El gasto social en Cuba: una ilusión contable

Evaristo Carratalá Matos es uno de los tantos combatientes de la Revolución que en su juventud trabajaron para que en Cuba existiera justicia social. Veterano de la "lucha contra bandidos" en las montañas del Escambray y fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, el anciano perdió su casa y su carnet de combatiente y no puede recibir la ayuda ya exigua que le brinda el Estado.

"Cuando el ciclón Matthew, se me cayó la casa y el carnet se desbarató. Entonces, por no tener ese carnet, no estoy recibiendo el beneficio de 1.500 pesos que le están dando a los demás combatientes", dijo en un video a DIARIO DE CUBA.

El monto equivale a menos de tres dólares al mes al cambio del mercado informal, la referencia que, en la práctica, determina el poder adquisitivo real en Cuba. Con eso apenas puede comprar un litro de aceite de cocina. Para llegar a fin de mes con una canasta básica de alimentos, una persona necesita al menos 20.000 pesos cubanos (o 36,70 dólares), según cálculos del economista Omar Everleny, un lujo para viejitos como Evaristo.

"Espero a ver si se dignan a demostrarme que la Revolución existe", dice, mostrando sus medallas. 

La pérdida de confianza en el Estado figura entre los hallazgos más marcados de una encuesta de DIARIO DE CUBA aplicada por Cubadata y publicada en marzo. Solo el 5,8% de los adultos mayores consideró que el Estado lo ayudó a resolver sus problemas en los últimos años. Por el contrario, los encuestados identificaron como principales apoyos a la familia, a las redes de amistades y vecinos, y a la gestión individual: cerca del 40% de los mayores de 60 años realiza trabajos alternativos al empleo estatal. Los investigadores de Cubadata interpretaron estas cifras como evidencia de la "muerte definitiva del contrato social revolucionario", es decir, de la ruptura entre la promesa histórica de protección estatal y la experiencia cotidiana de quienes envejecieron dentro del sistema. 

Asimismo, el Observatorio de Derechos Sociales, una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha documentado otras cifras alarmantes. De acuerdo con su reporte de 2025, ocho de cada diez cubanos mayores de 61 años han dejado de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos, mientras que un 14% de los mayores de 70 años deben continuar trabajando después de la jubilación. Los ancianos, afirman ambas organizaciones, son el grupo poblacional que peor vive en la Isla.

Los recursos del Estado para los humildes

El sistema de protección social cubano, otrora diseñado para beneficiar a los más vulnerables, ha colapsado estrepitosamente, dejando en la indigencia a quienes dependen únicamente del Estado para sobrevivir. 

En teoría, el sistema todavía conserva pilares históricos como la salud y la educación públicas gratuitas, la vacunación universal y las pensiones estatales. Sin embargo, la crisis económica, la inflación, la devaluación y la pérdida de capacidad financiera, en parte influida por las sanciones de Washington contra el régimen de La Habana, han erosionado progresivamente el alcance real de estas prestaciones, que hoy agonizan. 

Pero lo que más pesa en la distribución de recursos es una política inversionista 100% "hecha en Cuba", que ha fosilizado la distorsión económica y ha privilegiado el turismo por encima de los sectores sociales y productivos. Solo en 2024, hoteles y restaurantes absorbieron 3.226,5 millones de pesos en inversión, frente a los 1.977,4 millones destinados a la salud pública y la asistencia social.

Se trata de un aumento de alrededor del 63% que resulta difícil de justificar ante la depresión que la industria turística experimenta desde hace años y en medio del deterioro social del país. Contrario a lo que afirma la propaganda oficial, en las últimas tres décadas el Estado cubano solo ha destinado el 3% de sus ingresos a la salud y la asistencia social. 

Cuido60, un observatorio independiente especializado en envejecimiento y cuidados en Cuba, ha señalado que el abandono y la pobreza extrema entre adultos mayores y otros grupos poblacionales vulnerables se han multiplicado en los últimos años.

Cada vez son más frecuentes los casos de ancianos que viven solos, sobreviven buscando comida entre la basura o dependen de vecinos, familiares emigrados y donaciones privadas para alimentarse y acceder a medicamentos, un fenómeno cada vez más visible tanto en redes sociales como en reportes comunitarios y en medios independientes.

