Dos días después de la entrada en vigor de la resolución que autoriza por primera vez la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Cuba, las autoridades de la Isla dijeron a la Agencia Cubana de Noticias que priorizarán las relacionadas con la producción de alimentos, evidenciando la intervención del Gobierno en el desarrollo de las empresas privadas.
A pesar de que las MIPYMES y las nuevas Cooperativas no agropecuarias pueden dedicarse a cualquier actividad económica exceptuando a las incluidas en los 112 grupos prohibidos por el Gobierno cubano, en la primera fase las que no se dediquen a la producción de alimentos deberán esperar.
Las autoridades dijeron que en un segundo momento también se le dará prioridad a las que opten por la exportación de bienes y servicios, los proyectos de desarrollo local, la economía circular o de reciclaje, los negocios de base tecnológica y los incubados en los Parques Científico-tecnológicos.
De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, solo en el primer día fueron recibidas 75 solicitudes de creación de este tipo de actores económicos, aunque no especificó cuántas estaban relacionadas con la producción de alimentos y qué plazo deberán esperar quienes presentaron propuestas en renglones no priorizados.
Las personas que deseen solicitar la aprobación de un proyecto empresarial privado en la Isla deben acudir a la Plataforma de Actores Económicos, donde a través de un enlace se accede a la planilla requerida, así como a la entrega de la documentación solicitada.
A pesar de que el Gobierno cubano ha anunciado la autorización de las MIPYMES en Cuba como un ejemplo de apertura económica, estas siguen sujetas a un estricto control estatal y nacen con múltiples limitaciones.
Para fundar uno de estos negocios privados, que pueden tener uno o varios socios, es necesaria la autorización del Ministerio de Economía y Planificación. Los especialistas han expresado preocupación por la cantidad de trámites y permisos necesarios para iniciar la actividad económica.
Una de las críticas que ha recibido la legislación es la falta de incentivo a la inversión extranjera. El economista Pedro Monreal afirmó en sus redes sociales que "hay indeterminación respecto a la posible asociación de PYMES privadas y capital extranjero, y ofrece un tratamiento asimétrico a actores privados y estatales".
Por otra parte, las personas que decidan asociarse a una de estas empresas no lo podrán hacer con otras, lo que podría terminar provocando la aparición de socios fantasmas y testaferros.
La legislación también prohíbe la creación de estructuras societarias como son las matrices y filiales, aunque sí se pueden crear oficinas o sucursales de las entidades, las cuales no tendrán una personalidad jurídica propia, sino serán parte de la empresa principal.
