Las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios habilitarán un fondo de 1.800 millones de pesos cubanos destinados al fomento agropecuario en la Isla, donde la escasez de alimentos se ha vuelto un fenómeno perenne desde inicios del 2020.
De acuerdo con la información publicada por el portal estatal Cubadebate los fondos serán repartidos de acuerdo a "las necesidades de capital de trabajo y de las inversiones en empresas seleccionadas que dado su desempeño puedan lograr un impacto en las producciones priorizadas".
Dichos montos serán operados por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y si las entidades seleccionadas están adscritas al Banco Popular de Ahorro (BPA) o al Metropolitano también podrán gestionarlas ahí.
Junto a la creación del fondo las autoridades cubanas fundaron un Comité de Coordinación para el financiamiento al sector agropecuario, el cual propuso destinar el dinero a cultivos de arroz, plátano, yuca, frutas, así como a las producciones porcinas y de la ganadería vacuna.
La nota de prensa dijo que, entre las empresas seleccionadas, todas adscritas al Grupo Agrícola, se encuentran tres arroceras, cinco agropecuarias y dos agroindustriales de cítricos.
Tras recibir el dinero, las empresas beneficiadas deben cumplir con requisitos como rendimientos por área, aplicación de la ciencia y la técnica, contar con sistemas de regadío, y tener como destino de sus cosechas a la industria, el balance nacional y los mercados agropecuarios.
Los créditos otorgados tendrán un 1,5% de interés, mientras los relacionados con inversiones rondará el 2%. Se comenzarán a ejecutar el próximo miércoles 1 de septiembre.
El Gobierno cubano es consciente de que la escasez de alimentos es uno de los principales problemas del país actualmente, pero sigue negado a liberar las fuerzas productivas pese a las recomendaciones de numerosos economistas.
Entre las medidas tomadas para incrementar la producción de alimentos tras las protestas populares del 11 de julio se encuentra la eliminación del tope de precios a los productos agrícolas, cuyos resultados aún están por verse.
Los campesinos de la Isla denuncian frecuentemente la falta de insumos, el excesivo precio de la electricidad tras la unificación monetaria, así como atrasos en los pagos y la recogida de las cosechas por parte de la empresa estatal Acopio, la única autorizada a comprar los alimentos.