El proyecto sostiene que Cuba enfrenta hoy uno de los procesos de envejecimiento poblacional más acelerados de la región, sin haber desarrollado sistemas modernos de cuidados de larga duración ni políticas integrales de protección para cuidadores, personas dependientes y adultos mayores, comparables a las existentes en numerosos países latinoamericanos.

Este desequilibrio explica el rezago de Cuba frente a la región: la Isla carece de mecanismos como la "tarifa social" eléctrica de Argentina, los descuentos para adultos mayores en el transporte de Chile o las tarifas preferenciales existentes en Brasil, México o Colombia. Tampoco existe un ajuste automático de las pensiones a la inflación.

Incluso las medidas anunciadas recientemente en la Isla, como el reconocimiento del trabajo de cuidados en 2025 o las leyes para personas con “conducta deambulante”, reflejan un enfoque de control administrativo y de contención. Las soluciones carecen de programas sostenidos de reinserción social, vivienda permanente o salud mental, lo que sitúa a Cuba a años luz de un verdadero Estado de Bienestar.

Lo que cuentan las cifras oficiales

Las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información  muestran que el gasto en seguridad social en Cuba pasó de 8.955,8 millones de pesos en 2020 a 41.154,7 millones de pesos en 2024. A simple vista, parecería que el Estado multiplicó por varias veces el dinero destinado a jubilados y pensionados. Pero la comparación directa es una ilusión contable.

Antes de 2021, las estadísticas del sector estatal y de los servicios esenciales se elaboraban con la referencia cambiaria del sistema CUP-CUC, en el que, en la práctica contable estatal, un peso convertible (CUC) equivalía a un dólar. Por lo tanto, los 8.955,8 millones de pesos asignados al gasto social en 2020 equivalían a la misma cifra en dólares.

Con la "Tarea Ordenamiento" y la eliminación del CUC en 2021, el Estado pasó a utilizar una nueva referencia para la contabilidad de las empresas estatales y las operaciones gubernamentales: 24 pesos cubanos por dólar, un valor 22 veces inferior al del mercado real.

Al recalcular las cifras, los 41.154,7 millones de pesos reportados para 2024 equivaldrían a aproximadamente 1.714,8 millones de dólares, menos del 20% de los 8.573,4 millones de dólares reportados para 2020.

Es decir, lo que en las estadísticas parece un aumento histórico del gasto social, en la práctica refleja una pérdida de cinco veces el valor real y la capacidad de compra: el Estado entrega más pesos nominales, pero esos pesos valen mucho menos.

Consciente del nivel de mendicidad que imponen los "beneficios" del sistema socialista cubano, el Gobierno implementó desde septiembre de 2025 un aumento parcial de las pensiones que alcanzó a alrededor de 1,3 millones de personas, lo que representa cerca del 79% de los pensionados del país. La pensión mínima se duplicó a 3.056 pesos mensuales, mientras que quienes cobraban menos de 4.000 pesos fueron ajustados hasta alcanzar ese límite, según informó el Ejecutivo.

Aunque el incremento representa un alivio parcial frente al deterioro del poder adquisitivo, las nuevas cifras continúan muy por debajo del costo real de la vida en Cuba. Incluso tras el ajuste, una pensión mínima apenas equivale al precio de un cartón de 30 huevos en el mercado informal o privado, donde ese producto puede superar los 3.000 pesos.

El Gobierno calcula que la medida añadirá unos 22.000 millones de pesos al presupuesto de la Seguridad Social. Sin embargo, expresado bajo la misma referencia cambiaria estatal utilizada tras el Ordenamiento, ese incremento equivaldría a aproximadamente 916,6 millones en términos comparables. Sumado al gasto ajustado previamente estimado para 2024, asumiendo que en 2025 sea similar, el total ascendería a unos 2.631,4 millones, apenas el 29,4% del nivel reportado en 2020 bajo la escala monetaria previa a la unificación cambiaria.

Cómo están distribuidas las ayudas del Estado

Además de casos como el de Evaristo Carratalá Matos, medios independientes y organizaciones civiles han documentado numerosas historias similares de abandono social y precariedad extrema.

Entre ellas aparece Adriana, una niña de diez años de San Antonio del Sur, en Guantánamo, con parálisis cerebral infantil y desnutrición crónica, cuya madre denunció que vive sin dieta médica, sin servicios básicos y sin asistencia social suficiente.

