Una publicación en redes sociales le costó horas de interrogatorio en condiciones que clasifican como una forma de tortura y una amenaza de cárcel al opositor y exprisionero político cubano Michael Hernández Medina, denunció este domingo el centro de asesoría legal Cubalex.
Hernández Medina, miembro del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, fue citado en Pinar del Río y trasladado al Centro de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado, conocido como el técnico, "mediante engaños", según la publicación en Facebook de la organización defensora de derechos humanos.
Hernández Medina, quien padece VIH, fue interrogado "en condiciones de frío extremo", según el testimonio de su madre, Marilyn Medina Chala, quien no tuvo información sobre él durante las cuatro horas que duró el interrogatorio, relató Cubalex.
Las amenazas y el hostigamiento al que fue sometido el activista se basaron en una publicación que hizo en las redes sociales, presumiblemente crítica con el régimen cubano, de acuerdo con el testimonio de la madre, citado por el grupo de asesoría jurídica.
Aunque fue liberado, Hernández Medina fue advertido de que la Seguridad del Estado lo vigila y tiene abierto un expediente como "contrarrevolucionario". También le prohibieron seguir haciendo publicaciones o será encarcelado.
Cubalex llamó la atención sobre las violaciones de artículos del Código Penal y de la Ley del Proceso Penal en las que incurrió la Seguridad del Estado en el caso del opositor, que solo habría ejercido su derecho a la libertad de expresión mediante sus publicaciones.
"Estas acciones constituyen una violación a la libertad de expresión y un delito de tortura, sancionado en el Artículo 368 del Código Penal cubano", señaló el grupo de asesoría jurídica en referencia a las amenazas que recibió el opositor, así como las condiciones en las que fue sometido a interrogatorio.
La ONG recordó además que el Artículo 326 de la Ley del Proceso Penal de Cuba "reconoce que las grabaciones de audio y video realizadas por particulares son válidas" y apuntó que "ningún funcionario puede impedir documentar abusos alegando ilegalidad".
El acorralamiento del que fue víctima Hernández Medina este fin de semana, el más reciente que sufre a manos de la Seguridad del Estado, demuestra que el régimen cubano es el primero en violar sus propias leyes, a pesar de que son creadas según sus intereses.
A finales de mayo, el opositor fue arrestado durante un registro policial de su vivienda, que fue realizado sin que existiera una orden judicial, luego de que aparecieron unos carteles antigubernamentales en el poblado pinareño Antonio Briones Montoto, donde reside.
Pese a que los agentes no encontraron nada durante la exhaustiva revisión de la casa, a Hernández Medina le fue confiscado un teléfono e intentaron fabricarle un delito para enviarlo nuevamente a prisión.
Durante esa detención, que se prolongó durante varios días, el opositor pinareño no recibió atención médica a pesar de su condición de salud y de que tenía fiebre.
Entre 2023 y 2024, Michael Hernández Medina cumplió una sentencia de un año de cárcel por el supuesto delito de desacato.
En estos momentos, varios cubanos cumplen sanciones o esperan juicio en prisión por sus publicaciones en redes sociales.
Entre ellos se encuentran Yaser García López, sobre quien pesa una petición fiscal de ocho años de cárcel: seis por el cargo de "propaganda contra el orden constitucional" y dos por "desórdenes públicos"; Alexander Fábregas, condenado a siete años de prisión en marzo por el supuesto delito de "propaganda contra el orden constitucional", y Sulmira Martínez quien podría pasar diez años bajo reclusión por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen.
