Tras el motín ocurrido durante la madrugada del jueves 19 de febrero en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, el régimen ha sumado, a la respuesta violenta y los presuntos muertos en el acto, numerosos traslados a otros centros penitenciarios para aislar a los cabecillas, al tiempo que incrementa las habituales dosis de represión, todo bajo un halo de secretismo y con las familias en la incertidumbre, a juzgar por los informes de organizaciones como Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Así, la primera de dichas organizaciones alertó que "ya son 42 presos trasladados a Kilo 8 (Camagüey) tras la masacre de Canaleta. Entre ellos hay al menos un preso político". "Llegan golpeados, con fracturas de cráneo, costillas, codos, tobillos y sin pertenencias. Algunos no pueden ni hablar del dolor que tienen. Otros permanecen incomunicados", enfatizó.
La ONG destacó que "Luis Fariña fue uno de los presos más brutalmente golpeados durante el motín". Hoy está en Neurología del hospital de Morón, a 40 km de la prisión. "Su familia no ha sido informada. Su estado se conoce por la información que llega desde dentro, de otros presos testigos de la brutal agresión", sostuvo, al tiempo que citó a uno de ellos, quien relató que Fariña "está súper grave". "Si se salva, va a estar como un vegetal", lamentó.
Al propio tiempo, el régimen insiste en evitar que salga a la luz cualquier información acerca de lo sucedido. Sin embargo, ni la dispersión ni las amenazas ni la represión han impedido que se muevan las redes de la comunicación carcelaria y que la opinión pública pueda conocer versiones del motín que, si bien son incompletas, dan cuenta de la violencia y de las muertes que son negadas por las autoridades penitenciarias.
Así, el CDPC expresó su preocupación por el paradero del preso político Orlando Almenares Reyes, uno de los principales actores que permitió al mundo conocer lo que ocurría en Canaleta. "Nuestra fuente en el terreno no ha podido verificar su ubicación actual; otras fuentes señalan que podría haber sido trasladado a la prisión de Agüica, en Matanzas", indicó la organización en su perfil de Facebook.
Asimismo, denunció que "las autoridades penitenciarias señalan al preso político Danisbel Labrada Morales como uno de los principales líderes del motín, buscando encausarlo nuevamente".
"Las Reglas Mandela de la ONU establecen que los traslados utilizados como represalia por denuncias o participación en protestas constituyen una violación del derecho internacional. Los traslados masivos a otras provincias son un mecanismo documentado de represalia y silenciamiento que el CDPC ha registrado en reiteradas ocasiones dentro del sistema penitenciario cubano", subrayó.
En una declaración enviada el pasado sábado a DIARIO DE CUBA, el Consejo para la Transición Democrática dijo que el detonante en esta ocasión fue la protesta de un joven que, desmayado de hambre, reclamó por la falta de comida. "Brutalmente golpeado por carceleros de la prisión, apareció más tarde ahorcado en su celda. En solidaridad y como protesta, presos políticos y comunes protagonizaron el motín, que fue sofocado con balas de goma y gas pimienta".
Según el CTDC, esto costó la vida de más de diez reclusos y dejó heridos a muchos otros. "Estas cifras deben ser verificadas. Durante el motín, el grito unánime fue 'Patria y Vida' y 'libertad' para el pueblo de Cuba", añadió la nota.
La denuncia sostiene que lo sucedido en Canaleta evidencia la situación estructural del sistema penitenciario cubano y advierte que el estado de las cárceles será uno de los temas a debatir en el Foro de Acción Amnistía 2026.
Es increible que al día de hoy no se sepa más nada que algunas conjeturas.