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Inversión

Inversión en Cuba: las principales barreras están en manos del Gobierno

Si de verdad el Gobierno cubano quiere promover la inversión en el país, debe terminar con la política de 'para los extranjeros todo, para los cubanos nada'.

Miami
Teléfonos públicos en una pared. La Habana, marzo de 2021.
Teléfonos públicos en una pared. La Habana, marzo de 2021. DIARIO DE CUBA

Cuando un inversionista se pregunta cuáles son las verdaderas oportunidades que existen en Cuba para llevar a cabo un proyecto de inversión, tiene que poner su mirada en las dos grandes limitantes que hoy existen en la Isla:

1. Lo poco atractivo que es el mercado nacional por las barreras que el Gobierno impone con su bloqueo interno, tanto a los cubanos residentes en la Isla como a los residentes en el exterior, lo cual incluye limitaciones de tipo legal, la falta de seguridad jurídica, la intermediación del Estado para la contratación de mano de obra, y para decidir quién, en qué y cómo invierte. Además, debe tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la propia centralización de la economía, la falta de liquidez, el endeudamiento o el no cumplimiento de los pagos.

2. El embargo estadounidense y la activación del Título III de la ley Helms-Burton.

Bloqueo interno y otras limitaciones

De los puntos mencionados, el primero es el de mayor peso. Es obvio que el bloqueo interno que mantiene el Gobierno cubano sobre sus propios ciudadanos para impedirles generar riqueza es la camisa de fuerza que ha mantenido por más de 60 años las oportunidades de inversión en la Isla en el eterno limbo del "no se puede".

El principal atractivo de cualquier país para atraer la inversión extranjera es el ambiente de libertad empresarial que pueda tener en su propio mercado, amparado por leyes que estimulen, protejan y promuevan el emprendimiento ciudadano. A esto se sumaría el tener fuerza de trabajo calificada y oportunidades de desarrollo para cualquier proyecto o negocio en el mercado interno, que permita satisfacer la demanda de productos y servicios tanto de los ciudadanos como de las empresas.

Obviamente estas condiciones no existen hoy en Cuba. No han existido por seis décadas. La élite de poder ha concentrado en manos del Estado las estructuras productivas del país, ha subordinado la economía y las instituciones a la ideología y ha sometido a la población a un régimen de control, privándola de sus derechos de libertad, opinión, libre asociación y de generación de riqueza.

Cuando un inversionista observa esta realidad, la desconfianza debe invadir su razonamiento y poner un freno a su deseo de inversión. A primera vista comprenderá que cuando el Gobierno cubano lastra y somete a sus propios ciudadanos y no les permite el sagrado derecho de poder generar riqueza libremente en su propio país, las opciones que a él le ofrecen carecen de las garantías mínimas y necesarias que lo animen finalmente a invertir.

Solo basta repasar lo acontecido en los últimos siete años —incluida la oportunidad de deshielo propiciada por la Administración Obama—, para comprender por qué la inversión extranjera en Cuba es casi ausente. Antes que fuera activado el Título III de la ley Helms-Burton, el Gobierno cubano no logró en cinco años atraer el monto de inversión extranjera que se propuso, aun con las bondades y la sinergia que generó la nueva interacción con Estados Unidos.

Un hecho que corrobora esta afirmación es que, al cierre de 2018, solo había 43 empresas aprobadas en la Zona Especial Desarrollo Mariel (ZEDM), de las cuales 16 estaban en operaciones y 27 en proceso de inversión. Desde la inauguración de la ZEDM, más de una decena de presidentes de diferentes países la han visitado, acompañados de un sinnúmero de empresas y ejecutivos en misiones de exploración. Sobre todo, como consecuencia del efecto dominó causado por el anunciado deshielo entre los gobiernos de Cuba y EEUU en diciembre de 2014 y que provocara además que más de 4.000 empresarios norteamericanos visitaran el país atraídos por el mito de la fruta prohibida.

Sin embargo, la ZEDM solo pudo captar, desde su inauguración hasta finales de 2018, inversiones por 1.191.4 millones de dólares, comparados con los 12.500 millones planificados, a razón de 2.500 por año. Esta realidad refleja claramente un pobre 9.5% del cumplimiento del plan trazado.

