La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba", indicó la organización en un comunicado al respecto.
Como es habitual en estos casos, la CIDH solicitó información al régimen de La Habana, que se negó a proporcionarla. No obstante, la entidad internacional "valoró que el beneficiario no estaría recibiendo atención médica adecuada ni contaría con acceso regular a medicamentos o a su documentación clínica, a pesar de las diversas acciones emprendidas a nivel interno", sostuvo, al tiempo que cuestionó las "condiciones precarias de su detención".
García Caso padece enfermedades crónicas físicas y de salud mental, las cuales se agravaron de forma notable durante la huelga de hambre de 40 días que llevó a cabo recientemente. La CIDH denunció, además, que sus condiciones actuales son "incompatibles con los estándares internacionales". A ello se suma el aislamiento y la alimentación deficiente.
A raíz de una situación de clara vulnerabilidad, la organización exigió al régimen cubano que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Yosvany Rosell García Caso". Asimismo, demandó que "implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la persona beneficiaria sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia".
Al propio tiempo, le exigió que "realice de inmediato una valoración médica integral sobre su situación de salud física y mental, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes".
La CIDH le exigió al régimen, además, que "asegure el acceso inmediato a alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales; así como a agua potable en cantidad suficiente y de forma continua".
García Caso, condenado por el régimen a 15 años de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio, protagonizó entre octubre y diciembre de 2025 una larga huelga de hambre que lo mantuvo al borde de la muerte y que movilizó a la sociedad civil dentro y fuera de Cuba.
El preso político abandonó finalmente la protesta el 2 de diciembre, pero permaneció poco más de una semana en terapia antes de ser devuelto a prisión, pese a su evidente fragilidad física. Su esposa considera que el traslado fue prematuro y responde más a una decisión administrativa que a criterios médicos.
En tal sentido, el grupo de asesoría legal Cubalex enfatizó: "La prisión política en Cuba pone en riesgo real la vida de las personas encarceladas y se sostiene sobre la negación sistemática de derechos y la impunidad".
En un informe al respecto, Cubalex alertó sobre violaciones al debido proceso en la tramitación de la licencia extrapenal por razones de salud solicitada a su favor. "El tribunal se negó a entregar constancia de la solicitud, extendió injustificadamente los plazos y dejó a la familia sin mecanismos para reclamar, mientras la vida de García Caso continúa en riesgo", subrayó.
El ensañamiento del régimen contra García Caso da cuenta de que, como indicó recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un informe, "estamos ante un Estado que administra la represión, pero no busca soluciones para los graves problemas de la gente".
