Las autoridades represivas del régimen cubano revocaron en días recientes la libertad condicional otorgada al manifestante del 11J Maikel Armenteros Oramas, quien había sido arrestado en Santa Clara el pasado 14 de agosto, mientras se manifestaba frente a la Quinta Unidad de la Policía, "en protesta por los prolongados apagones que afectan a la población cubana", informó el grupo de asesoría legal Cubalex.
Tras su arresto, Armenteros Oramas fue trasladado a la Tercera Unidad de la Policía de la ciudad, donde continúa recluido a la espera de su reingreso en prisión. Allí permanece en huelga de hambre desde hace más de diez días, "para reclamar su libertad y la de todos los presos políticos cubanos", indicó.
Si bien en un momento inicial las autoridades represivas le impusieron una multa de 4.000 pesos, que debía pagar en un plazo de tres días para evitar un nuevo juicio relacionado con la protesta, cambiaron luego de postura y determinaron su reingreso en un centro penitenciario, dijo su madre, Josefa Oramas, a la citada organización.
El grupo de asesoría legal hizo hincapié en que, desde que fue excarcelado, el hostigamiento contra Armenteros Oramas "ha sido sistemático". En tal sentido, recordó que "el pasado mes de abril fue detenido y amenazado con la revocación de su libertad condicional". Algo que ahora han terminado por ejecutar las autoridades, devolviéndolo a prisión para que cumpla allí lo que le queda de los siete años de prisión que le fueron impuestos en 2021.
"Su caso se inscribe en un patrón de represión constante contra manifestantes del 11J que han sido excarcelados tras cumplir sus condenas o acceder a beneficios penitenciarios. Desde el inicio de 2026 y hasta el cierre de agosto, el monitoreo de Cubalex ha contabilizado 54 eventos represivos contra 28 manifestantes del 11J que se encontraban fuera de prisión cuando ocurrieron estos hechos", enfatizó la organización.
Detalló que, "entre los hechos documentados por Cubalex se encuentran detenciones, vigilancia, amenazas, citaciones y otras formas de hostigamiento dirigidas contra manifestantes que ya habían salido de prisión después de cumplir sus condenas o recibir algún beneficio penitenciario".
En tal sentido, recordó los casos de los presos políticos Denis Hernández, Yoan de la Cruz, Yunaykis de la Caridad Linares, Leonel Tristá García y José Enrique Pablo Oliva, quienes, al igual que Armenteros Oramas, habían sido excarcelados en 2026 y posteriormente regresaron a prisión.
Mientras el régimen ha aumentado de forma deliberada el uso de la prisión provisional para amedrentar a los cubanos, incluso a aquellos que no tienen vínculo político y participan en manifestaciones de hartazgo, Cubalex recalcó que "protestar pacíficamente no es un delito, es un derecho fundamental".
Así, el grupo de juristas reiteró su exigencia al régimen para que "cese la criminalización de la protesta", así como "la persecución y el uso de mecanismos represivos para devolver a prisión a personas excarceladas".