Figura 1. Inversiones alcanzadas vs. inversiones planificadas en la ZEDM (en millones de dólares), 2014-2017.

Inversiones alcanzadas vs. inversiones planificadas en la ZEDM (en millones de dólares), 2014-2017

Posted by DIARIO DE CUBA on Tuesday, March 16, 2021

Fuente:  Havana Consulting Group

Esta realidad resulta una prueba irrefutable de que las fórmulas y estrategias del Gobierno cubano para atraer la inversión extranjera no han funcionado, ni van a funcionar.

¿Y los cubanos?

Si así ha sido la situación para los inversionistas extranjeros, peor aún ha sido para los cubanos. Invertir en la Isla para los cubanos ha sido vedado desde el triunfo de la revolución. Prueba de ello fue la confiscación sin compensación, primero, de todas las grandes empresas cubanas y extranjeras que operaban en la Isla; y posteriormente, de todos los pequeños negocios que existían en el país. A partir de entonces toda la actividad comercial quedó en manos del Estado.

Con el paso del tiempo, y tras haber dilapidado y destruido toda la estructura empresarial que existía en el país y que fuera creada y administrada por manos privadas, el régimen ha intentado en varias ocasiones corregir el desastre, implementando con mucha cautela y limitaciones ciertos espacios para la iniciativa privada, que al final han terminado aplastados por altos impuestos y estúpidas leyes anticomerciales.

Los emprendedores cubanos son constantemente hostigados por inspectores y demonizados por la prensa, además de estar limitados por los altos impuestos, la falta de mercados mayoristas, el tope de precios y el acceso a la moneda libremente convertible en sus propias cuentas bancarias.

Y en el caso de los exiliados cubanos, ni hablar. El Gobierno cubano no ha tenido nunca la voluntad de permitirles invertir en el país. En más de 60 años, la Cámara de Comercio de Cuba jamás ha promulgado, incentivado y propiciado la inversión por parte de los emigrados cubanos, ni internamente ha incentivado la inversión y el comercio de los emprendedores. Estos últimos están sometidos al riguroso límite de poder ejercer el trabajo privado en una sola de las modalidades permitidas. Solo se les permite tener una licencia, por lo que aun teniendo el capital para invertir no podrían hacerlo en otros proyectos.

El discurso oficial del Gobierno ha sido claro y tajante respecto a la verdadera posibilidad que los cubanos residentes en el exterior tienen para invertir en la Isla. Al respecto, el propio ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera ha expresado: "Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve". De igual manera, en sus campañas para atraer proyectos de inversión, el llamado siempre ha tenido ausente a los emprendedores e inversores nacionales. El apartheid establecido por el Gobierno respecto a sus ciudadanos siempre ha sido muy claro: para los extranjeros todo, para los cubanos nada.

Recientemente, en el último de los actos cantinflescos que en los meses recientes ha puesto en escena el Gobierno para tratar de forzar un nuevo deshielo con la nueva administración de EEUU, la directora de Negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katia Alonso, indicó que "para este año la cartera de oportunidades contiene 503 oportunidades ofertadas a empresarios del mundo dispuestos a operar con la isla por un monto 12.000 millones de dólares, entre los que se destacan desde grandes iniciativas de ingeniería o energía, hasta pequeños emprendimientos de hasta un millón de dólares".

Cuba, un país cuyo sistema financiero es una verdadera maquila de tragar dólares y devolver pesos, y que no permite a sus ciudadanos extraer un solo dólar de sus propias cuentas bancarias, pretende ahora vender la idea al mundo de que los exiliados podrían invertir en la Isla en proyectos de hasta un millón de dólares. ¿Algún cubano residente en el exterior caerá en esa trampa?  ¿De verdad, alguien se va a creer el cuento de que puede invertir en Cuba en proyectos de hasta un millón de dólares?

El embargo y el Titulo III de la Ley Helms-Burton

El segundo punto expuesto al inicio de este texto ha estado condicionado a la renuencia del Gobierno cubano a negociar las reclamaciones de propiedades norteamericanas confiscadas. En este sentido, perdieron dos magníficas oportunidades de negociar dichas reclamaciones, convertirlas en proyectos de inversión y cambiar de una vez el paradigma que ha regido las relaciones bilaterales con Washington por más de 60 años. Una fue durante el mandato del presidente Obama, cuando se produjo el proceso de deshielo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos; la otra, posteriormente, con el presidente Donald Trump.

