Agentes de la Seguridad del Estado del régimen cubano arrestaron en días recientes al manifestante del 11J y ex preso político cubano Maikel Armenteros Oramas, mientras se manifestaba frente a la 5ta Unidad de la Policía de Santa Clara contra los apagones y las difíciles condiciones de vida que enfrenta la población, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
Detenido el pasado 14 de agosto, permanece recluido en la 3ra Unidad de la Policía de la ciudad, donde las autoridades pretenden acusarlo de los supuestos delitos de "desacato" y "desorden público", además de imponerle una fianza de 500.000 pesos, una suma que su familia no puede pagar.
Al propio tiempo, Cubalex subrayó que agentes represivos "advirtieron a sus familiares que podrían revocar su libertad condicional o iniciar un nuevo proceso penal en su contra".
"Su situación es especialmente preocupante porque se encuentra en libertad condicional tras cumplir parte de una condena de siete años de prisión por participar en las protestas de julio de 2021", señaló.
El grupo de asesoría legal hizo hincapié en que, desde que fue excarcelado, el hostigamiento contra Armenteros Oramas "ha sido sistemático". En tal sentido, recordó que "el pasado mes de abril fue detenido y amenazado con la revocación de su libertad condicional".
En aquella ocasión, "permaneció recluido en condiciones inhumanas, sin que su familia pudiera verlo en la unidad policial, sin información sobre su situación legal y sin recibir la atención médica que necesitaba", sostuvo Cubalex, y añadió: "La falta de tratamiento le provocó una severa crisis de asma. Tras 16 días de reclusión, fue liberado bajo una medida de reclusión domiciliaria".
En este contexto, Cubalex alertó sobre "el riesgo de que Maikel Armenteros Orama sea encarcelado nuevamente por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente".
Sin embargo, el suyo no es un caso aislado, toda vez que Cubalex ha documentado cómo "la persecución contra presos políticos continúa incluso después de su excarcelación, mediante vigilancia, citaciones, nuevas detenciones y amenazas de devolverlos a prisión", y dio cuenta de que, en varios casos, "estas amenazas se han concretado con la revocación de este beneficio y el posterior encarcelamiento".
Así, el grupo de juristas reiteró su exigencia al régimen para que "cese la criminalización de la protesta", así como "la persecución y el uso de mecanismos represivos para devolver a prisión a personas excarceladas".
Mientras el régimen ha aumentado de forma deliberada el uso de la prisión provisional para amedrentar a los cubanos, incluso a aquellos que no tienen vínculo político y participan en manifestaciones de hartazgo, Cubalex recalcó que "Protestar pacíficamente no es un delito, es un derecho fundamental".
Con este panorama, y ante la amenaza constante de que la situación vaya a más, Cubalex recalcó que "la falta de información a los familiares, la ausencia de recursos judiciales efectivos y la impunidad con que actúan las autoridades consolidan un escenario de profunda indefensión para las víctimas y sus allegados".
