El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó en julio 203 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, "la cifra más alta de los últimos tres años y un incremento del 23% respecto a junio, consolidando una tendencia ascendente que se mantiene desde marzo", indicó el reciente informe publicado al respecto.
Este récord represivo, que "se enmarca en una grave crisis económica y social caracterizada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación y creciente descontento ciudadano", expuso la organización, estuvo marcado por "detenciones arbitrarias (92) y amenazas o agresiones psicológicas (80) como ejes centrales de una estrategia preventiva y punitiva", detalló.
Las acciones, que fueron dirigidas principalmente por la Seguridad del Estado (67,57 % de los hechos), demuestran la existencia de una política de Estado planificada y coordinada, toda vez que el sistema judicial y el penitenciario estuvieron al servicio de la represión.
Así, los principales focos a los largo del mes de julio, estuvieron, según el ICLEP, en el operativo para impedir la asistencia de activistas y periodistas a la recepción del Día de la Independencia de EEUU en La Habana, así como en la escalada de represión en el cuarto aniversario del 11J, con más de 40 personas afectadas, incluidas 14 periodistas, y el hostigamiento sistemático contra periodistas como Camila Acosta, Yunia Figueredo, Jorge Fernández Era y Ángel Cuza.
Asimismo, otros focos fueron los castigos penitenciarios y represalias contra presos políticos como Maykel "Osorbo" Castillo, Cristian Jorge Labrada y Marcos de la Luz Caballero, además de "los procesos judiciales con peticiones fiscales desproporcionadas contra manifestantes por apagones, evidenciando la criminalización de la protesta social".
El ICLEP precisó que "las violaciones abarcaron 13 provincias, con La Habana concentrando 96 casos. Entre las 90 víctimas identificadas hubo 28 activistas, 18 periodistas, 14 opositores, nueve presos políticos, cinco ex presos políticos, 14 ciudadanos sin vinculación política y dos artistas, lo que refleja el carácter transversal de la represión".
Los hechos de julio se suman a una espiral represiva que muestra, desde enero, un total de 830 violaciones, así como un crecimiento sostenido desde marzo, "con 'pisos' cada vez más altos de represión", indicó el ICLEP y sostuvo que "la proyección anual, aun considerando descensos estacionales, prevé que 2025 se sitúe como uno de los años más represivos del trienio, con más de 1.000 casos".
En tal sentido, "el ICLEP alerta que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una política estructural de silenciamiento y control social, e insta a organismos como la UNESCO, la CIDH, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas a ejercer presión política y diplomática para exigir el cese de estas prácticas y brindar apoyo directo a las víctimas", concluyó.
