En consonancia con el informe publicado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), este martes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) también denunció un aumento de la represión ejercida por el régimen cubano en abril, como parte de un informe particularmente enfocado a las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
"En abril se registraron 112 agresiones, lo que representa un incremento del 16,67% respecto al mes de marzo, cuando se registraron 96 violaciones", indicó la organización y sostuvo que "este repunte no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia estructural y planificada de represión sistemática que se intensifica a medida que el régimen enfrenta mayor cuestionamiento ciudadano". Así, "las violaciones documentadas evidencian la existencia de un modelo totalitario sostenido por múltiples brazos represivos, cuya finalidad es sofocar cualquier disidencia o manifestación crítica".
Del total de agresiones en abril, 97 se relacionan con la libertad de expresión y 15 con la libertad de prensa. Entre los indicadores figuran: 55 detenciones arbitrarias, 33 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 14 usos abusivos del poder estatal, cuatro restricciones en el espacio digital, cuatro reclusiones y dos agresiones físicas, detalló el ICLEP.
Las violaciones ocurrieron en diez provincias, siendo las más afectadas: Matanzas (36), La Habana (32), Villa Clara (21) y Mayabeque (7). Los principales perpetradores vuelven a ser los órganos represivos del Estado: la Seguridad del Estado participó en 67 casos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en 56 y el sistema penitenciario en nueve.
Asimismo, el ICLEP resaltó que "entre las víctimas se identificaron: 22 activistas, nueve periodistas, siete presos políticos, cuatro opositores, tres ciudadanos, un artista/creador y dos organizaciones".
Entre las víctimas, 26 son mujeres y 20 son hombres. Las Damas de Blanco continúan siendo uno de los principales objetivos del aparato represivo; sus integrantes fueron detenidas al menos en cuatro ocasiones durante el mes, con el fin de impedirles asistir a misa y orar por la libertad de los presos políticos.
Los ataques contra el ecosistema informativo independiente también se intensificaron, destacó el ICLEP. "El periodista Carlos Michael Morales sufrió la extensión arbitraria de su sanción penal por cinco meses y el tribunal rechazó su contrato laboral privado mientras lo quiere obligar a vincularse al Estado, una práctica que simula legalidad, pero que encubre una forma de servidumbre forzada. La periodista de Cubanet Camila Acosta fue acosada por agentes sin identificación mientras cubría la procesión del Viernes Santo, y Adelth Bonne Gamboa denunció amenazas reiteradas en las redes sociales por parte de usuarios afines al régimen", detalló la organización.
Asimismo, "a raíz de la conmemoración del Primero de mayo, varios periodistas y directores de medios comunitarios del ICLEP fueron sometidos a vigilancia y amenazas de encarcelamiento si salían de sus casas o cubrían las marchas oficiales. Este operativo de represión preventiva demuestra que el régimen no reacciona a los hechos, sino que planifica y ejecuta acciones represivas con antelación para garantizar el control total del relato público".
El ICLEP denunció, además, que "la censura también se trasladó a los medios estatales. A la gloria deportiva Omar Ajete le apagaron el micrófono en plena transmisión de un partido de béisbol por denunciar la falta de atención a exatletas. Asimismo, el historiador Julio César González Pagés fue excluido del programa 'Alerta en Series' por sus análisis sobre desigualdad y violencia juvenil. Ambos casos reflejan la intolerancia absoluta del régimen ante cualquier crítica, incluso cuando proviene de figuras prestigiosas".
Además de las violaciones directas a la libertad de expresión y de prensa, el ICLEP identificó vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales conexos, entre ellos: el derecho a la participación política y en la vida pública, el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la protección contra la detención arbitraria, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la manifestación libre de creencias y el derecho a la integridad y seguridad personal.
Como conclusión, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa subrayó que "los datos y testimonios aquí presentados no son simples cifras: son la evidencia viva de una nación que lucha por expresarse frente a un aparato totalitario que le niega voz, derechos y dignidad".
