Desde que se dieron a conocer los decretos-leyes, en septiembre del pasado año 2021, que aprobaban la creación de los nuevos actores económicos —micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y las cooperativas no agropecuarias (CNA)— fue evidente que estos actores nacían con limitaciones en cuanto a su autonomía e independencia.
En primer término, se estableció que a las MIPYMES no se les permitía dedicarse solamente a la actividad de servicios profesionales, una prohibición que en cierto sentido entraría en contradicción con los llamados de la cúpula gobernante en pos de la aplicación de la ciencia y la innovación.
Se dijo que estos actores no debían aspirar a abastecerse de insumos y materias primas mediante la importación, sino a través del mercado mayorista nacional, que a su vez posibilitara los encadenamientos productivos con el resto de la economía.
Por otra parte, quedó definido que una persona podía ser socia de una sola MIPYMES. Ello bajo el cacareado supuesto de impedir la concentración de la propiedad y la riqueza. Sin embargo, y comoquiera que el discurso oficial les ve un mayor sesgo social a las CNA, se puede ser miembro al mismo tiempo de una MIPYMES y una CNA.
Cualquier parecido con la recomendación de la investigadora oficialista Camila Piñeiro Harnecker, en su texto del 2013 "Repensando el socialismo cubano. Propuestas para una economía democrática y cooperativa", que aconseja desarrollar el cooperativismo en detrimento del trabajo por cuenta propia, no parece pura coincidencia.
Tampoco podemos ignorar que en ese momento, septiembre de 2021, se daba a conocer el surgimiento de una dirección en el Ministerio de Economía y Planificación, cuya misión sería controlar el funcionamiento de los nuevos actores económicos. Además, se hablaba de la creación de un instituto gubernamental para la atención a la parte cooperativa.
O sea, que siempre ha estado en la mente de la burocracia gubernamental la idea, más allá de lo que se diga públicamente, de que estos nuevos actores reciban una tutela más o menos parecida a la que les dispensan los ministerios a las empresas estatales.
Este camino de sometimiento acaba de ser confirmado a raíz de una información aparecida en el periódico Granma en su edición del pasado 17 de marzo. En ella leemos que el Ministerio de Economía y Planificación iniciará próximamente un proceso para analizar las solicitudes presentadas por varias MIPYMES y CNA con vistas a que se les permita modificar su objeto social. Es decir, que se puedan dedicar a una actividad productiva o de servicio diferente a la que desarrollaban hasta el presente.
Este elemento podría perecer para algunos como un detalle de poca importancia. Sin embargo, marca una diferencia sustancial entre lo que sucede en una economía libre, y lo que acontece en otra que no lo es. En la primera, no hay que pedir permiso a nadie para reaccionar ante una señal del mercado que aconseje modificar los elementos que constituyen el entorno de una entidad. Así se garantiza ganar tiempo y no perder eficiencia.
En nuestro caso, por el contrario, el tiempo que se toma el Ministerio de Economía y Planificación para su análisis y ulterior respuesta puede ser fatal para el desenvolvimiento de una MIPYMES, sobre todo si es no estatal.
La nota de Granma apunta que a la solicitud debe adjuntarse el acuerdo de la junta general de socios o el acta de decisión del socio único que aprueba la modificación; las actividades económicas que se proponen añadir o modificar, incluidas las clases del clasificador nacional de actividades económicas a las que corresponden; así como la dirección de la notaría en la que se realizará el trámite, previa respuesta positiva del Ministerio de Economía y Planificación.
Al cierre de 2021 había en Cuba un total de 1168 MIPYMES privadas, 22 estatales, y 17 CNA, las cuales abarcaban más de 20 actividades productivas y de servicios.
En realidad, el proceso no iría tan mal si pudieran trabajar sin la pesada carga de soportar la tutela de un Estado que no sabe vivir si no lo controla todo.
Uno de los motivos de la situacion economica en Cuba.