La utilización por parte del régimen de Cuba del sistema judicial como arma represiva es un hecho denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos, así como por las propias víctimas de un entramado diseñado para servir al poder y no a la justicia. En tal sentido, tras más de siete meses en prisión provisional, este miércoles será juzgado, sin garantías, el preso político Leonard Richard González Alfonso, alertó la ONG Prisoners Defenders.
La Fiscalía del régimen pide ocho años de prisión para González Alfonso, acusado de "propaganda contra el orden constitucional" por escribir en una pared de La Habana "Hasta cuándo" y "Nos están matando".
"No hubo violencia. No hubo daños. Solo palabras", resaltó la organización, que enfatizó que "en Cuba se juzga si escribir una pregunta es delito". Al propio tiempo, consideró desmedida la petición fiscal "por una expresión simbólica y pacífica".
Sobre González Alfonso, Prisoners Defenders dijo que es un artista y padre que "vive con depresión profunda y trastorno de la personalidad". "Ha intentado quitarse la vida en tres ocasiones y en prisión no recibe tratamiento psiquiátrico", denunció.
En este contexto, la ONG elevó a 1.207 la cifra de personas que permanecen en las cárceles del régimen cubano por razones políticas. Con 18 ingresos en enero, este número constituye, según la organización, un nuevo récord histórico.
Al propio tiempo, este mes, activistas cubanos entregaron una petición ciudadana a la Asamblea Nacional, exigiendo una ley de amnistía. "La libertad de nuestros presos políticos, en medio de la crisis humanitaria que vive el país, es un tema urgente que interpela hoy a la responsabilidad, el sentido de justicia y el humanismo de cada cubano, y es, asimismo, un punto que ha logrado articular a un espectro amplísimo de opiniones", indicaron.
Esta acción, que demuestra el avance organizativo en la sociedad civil cubana, es cada vez más necesaria, toda vez que los observatorios que monitorean el comportamiento de los derechos humanos en Cuba alertan sobre "la continuidad de un patrón de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas independientes, opositores políticos, artistas, comunicadores y otras personas que ejercen sus derechos fundamentales".
En tal sentido, el Centro de Denuncias Defensa CD publicó esta semana su informe correspondiente a enero, cuando registró 328 violaciones de derechos humanos en el país, que afectaron a 202 víctimas. Del total de personas documentadas, 106 fueron mujeres (52,5%) y 96 hombres (47,5%).
"En enero se documentaron 139 detenciones arbitrarias, una cifra que evidencia el uso sistemático del arresto como mecanismo de intimidación y control social", detalló.
Al propio tiempo, denunció que el prisionero político Onaikel Infante Abreu, de 37 años, "fue víctima de una brutal agresión física y sexual en la prisión de máxima seguridad de Agüica, en Matanzas".
Según la organización, "la agresión fue perpetrada por reclusos comunes bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, funcionando como un mecanismo de castigo contra la disidencia". Así, denunciaron que Infante Abreu "permanece en una situación de extrema vulnerabilidad por ejercer su derecho a la protesta pacífica".
"Los hechos documentados en enero demuestran que la represión continúa siendo una práctica sistemática, que combina detenciones arbitrarias, violencia carcelaria y mecanismos de intimidación para desalentar cualquier forma de expresión independiente", enfatizó.
