Las MIPYMES cubanas nacen sufriendo el Impuesto de Sociedades más alto del mundo

Todo gobierno que sirve a su pueblo intenta que su política fiscal equilibre creación y redistribución, eficiencia e igualdad; es decir, intenta poner el nivel impositivo lo suficientemente bajo como para no obstaculizar el desarrollo empresarial, y lo suficientemente alto como para recaudar lo necesario para financiar las políticas públicas.

Las diferentes concepciones económicas e ideológicas, representadas en partidos diversos, tienen visiones distintas de cómo equilibrar ese doble objetivo; por eso, aunque pueden variar los impuestos de un país según quien gobierne, la meta es siempre la misma: balancear la recaudación fiscal y el desarrollo empresarial, para así obtener la mayor riqueza.

Aun con diferencias entre ideologías y países, en los últimos 15 años el gravamen promedio mundial sobre las empresas ha caído siete puntos porcentuales, debido a que la experiencia y las investigaciones, como la muy reconocida de Jens Arnold para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), demuestran una correlación negativa entre altos impuestos a las empresas y crecimiento económico.

El Gobierno castrista, sin embargo, parece siempre más ávido de controlar al pueblo que de servirlo, ¿de qué otro modo puede comprenderse que a las nacientes MIPYMES cubanas se les imponga el Impuesto de Sociedades más alto del mundo, situación que crea un desequilibrio absolutamente desfavorable para su desarrollo?

El Impuesto de Sociedades actúa como una barrera de entrada al mercado, y como es lógico, mientras más alta la barrera, menos empresas podrán existir. Cuando un gobierno quiere dinamizar la economía —"desatar las fuerzas productivas"— una de las recetas infalibles es establecer un Impuesto de Sociedades muy bajo.

Por ejemplo, el malogrado candidato a la presidencia chilena José Antonio Kast, para sacar al país del letargo económico propuso rebajar los impuestos a las grandes empresas del 27 al 17%, y directamente llevarlos a cero para las MIPYMES.

Lo contrario, colocarlos a un nivel excesivamente elevado demuestra la intención política de no querer que haya tantas empresas como sea posible para lograr el máximo de generación de empleo y riquezas, sino que solo existan tantas empresas como sean necesarias para obtener un nivel mínimo de bienestar, quizás uno que evite un estallido social, pero no más.

Economías complejas, en las que ya actúan miles de empresas simultáneamente, tienen un Impuesto de Sociedades muy inferior al cubano. En China y España es del 25%, en Estados Unidos el 21%, Alemania 15%, Vietnam 20%, Irlanda 12,5%, Hungría 9% y Suiza 8,5%. Según la OCDE, Francia es el país que retiene un porcentaje más alto: el 32,02%.

Pero se equivoca esta institución, el Impuesto de Sociedades más alto está en Cuba, un 35%.

Por supuesto, en ningún momento la dirigencia castrista reconoce que este leonino gravamen —injustificable en un país que necesita justamente lo contrario— tiene por finalidad minimizar la empresarialidad privada y evitar la formación de una sociedad civil independiente al Estado, sino que se camufla en un nuevo igualitarismo muy promocionado por el aparato propagandista del régimen: la igualdad en el trato fiscal hacia todas las formas productivas, según el principio de que en Cuba, aunque haya varios actores, hay una sola economía… y es socialista.

Históricamente, el igualitarismo, con su aparente justicia, ha sido una de las coartadas de dominación más peligrosas del régimen de La Habana. En lo económico, el ejemplo paradigmático es haber igualado a todos los cubanos convirtiéndolos en empleados estatales sin derecho de propiedad, con la intención obvia de subordinar y controlar a la población y, el resultado patente de una economía atrófica y empobrecida.

Pero la atrofia y la pobreza del pueblo solo preocupan al Gobierno cuando llegan a un nivel tal que pueden fomentar estallidos sociales, que es lo que quieren evitar permitiendo —porque no les queda más remedio— algunas empresas privadas, pero saboteándolas con una fiscalidad sofocante para que no sean ni muchas, ni grandes.

Si le hacemos caso a Francisco de Arango y Parreño y empezamos a "dialogar con la fuerza incontrastable de los números", el castrismo, mediante el Impuesto de Sociedades, está declarando que su prioridad real, contrariamente a su vacío discurso verbal, no es impulsar el desarrollo y "desatar las fuerzas productivas", sino mantener atadas, bien atadas, las fuerzas sociales.