El estado calamitoso de las cárceles del régimen cubano es una constante que vulnera los derechos humanos de miles de prisioneros y los mantiene sometidos a condiciones de extrema gravedad, en las que la dignidad de la vida es insostenible. Así lo denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) en su más reciente informe al respecto, publicado esta semana.
La organización detalló que, en diciembre, registró 87 eventos relacionados con personas privadas de libertad. "De estos, 71 ocurrieron dentro de prisiones y centros de instrucción penal, y 61 de ellos implicaron algún tipo de violación a los derechos de las personas recluidas", sostuvo.
Indicó, asimismo, que las violaciones fueron documentadas en 33 cárceles y centros de detención, ubicados en 14 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud. Los territorios con mayor número de denuncias fueron La Habana, Holguín y Mayabeque, y entre los centros penitenciarios destacaron la Prisión Provincial de Holguín, la Prisión Provincial de Las Tunas, la Prisión de Boniato (Santiago de Cuba) y la Prisión de Guamajal (Villa Clara).
Al menos 48 personas privadas de libertad (7 mujeres y 41 hombres) fueron identificadas como afectadas por algunas de estas violaciones. Entre ellas, los presos políticos Yosvany Rosell García Caso (Prisión Provincial de Holguín) y Leoncio Rodríguez Ponce (Prisión Provincial de Las Tunas) fueron quienes más actos represivos acumularon en su contra.
Asimismo, ocho denuncias hicieron referencia a situaciones que afectaron al conjunto de la población penal de determinados establecimientos, como cuando el teniente coronel Orlando Fernández impidió que los reclusos de la Prisión Provincial de Ciego de Ávila recibieran los alimentos que les llevaron sus familiares el 31 de diciembre, algo que se repitió en otros establecimientos del país.
Como ya es recurrente, los grupos vulnerables más afectados por este panorama hostil fueron los presos políticos, los afrodescendientes y quienes viven con enfermedades crónicas, para quienes la vida en prisión es cada vez más insostenible debido a la falta de medicamentos y atenciones.
"Las denuncias por malas condiciones de vida en prisión abarcaron prácticamente todos los ámbitos en que se desarrolla el día a día de las personas reclusas: comida insuficiente, mal elaborada y en mal estado, desnutrición, abasto insuficiente de agua, infraestructuras deficientes, falta de colchones, plagas de roedores e insectos y brotes epidémicos", enfatizó el CDPC.
Como castigo por las denuncias de estas situaciones les fueron restringidas o vigiladas las comunicaciones, entre otros, a Alfonso Pérez López (Prisión de Guamajal, Villa Clara), Jorge Martín Perdomo (Campamento de trabajo forzado "Ho Chi Minh", Mayabeque) y Pedro Luis Fernández Peralta (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque).
Otros castigos usados para reprimir a quienes denunciaron las violaciones de sus derechos fueron el envío a celda de castigo y el traslado a una prisión alejada de su provincia de residencia. Asimismo, las autoridades violaron de forma sistemática el derecho a la comunicación oportuna de varios reclusos, "para que no pudieran comunicar el delicado estado de salud en que se encuentran". De igual forma, los agentes represivos insistieron en la práctica de trasladar a celdas de castigo a quienes se declaran en huelga de hambre.
"A estos procederes, violatorios de varios de los derechos de los reclusos recogidos en las Reglas Mandela, se suman los maltratos físicos practicados por los guardias con total impunidad", denunció el CDPC, que se refirió además a la negación o restricción del derecho a beber agua y otros métodos de intimidación.
El informe indicó que, "al igual que en meses anteriores, se recogieron denuncias que señalan prácticas de corrupción por parte de las autoridades, como el robo de pertenencias de los reclusos, la tolerancia con el tráfico de drogas y la apropiación para beneficio personal del trabajo que realizan los presos".
