La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al preso político cubano Onaikel Infante Abreu, recluido en la cárcel de Agüica, donde, en enero, fue "brutalmente golpeado, torturado con las esposas llamadas 'shakiras', inyectado, sedado y luego violado sexualmente por reclusos comunes enviados por las autoridades del penal, mientras lo mantenían en una celda de castigo", denunció el Centro por una Cuba Libre.
Así, la CIDH consideró que Infante Abreu "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba". Al propio tiempo, la comisión corroboró las denuncias de torturas contra el reo y denunció que el régimen cubano no proporcionó información al respecto.
En tal sentido, la CIDH sostuvo que "no contó con respuesta por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo del beneficiario, ni sobre eventuales investigaciones acerca de los hechos narrados. En especial, preocupa que no se dispone de información respecto de atenciones médicas o intervenciones que pudieran revertir el deterioro de salud señalado".
En aras de proteger a Infante Abreu, la organización solicitó a La Habana que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" del preso político, así como que "implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la persona beneficiaria sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia".
Asimismo, demandó que "realice de inmediato una valoración médica integral sobre su situación de salud física y mental, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes". Al propio tiempo, exigió a las autoridades penales del régimen que "garanticen el contacto regular y el acceso con sus familiares y representantes".
Recientemente, el Centro de Denuncia de Cuba Decido alertó que Infante Abreu "permanece en una situación de extrema vulnerabilidad por ejercer su derecho a la protesta pacífica". Así, detalló que la dura agresión sufrida por él en enero "fue perpetrada por reclusos comunes bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, funcionando como un mecanismo de castigo contra la disidencia".
Al conocer estos hechos, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU los calificó de "una barbaridad", al tiempo que enfatizó que "el régimen cubano es responsable por los terribles abusos continuos contra los presos políticos de la Isla y los presos de conciencia".
Tras el hecho, su esposa pudo verlo en prisión y dijo al Centro por una Cuba Libre: "Onaikel es una persona que tiene 37 años y parece que tiene 80. Al entrar él a la visita, se me desmayó en los brazos. Lo tienen medio loco; me lo sacaron empastillado, no podía hablar bien, con la lengua enredada".
Infante Abreu está en prisión desde octubre de 2023. Fue condenado a ocho años de privación de libertad por poner una sábana en la azotea de su residencia en La Habana con la frase "Patria y Vida".
Según resaltó el Centro por una Cuba Libre, "su caso es una muestra de que la libertad de expresión no se respeta en Cuba, y así está codificado en las draconianas leyes que rigen el destino de la Isla".
