La activación del título III de la Ley Helms Burton hace dos años provocó una avalancha de demandas por propiedades confiscadas en Cuba, pero entre las 8.000 certificadas por el Departamento de Justicia de EEUU a través de la Foreign Claims Settlement Comission y las 6.000 que no han sido certificadas por el citado organismo, tan solo hay 36 en curso.
Ignacio Aparicio, socio y director del Cuban Desk de Andersen, habló con el suplemento especial Cinco días, del diario El País, sobre el escaso impacto de la medida tomada por la Administración Trump desde el punto de vista estadístico.
"De las 36 que están en curso, cuatro se han desestimado y están en apelación. Por ahora no se ha condenado a nadie por traficar con bienes", dijo.
Para Aparicio, la medida lo que sí ha generado es una contención y un mayor temor entre las empresas a invertir en Cuba.
"Se lo piensan mucho más y tienen que analizar con profundidad las posibles consecuencias que puede traer", dijo.
Dos años después hoteleras españolas con gran presencia en la Isla respiran aliviadas, puesto que ninguna ha sido condenada. Pese a ello siguen en curso las demandas interpuestas contra Meliá, Iberostar y NH (la de Barceló no llegó a concretarse) en suelo estadounidense.
La más afectada en este sentido ha sido Meliá, que también se vio afectada por la activación del título IV de la Helms Burton, que habilitaba a la administración norteamericana a impedir la entrada en el país a directivos de empresas demandadas.
Al consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, se le prohibió la entrada a EEUU desde el 25 de noviembre de 2019 al negarse Meliá a compensar a una familia cubana emigrada a EEUU. La compañía fue demandada por "beneficiarse" de suelo nacionalizado por el castrismo en Holguín, donde están situados dos hoteles gestionados por Meliá y que son propiedad de la estatal Gaviota.
Aparicio destacó que la presentación de demandas no buscaba, en la gran mayoría de casos, una compensación por los daños ocasionados, sino forzar un acuerdo con el demandado y por ello las empresas han extremado el cuidado a la hora de cerrar negocios en suelo cubano.
"Las empresas que quieren entrar en licitaciones de infraestructuras reclaman que no corran ningún riesgo y piden una due diligence que les exima de cualquier responsabilidad", dijo.
Según datos recogidos por el suplemento, en mayo de 2019, España era el mayor inversor extranjero del Gobierno cubano y una parte sustancial de esos flujos estaban concentrados en el sector hotelero.
En esa fecha, las empresas españolas gestionaban 21.000 habitaciones, de las cuales unas 3.000 estaban en régimen de empresa mixta al 50% con el Gobierno cubano y las restantes 18.000 en régimen de contrato de administración.
En esa fecha las cadenas españolas controlaban más del 90% de las habitaciones de hoteles de cinco estrellas y el 60% de los de cuatro estrellas. Si se tiene en cuenta toda la planta hotelera, las cadenas españolas eran propietarias o gestoras de la mitad de las habitaciones de hotel en Cuba.
Muy bueno para que los mayorales de Biran dispongan de menos lana para comprar alambre de puas.
Los empresaurios y politicos espannoles nunca abandonaron la mentalidad exclavista.