Todo hace indicar que no habrá permiso para que los actores no estatales de la economía accedan a alguna porción de riqueza.
La posibilidad de que los actores no estatales de la economía (cooperativistas, usufructuarios de tierras estatales y trabajadores por cuenta propia) progresaran en sus faenas y llegaran a obtener ciertos niveles de riqueza lícita, ha centrado la atención de los gobernantes cubanos durante los últimos años.
En torno a esa posibilidad se definieron dos actitudes: los elementos reformistas de la nomenclatura estaban a favor de que tal hecho pudiese suceder; mientras que los partidarios de la línea dura se oponían a lo que denominaban "la concentración de la riqueza en manos no estatales".
Así, el artículo 104 de la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista expresaba: "No se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios de nuestro socialismo".
No obstante, no se especificó en aquel momento si la prohibición tendría lugar mediante mecanismos indirectos o económicos, o si por el contrario se aplicarían los temibles instrumentos directos o administrativos. Además, tampoco se definió quién sería el encargado de identificar a los nuevos ricos ni qué nivel de riqueza despertaría la ojeriza de las autoridades.
Sin embargo, durante la celebración del VII Congreso del PCC, y algún tiempo después en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, emergieron algunas voces que vislumbraban la posibilidad de que el trabajo duro y disciplinado de cualquier actor no estatal generara algún nivel de riqueza, y que le correspondía a las autoridades la misión de regular esa situación mediante métodos no traumáticos. O sea, que el hipotético acceso a la riqueza por parte de ese sector no estatal de la economía quedaba en una especie de compás de espera por alguna otra definición oficial.
Con el arribo a los más altos cargos del Gobierno y el Estado de Miguel Díaz-Canel en el 2018, y su firme apego a una línea dura contraria al mercado y las reformas, fue confirmándose cada vez más la certeza de que la permisividad a la riqueza de los actores no estatales de la economía se desvanecía por completo.
Ahora, durante la celebración del VIII Congreso del PCC, en la comisión que trató el tema de la actualización de la Conceptualización del Modelo, al menos en la información que apareció en la prensa oficialista, no se hizo mención específica al asunto de la concentración de la riqueza. Aunque la resolución final emitida por esa comisión da a entender que no habrá consentimiento para tal riqueza.
Después de abogar por una adecuada regulación del mercado, la citada resolución expresa: "Como parte de ello, se define que es necesario impedir que productores o comercializadores impongan malas prácticas, la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o gestión". En este caso tampoco se especifica qué métodos emplearán para corregir esas "malas prácticas". Si el indirecto o el administrativo.
Claro, y como quiera que ahora está de moda, al menos de palabra, hacerse el bueno de la película, es casi seguro que Díaz-Canel y su equipo de Gobierno afirmen que se inclinarán por los métodos indirectos. No hay que olvidar que Raúl Castro, en su informe central al Congreso, aseveró que "El modelo económico y social de desarrollo socialista nos exige contar con capacidades suficientes para regular el mercado, con la mayor armonía posible, mediante la utilización de métodos indirectos, cada vez menos administrativos".
Y mientras el añejo general decía esto, continúa vigente el método administrativo de topar todos los precios minoristas de productos agropecuarios, una medida que mantiene vacías las tarimas de los mercados de esos productos.
Concentrada donde mismo ... LA FAMIGLIA ....