El mes de agosto cerró en Cuba con un nuevo récord de violencia delictiva, así como con el aparato policial estatal volcado en el control político antes que en la seguridad ciudadana, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex en su informe correspondiente al octavo mes del año.
"El aparato estatal prioriza el control coercitivo sobre la garantía de la vida, la seguridad y la provisión de necesidades básicas esenciales", subrayó, al tiempo que sostuvo que, en el mes, documentó un total de 280 eventos represivos que incluyeron 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 víctimas.
Así, la represión afectó a activistas, opositores y ciudadanos descontentos de 54 municipios de 14 provincias, además del municipio especial Isla de la Juventud, situándose los focos principales en La Habana (102 incidentes), Camagüey (36) y Santiago de Cuba (24).
En este contexto, como muestra de hartazgo frente a los apagones cada vez más extensos y los ingentes problemas en el abasto de agua, Cubalex verificó 94 protestas públicas —un subregistro respecto a las 200 reportadas en julio—, con su pico más alto el 4 de agosto (16 cacerolazos) tras un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
La Habana concentró el 57% de estas manifestaciones, aunque también hubo una actividad notable en Santiago de Cuba. Ante este panorama, la respuesta del régimen no fue el restablecimiento de los servicios, sino la criminalización, toda vez que Cubalex comprobó la existencia de arrestos colectivos en medio de cacerolazos de Calabazar, La Habana Vieja, Camagüey y Sibanicú, así como la detención de una madre en Lawton por protestar ante la falta de agua en su vivienda.
En total, el mes dejó 30 víctimas de detenciones arbitrarias —incluidos menores de edad— y tres desapariciones forzadas.
El cruel estado de las prisiones: amenazas de muerte y desatención médica
Las personas privadas de libertad concentraron el 50% de todos los incidentes represivos documentados en la Isla en agosto, al ser víctimas de, al menos, 139 eventos.
Las cárceles cubanas registraron cinco muertes bajo custodia, producto de la denegación o deficiente atención médica, siendo la Prisión Provincial de Las Tunas el centro con más fallecimientos en el periodo.
El ensañamiento del régimen fue más evidente en la Prisión de "Kilo 8", en Camagüey, centro que reportó un mayor número de abusos, con 22 incidentes. Allí, los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos sufrieron amenazas de muerte directas por parte de oficiales antes de ser confinados en celdas de castigo.
Ambos encabezaron la lista de las víctimas más hostigadas del mes, con siete incidentes cada uno, seguidos por el también prisionero político Danisbel Labrada (cinco incidentes), a quien las autoridades penitenciarias le negaron los auxilios médicos y le imputaron nuevos cargos por protestar.
Frente a la arbitrariedad, al menos nueve prisioneros recurrieron a huelgas de hambre. Destacan los casos de José Ramón Solano y Roilán Álvarez Rensoler, en Holguín, y Amijail Sánchez González, en el Combinado del Este (La Habana), este último sometido al régimen de aislamiento como medida de castigo.
Más militarización, menos seguridad
El balance de agosto reafirma un patrón donde las garantías al debido proceso quedan anuladas mediante "operativos policiales preventivos que restringen la movilidad de activistas y generan una profunda inseguridad jurídica en toda la población".
Además, el incremento de la delincuencia y la pasividad de las fuerzas del orden en tal sentido exponen las verdaderas prioridades del aparato policial. En contraste con el alza de los crímenes, la presencia militar preventiva cayó en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, lo que demuestra, según el análisis de Cubalex, que la militarización se despliega fundamentalmente para contener la protesta y no para proteger a la población.
En este contexto, la organización concluyó: "Frente a la profunda crisis de acceso a servicios públicos, a la salud y alimentación, el Estado criminaliza la libertad de expresión, asociación y protesta".
