Con meses de retraso —parece que no había apuro— el Comité de Coordinación para el financiamiento al sector agropecuario, anuncia que durante 2021, el Gobierno destinará 1.800 millones de pesos para créditos a la agricultura.
El anuncio no explicó si esta partida presupuestaria se retraería de alguno de los muchos gastos gubernamentales ya existentes. No obstante, sin temor a equivocaciones, puede asumirse que será un nuevo cargo al mastodóntico déficit fiscal que, en un artículo previo, y siendo conservadores, calculamos que este año sobrepasaría el 20% del PIB, un dato que es necesario seguir muy de cerca.
Este maná monetario estará a disposición tanto de empresas estatales como productores privados. En el primero de los casos, debería contabilizarse como un subsidio más, independiente de la partida destinada al sector privado. Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno insiste en ofrecer un trato igualitario a dos agentes económicos totalmente diferentes —el privado y el estatal—. Y esto redunda en mayores privilegios para las empresas estatales socialistas, que, en la realidad, son empresas privadas pertenecientes a los propietarios del Estado cubano.
En el sector privado, los beneficiarios de esta inyección monetaria tendrán una doble ventaja, contar con una liquidez de la cual carecen otros productores, y por efecto Cantillón, acceder al mercado con un dinero, cuyo valor adquisitivo, será superior al que tendrá la moneda nacional, una vez toda esa masa monetaria esté circulando.
Esta doble ventaja, potenciará una antieconómica divergencia entre productores, ya que, con fondos tan escasos, el Gobierno especificó que solo daría crédito a los campesinos más eficientes y mejor equipados, mientras muchos otros trabajadores del campo, actualmente ineficientes pero que podrían dejar de serlo con la financiación adecuada, se quedarán aún más rezagados y les costará más competir, lo que puede conducir a un descenso de oferta.
Lo peor es que los parámetros para definir cuáles productores serán beneficiados no traducen necesariamente una rentabilidad basada en la eficiencia, pues a falta de un libre mercado agrícola, el mayor o menor éxito de un emprendimiento agrícola actual puede deberse a cuestiones institucionales, geográficas u otras no relacionadas directamente con el empleo eficaz de los factores productivos y la complacencia de los consumidores.
La escasez de créditos está garantizada. 1.800 millones de pesos son apenas 75 millones de dólares al cambio oficial, o menos de 30 millones al cambio real, excesivamente poco teniendo en cuenta que la agricultura absorbe el 20% de la fuerza laboral cubana —más o menos 900 mil personas trabajando en seis millones de hectáreas—, que precisamente por no estar capitalizados, aportan solamente un esmirriado 3,6% al PIB.
Ciertamente, la situación crítica de las finanzas castristas impide que haya más créditos para los agricultores. De hecho está por ver si esta inyección monetaria es capaz de provocar más aumento marginal de la producción que lo que provocará como inflación y aumento de costos de producción agrícola, principalmente para la mayoría de campesinos que no recibirá nada de estos fondos.
Las arcas vacías del Estado no serían un problema si el Gobierno permitiese el acceso a otras fuentes de recursos para capitalizar la agricultura. Sin embargo, contra toda razón económica, el castrismo continúa obstaculizando lo único que podría marcar un cambio real en el campo cubano: la inversión extranjera directa y la inversión de ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
La consigna castrista mil veces repetida de "Hacer más con menos", choca con esa lógica atribuida a Einstein: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes". Ni estos 1.800 millones, ni que de vez en cuando se pueda matar una vaquita, ni quitar los topes a los precios estimulará la producción agrícola. Para recoger viandas, frutas y carnes, antes hay que sembrar dinero, dinero de verdad, no lo que gasta GAESA haciendo el parqueo de uno de sus hoteles.
Pinga