El régimen cubano insiste una y otra vez en la represión como estrategia para mantenerse en el poder. Así lo demuestra el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que documentó, durante agosto, al menos 304 acciones represivas en Cuba, "con un promedio de al menos diez cada 24 horas", enfatizó la organización.
De las violaciones de derechos humanos registradas durante el octavo mes del año, varias de ellas ratifican la ampliación del patrón utilizado en los últimos meses, toda vez que, del total, 37 fueron detenciones arbitrarias, además de 158 sitios policiales a viviendas y 46 abusos contra presos políticos y comunes.
Los referidos 37 arrestos arbitrarios estuvieron relacionados "con las protestas ciudadanas contra los apagones y las difíciles condiciones de vida, así como la reiterada detención de ex presos políticos", indicó el OCDH.
En tal sentido, la organización resaltó "la detención de 13 ciudadanos en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica prevista desde el Capitolio hasta el Malecón", el pasado 27 de agosto.
"Paralelamente, se registraron nuevos arrestos de varios expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte y Yosvany Sepúlveda Martínez. Por su parte, Andy García Lorenzo, ex prisionero político de las protestas del 11J, fue detenido el 30 de agosto en Santa Clara", añadió el OCDH. En el caso de García Lorenzo, fue liberado entre amenazas al día siguiente.
Los datos evidencian que la represión es igualmente dura en todas las provincias del país. Sin embargo, el OCDH detalló que "La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas". Asimismo, resaltó que "casi la mitad de los actos fueron contra mujeres".
Al hilo de lo anterior, entre los operativos de vigilancia, la organización destacó que "las Damas de Blanco fueron sometidas de forma sistemática a vigilancia policial en sus viviendas durante los domingos del mes, con operativos de la Seguridad del Estado desde horas tempranas de la mañana hasta después del mediodía, cuyo propósito denunciado era impedir que salieran de sus casas para asistir a misa".
De igual forma, el OCDH denunció "el reiterado acoso contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, además de a otros miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), así como a un grupo de practicantes yorubas".
Al propio tiempo, el observatorio subrayó que el régimen, a través del Ministerio de Justicia, mantiene acciones de hostilidad contra la masonería. Así, se refirió al caso de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, "quien fue citado, interrogado y amenazado el martes 18 de agosto por parte de la policía política", sostuvo.
Abusos sin fin contra los presos políticos
El OCDH advirtió que "durante agosto de 2026 se documentaron numerosos abusos contra presos políticos, caracterizados por condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentación adecuada, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas".
"Varios prisioneros recurrieron a huelgas de hambre para protestar contra los malos tratos y las condiciones de reclusión, entre ellos Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados", indicó.
Entre los casos a los que la organización se refirió como "más preocupantes", destacó el de Ángel Serrano Hernández, preso político del 11J condenado a 15 años, quien "habría sido golpeado fuertemente por agentes penitenciarios, enviado a una celda de castigo y posteriormente trasladado a la prisión 1.580 bajo un régimen de mayor severidad", detalló.
Consonancia con otros informes
El informe de agosto del OCDH está en consonancia con el análisis del mismo mes publicado este martes por el grupo de asesoría legal Cubalex que, en un informe al respecto, denunció que, según sus registros, las personas privadas de libertad concentraron el 50% de todos los incidentes represivos documentados en la Isla en agosto, al ser víctimas de, al menos, 139 eventos.
"El aparato estatal prioriza el control coercitivo sobre la garantía de la vida, la seguridad y la provisión de necesidades básicas esenciales", subrayó, al tiempo que sostuvo que, en el mes, documentó un total de 280 eventos represivos que incluyeron 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 víctimas.
En este contexto, la organización concluyó: "Frente a la profunda crisis de acceso a servicios públicos, a la salud y alimentación, el Estado criminaliza la libertad de expresión, asociación y protesta".