Cuando el presidente Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, el mercado cubano perdió automáticamente el poco atractivo que le quedaba, si es que alguna vez tuvo alguno. Para los inversionistas que ya estaban inmersos en ese proceso, comenzó una verdadera pesadilla. Y para La Habana significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos.

En su etapa inicial, el poder persuasivo de esta activación ha sido más poderoso que el efecto que han tenido las propias demandas interpuestas hasta la fecha, pues como hemos visto, los juicios podrían demorar dos o tres años hasta alcanzar un veredicto. No son pocos los inversores extranjeros que frenaron en seco sus intenciones de invertir en la Isla. Algunos echaron atrás contratos firmados con antelación, por temor a las sanciones. Tal es el caso de la compañía franco-italiana Avions de Transport Régional, la empresa francesa Bouygues Batiment International y la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF).

Como consecuencia de las nacionalizaciones y expropiaciones que se realizaron en los primeros años de la revolución, existen 5.913 reclamaciones certificadas por el Foreign Claims Settlement Commission, y otras 200.000 no certificadas que no han recibido indemnización del Gobierno cubano. Hasta el momento, se han hecho públicas 34 demandas de reclamaciones bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, de ellas 12 referentes a propiedades certificadas y 22 que son no certificadas. En estas demandas han estado implicados de una u otra forma más de 150 abogados que trabajan para 51 firmas legales, y más de 80 demandantes. Existen otras decenas de demandas en curso, que aún no se han hecho públicas.

El impacto de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton se ha sentido muy fuerte en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Los proyectos de inversión en la ZEDM no tuvieron crecimiento en 2019 ni en 2020.  En la ZEDM se mantienen los 43 proyectos que ya estaban presentes en 2018. Lo único que ha sucedido es que algunos que estaban en fase de construcción han pasado a fase de operaciones. Sin embargo, no se han agregado nuevos proyectos inversionistas en los últimos dos años (2019-2020).

Figura 2. Inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), 2014-2020.

Inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), 2014-2020

Posted by DIARIO DE CUBA on Tuesday, March 16, 2021

Fuente:  Havana Consulting Group

Conclusiones

El equipo de Gobierno, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, en lugar de adoptar una renovada estrategia y la aplicación de una fórmula aperturista que libere las fuerzas productivas y atraiga las inversiones, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad del estatus quo como estrategia para mantener el poder. En su discurso y accionar, no se percibe una apuesta por el cambio de modelo, sino todo lo contrario.

Las inversiones en la Isla son casi nulas por lo poco atractivo que resulta el mercado cubano. Para convertir a Cuba en un mercado atractivo, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es tratar a sus ciudadanos con las mismas prerrogativas con las que intenta atraer a los inversionistas extranjeros. El Gobierno debe eliminar de un golpe la política de apartheid que impone a sus propios ciudadanos para generar riqueza. Si de verdad el Gobierno cubano quiere convertir al país en un paraíso para la inversión, debe terminar con la política de "para los extranjeros todo, para los cubanos nada" y convertirla en la política de "para los cubanos todo, para los extranjeros también".

En Cuba no se producirán inversiones a gran escala hasta tanto no se resuelva el tema de las reclamaciones certificadas por la confiscación de propiedades que no fueron compensadas. Es así de simple. Nadie va a invertir un dólar en un mercado con tan alto riesgo.

La activación del Título III de la ley Helms-Burton fue una oportunidad ideal para un cambio de estrategia por parte del Gobierno cubano. Hubiera sido más estratégico negociar y convertir las posibles demandas en inversiones, que atrincherarse y aferrarse a tratar de dar vida a un modelo que económica y políticamente está muerto.

Si el Gobierno cubano quiere atraer grandes inversiones debe resolver de forma inmediata el tema de las reclamaciones. Esta acción, junto a la de devolverles a los cubanos sus plenos derechos a generar riquezas en su propio país, en un ambiente de libre mercado y libre empresa, con verdaderas leyes que los protejan, es la clave de todo.


Emilio Morales es presidente de The Havana Consulting Group. La 'HCG Business Intelligence Unit', de dicho grupo, también ha colaborado en este texto.

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