El alza de los delitos en Cuba es directamente proporcional al actuar deficiente de las autoridades policiales, más preocupadas por reprimir que por mantener la seguridad pública en la Isla. En tal sentido, el grupo de asesoría legal Cubalex verificó al menos 52 homicidios en agosto, lo que constituye un nuevo y preocupante récord.
La cifra, que forma parte de "un total de 314 eventos de violencia e inseguridad en distintos puntos de la Isla", comprobados por la organización, es, sin embargo, un subregistro, debido a las limitaciones que impone el régimen a los activistas y organizaciones que dan cuenta de esta realidad.
Debido a ello, el grupo jurídico reconoció que sus cifras "pueden ser significativamente inferiores a la cantidad real de homicidios y otros hechos violentos ocurridos durante el periodo", por lo que exigió al régimen "dimensionar con precisión la magnitud real de la violencia en Cuba".
Cubalex detalló que, de los 52 homicidios, cinco fueron identificados como feminicidios, lo que evidencia el alza de la violencia machista en Cuba. Además, como parte de su monitoreo, la organización registró cinco suicidios y un intento de cometer un acto del tal naturaleza.
La organización, que destacó "el uso de armas blancas para ultimar a las víctimas", señaló que "el comportamiento registrado durante agosto resulta especialmente significativo, porque ocurre después de que julio también marcara un récord de 37 homicidios en el monitoreo de la organización, lo que evidencia una tendencia que, lejos de disminuir, continúa agravándose".
Este incremento sostenido "coincide con un contexto de creciente presencia militar en la vida cotidiana de los cubanos", advirtió Cubalex, y dio cuenta de que, en agosto, "se registraron exhibiciones de armas largas, ejercicios militares, vigilancia y otras expresiones de militarización en zonas como La Habana, Granma y Santiago de Cuba".
"Este despliegue resulta especialmente preocupante porque se produce mientras la inseguridad continúa aumentando y no parece estar acompañado de medidas civiles orientadas a prevenir o reducir la violencia que afecta a la población", enfatizó y sostuvo que, "mientras el Estado amplía la presencia y las funciones de sus estructuras militares y de seguridad, los registros independientes continúan mostrando niveles elevados de violencia letal".
Así, según los datos recopilados por la organización y presentados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre enero y abril de 2026 los hechos relacionados con la inseguridad ciudadana aumentaron un 109%, pese al refuerzo de la vigilancia y de los operativos desplegados por el régimen. Esta realidad demostraría que el control del régimen estaría encaminado a intimidar a los cubanos para evitar protestas, pero no a garantizar la seguridad.
En un artículo reciente publicado por DIARIO DE CUBA, la periodista Laura Sarmiento Pérez apuntó: "El auge de la criminalidad es una de las consecuencias de la debacle socioeconómica que vive Cuba. La agrava la ineficiente respuesta de la Policía, que prioriza la represión política sobre los casos delictivos".
"La inseguridad pública es una realidad no reflejada ni reconocida por el Gobierno cubano. Amparados en la oscuridad de los apagones, los delincuentes cometen delitos cada noche, con planificación e impunidad", dijo, y enmarcó el auge de la inseguridad en el sostenido proceso de "destrucción del tejido social en Cuba".
