y unilateralidad toma la autoridad con poder—, es muy difícil calcular la rentabilidad del proyecto, principalmente si es uno a largo plazo, que requiere una gran inversión inicial que tarda en amortizarse.
Bajo condiciones de permisos y no de derechos, los empresarios solo acometen aquellos proyectos que estiman les darán un retorno rápido que cubra la inversión inicial, proyectos que, habitualmente, están asociados a actividades muy cercanas al consumo dentro de las cadenas productivas, lo cual concentra la inversión en sectores de baja capitalización y dependientes de importaciones, sembrando así la semilla envenenada de una economía desequilibrada.
Bajo estas condiciones, los empresarios tienden a arrimarse al poder (capitalismo de compadres) en busca de seguridad y de enterarse con antelación hacia donde soplará el viento. Donde hay permisos y no derechos florece la corrupción.
Entonces, aunque el castrismo intenta hacer creer que el permiso para las MIPYMES es un derecho, para así insuflar certeza en el futuro, esperando que muchos confíen en que en Cuba ya existen derechos de propiedad y libertad empresarial, no ha hecho lo único que marcaría una verdadera diferencia en ese sentido: dar pasos concretos hacia una sociedad democrática donde quepan todos, tutelada por una justicia respetuosa y guardiana de todos los derechos individuales. ¿Alguien ha visto algún cambio en esa dirección?
