¿Si invierto en Cuba, a quién le reclamo?

Hablar de la inversión extranjera en Cuba y las razones de que sea insuficiente para detener el proceso generalizado de descapitalización que sufre el país, es hablar de las obvias consecuencias del diferendo con Estados Unidos, pero principalmente de defectos sistémicos típicos del castrismo, que ralentizan, complejizan, dilatan, y en último caso espantan a los potenciales interesados en invertir en la Isla.

Sin dudas, esas son causas que empeoran el riesgo país de la Isla de cara a los inversores foráneos, pero probablemente no pesen tanto como el peligro implícito de poner el dinero en los dominios de un régimen que, como no responde a otra ley que la propia, es todopoderoso dentro de sus fronteras. ¿Y cómo ganar una disputa con alguien todopoderoso?

Los conflictos entre socios que acometen un proyecto de inversión a largo plazo son de infinita variedad, y muy frecuentes aun cuando existan relaciones contractuales mediando, pues todo contrato padece de dos insuficiencias insuperables: está abierto a diferentes interpretaciones y no puede prever totalmente las cambiantes circunstancias futuras. El conflicto está siempre latente.

Para solventar conflictos de manera pacífica están los tribunales, pero estos son engorrosos, suelen tardar y a veces no están especializados, por ello, cada vez es más frecuente dirimir disputas comerciales fuera de la jurisdicción ordinaria, recurriendo a un tercero aceptado por las partes en discordias. Estas instituciones se conocen como Cortes de Arbitraje.

En América Latina y el resto del mundo la mayoría de las Cortes de Arbitraje se fundan a iniciativa privada, sin relación alguna con los gobiernos, aunque se acojan a ciertas normativas trazadas por estos y por convenciones y organismos internacionales de referencia por su solidez en este desempeño.

En Cuba existe la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional que, a diferencia de lo usual, no es independiente, sino un órgano más de la Cámara de Comercio, que tampoco es independiente como son muchas Cámaras de Comercio en el mundo de mercado libre, sino una oficina anexa al Ministerio de Comercio Exterior.

El apellido internacional de la corte especifica que esta solo atenderá diferendos que incluyan una parte extranjera, los asuntos entre empresas domésticas se resuelven por vía administrativa, judicial o, como es habitual, por orden directa de algún gerifalte, lo que le quita entidad al arbitraje cubano, y cualquier observador se percata de su falta de independencia.

En este mismo sentido, lo peor es que, como todo en Cuba, el Gobierno también monopoliza el arbitraje comercial y, aunque sea signatario de la Convención de Ginebra sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1961, cualquier arbitraje en territorio cubano será legal solo si se hace por los canales estatales, canales que no reconocen ni respaldan la posibilidad de un arbitraje ad hoc fuera de sus instituciones.

Otra especificidad del arbitraje en Cuba es la imposibilidad —común en otros lares— de que las partes nombren por acuerdo libre al árbitro que entiendan, según sus necesidades o preferencias. En la Isla, las partes solo pueden escoger al árbitro de entre una escueta lista de candidatos preestablecidos por la Cámara de Comercio, es decir, por el Gobierno.

El arbitrio en Cuba, a su vez, está limitado por un orden de prelación —derecho de prioridad— que especifica que el arbitraje está sometido a las reglas procedimentales aprobadas por la Cámara de Comercio, la Resolución N.º 8/2018 y, en última instancia, a la Ley de Procedimiento Cubana de la Jurisdicción Ordinaria, lo que va contra la costumbre de que las partes puedan acordar previamente los procedimientos que acatarán, que pueden incluso prevalecer sobre el Código Civil.

Con todo esto, queda claro que el Gobierno cubano no deja resquicio alguno para que florezca la justicia con independencia a sus intereses, para controlar todo ha constituido la armazón legal del país, de forma tal que es imposible sustraerse a su largo brazo.

A efectos prácticos, negociar con el Gobierno cubano es como negociar con Al Capone: se rige por un código que él mismo crea y deshace en cualquier momento si así lo necesita. Es dueño del juego y de sus reglas. No diremos que si un socio se hace incómodo al Gobierno terminará en el fondo de la bahía con un bloque de cemento atado a los pies —aunque hay algunas raras defunciones entre el empresariado extranjero radicado en Cuba, como la de Robert Baudrand, por ejemplo—, pero, sin dudas, quien trate con el Gobierno cubano debe saber que está a merced de un ente todopoderoso, lo cual no es una posición cómoda.

¿Alguien puede creer que los tribunales o la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional fallarán alguna vez contra el Gobierno en un caso de verdadera importancia?