También han trascendido testimonios como los de Nayla Fonseca, quien denunció públicamente el abandono institucional en el cuidado de su hijo con discapacidad; o el de Yadairis Licor Hernández, madre de un niño con síndrome de West, quien relató cómo tuvo que reorganizar por completo su vida laboral y familiar para asumir cuidados permanentes sin el apoyo suficiente del Estado.

La estructura del gasto del régimen de Seguridad Social en Cuba muestra un sistema prácticamente absorbido por las pensiones de vejez, invalidez y muerte. De los 41.154,7 millones de pesos reportados en 2024, el 97,18% correspondió a esa categoría, mientras que el resto de las prestaciones quedó reducido a márgenes mínimos.

Las prestaciones por maternidad absorbieron alrededor del 2,79% del gasto total y las categorías agrupadas como invalidez parcial y otras representaron apenas el 0,04%.

Las estadísticas sugieren una presión creciente sobre la capacidad real del sistema de asistencia social cubano. Aunque el número total de personas con discapacidad beneficiarias de asistencia social aumentó de 34.410 en 2020 a 47.395 en 2024, algunos de los programas de apoyo directo más especializados registran retrocesos.

Entre ellos destacan las ayudas dirigidas a madres cuidadoras de hijos con discapacidad severa, cuya cobertura se redujo de 4.025 beneficiarias en 2020 a 3.555 en 2024. Algo similar ocurrió con la asistencia social a domicilio: tras alcanzar un pico de 18.722 beneficiarios en 2021, la cifra descendió a 11.549 en 2024.

Sin pronósticos favorables

La tendencia apunta a una paradoja cada vez más visible dentro del sistema de protección social cubano: mientras crece el número de personas vulnerables que requieren apoyo estatal, algunos de los servicios de cuidados más intensivos y costosos parecen perder cobertura o capacidad de respuesta. 

La distribución revela varias cosas a la vez. Primero: que el sistema está diseñado fundamentalmente para sostener a una población envejecida y cada vez más dependiente de jubilaciones y pensiones básicas. Segundo: que el margen presupuestario para otras formas de protección social es extremadamente reducido. Y tercero: que incluso dentro del gasto social civil, la asistencia social directa ocupa un espacio casi invisible frente al peso de las pensiones tradicionales.

Eso significa menos recursos para ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad extrema: ancianos sin amparo familiar, personas con discapacidad sin historial contributivo suficiente, madres solteras en condiciones precarias, familias de bajos ingresos y otros beneficiarios de subsidios estatales no vinculados directamente a una pensión laboral.

También refleja el impacto demográfico de la crisis cubana. Con una de las poblaciones más envejecidas de América Latina y una emigración masiva de personas en edad laboral, el sistema debe destinar más dinero para sostener una base creciente de pensionados, mientras disminuye el número de trabajadores activos que financien el esquema contributivo.

Pero el aumento del gasto tampoco se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida para los beneficiarios. Tras la "Tarea Ordenamiento", la inflación, la devaluación del peso cubano y el cambio de escala monetaria erosionaron profundamente el valor real de las prestaciones. Aunque las cifras nominales crecieron, las pensiones promedio rondaban apenas los 2.000 pesos mensuales en 2024, equivalentes a unos cinco o seis dólares al tipo de cambio informal promedio del año.

Incluso incorporando los 22.000 millones de pesos adicionales anunciados en 2025, el gasto actualizado del régimen de seguridad social ascendería a unos 63.153,6 millones de pesos anuales bajo la escala monetaria posterior al Ordenamiento. Dividido entre cerca de 1,7 millones de pensionados y distribuido en 12 meses, el resultado ronda los 3.100 pesos mensuales por beneficiario. Sin embargo, al tipo de cambio informal actual —alrededor de 545 CUP por dólar— esa cifra vuelve a equivaler a apenas unos cinco o seis dólares mensuales por pensionado: el mismo valor real estimado dos años antes, pese al aumento nominal de las pensiones.

En términos prácticos, eso significa que el sistema concentra casi todo su presupuesto en pensiones cuyo poder adquisitivo real, año tras año, resulta insuficiente incluso para cubrir la parte más básica de la alimentación mensual.

Las cifras reflejan así una de las principales fracturas del modelo económico cubano actual: el gasto social crece en los balances oficiales, pero pierde capacidad real para garantizar condiciones mínimas de vida, lo que genera una percepción distorsionada de la gestión estatal mientras se profundiza el empobrecimiento de la población.

Los resultados de esta suerte de espejismo del bienestar saltan a la vista.