Sellada la primera demanda exitosa en EEUU por el uso de propiedades confiscadas en Cuba

La semana pasada, el jueves 20 de mayo, una multinacional de materiales de la construcción con sede en Suiza, LafargeHolcim, alcanzó un acuerdo en una demanda presentada en Estados Unidos que buscaba compensaciones por el uso de una propiedad confiscada en Cuba.

Un tribunal de Florida aceptó en octubre del año pasado la demanda de indemnización por daños y perjuicios por valor de 270 millones de dólares, presentada a la multinacional LafargeHolcim, el tercer productor mundial de cemento, en beneficio de más de 20 partes, cuyas tierras fueron nacionalizadas en Cuba, precisó Radio Televisión Martí.

En el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston, fue construida la fábrica de Cemento Carlos Marx, en la localidad de El Guabairo en Cienfuegos.

La demanda alega que Holderbank (luego nombrada Holcim y LafargeHolcim) ha tenido una participación en la planta de cemento Carlos Marx desde 2001 a través de una "red compleja de empresas y transacciones".

En julio de 2000, el entonces ministro de la Industria Básica de Cuba, Marcos Portal, afirmó en una carta que La Habana había aceptado una "oferta presentada por Ibersuizas-Holderbank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx", según reveló cuatro años más tarde The Miami Herald.

Un fax fechado el 12 de junio de 2000 del bufete Arnold & Porter de Washington, que entonces asesoraba a Holderbank, alertó a la empresa que el proyecto de Cienfuegos representaba un "riesgo significativo e inmediato" bajo la Ley Helms-Burton porque la planta estaba en terrenos confiscados a ciudadanos estadounidenses. Sugirió a sus dueños "llegar a un acuerdo negociado" con los ciudadanos estadounidenses que habían sido propietarios de los terrenos.

El pacto se alcanzó más de 20 años después de esa recomendación legal y señala así la primera victoria a favor de unos demandantes bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la Administración Trump desde mayo de 2019.

Para Cuba Trade, medio especializado en el comercio EEUU-Cuba, "con el primer acuerdo que involucra a reclamantes certificados (de los cuales hay 5.913), es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del Título III de la Ley Libertad".

"Con base en los criterios de adjudicación del Título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), la liquidación podría ser un interés anual ya que el activo fue expropiado, más daños triplicados, sumado a honorarios de abogados por un total que podría llegar a 140 millones de dólares", según estimaciones de la publicación.

Cuba Trade señala, sin embargo, que se desconoce si el demandante o el demandado revelará el monto del acuerdo.