'La represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida'

Tras analizar detalladamente las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Cuba entre julio y diciembre de 2024, el grupo de asesoría legal Cubalex, en un informe al respecto, concluyó que "la represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior".

"Su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos", denunció.

Durante el periodo analizado, Cubalex documentó 1.686 hechos violatorios de derechos humanos en todo el territorio nacional, lo que equivale a un promedio de más de nueve incidentes diarios. Las acciones represivas ocurrieron en todas las provincias de la Isla, siendo La Habana, Villa Clara y Matanzas las más afectadas.

La organización detalló que "las víctimas directas ascendieron a 839 personas, muchas de ellas activistas, periodistas y ciudadanos sin afiliación política, de las cuales más de 500 sufrieron múltiples vulneraciones, lo que evidencia una represión sistemática y selectiva".

En tal sentido, Cubalex subrayó que "las principales formas de represión identificadas incluyen violaciones contra personas privadas de libertad, detenciones arbitrarias, traslados forzosos, citaciones ilegales, cortes selectivos de internet, censura digital y diversas expresiones de violencia física y psicológica"

Asimismo, la organización no gubernamental registró 25 muertes bajo custodia estatal, vinculadas a negligencia médica, tratos inhumanos o agresiones por parte de funcionarios penitenciarios, así como cuatro ejecuciones extrajudiciales.

Cubalex resaltó, además, que "el contexto de crisis energética que atravesó el país propició al menos 166 protestas públicas, que fueron reprimidas con fuerza por las autoridades mediante militarización de espacios, detenciones masivas, interrupciones del servicio de internet y amenazas judiciales".

De igual forma, "las detenciones arbitrarias siguieron un patrón constante, especialmente contra integrantes de las Damas de Blanco, acompañadas de actos de violencia física y psicológica, tanto en entornos físicos como digitales".

Además, Cubalex denunció la instrumentalización de leyes como la nueva Ley de Comunicación Social, para justificar la represión. "Se mantienen restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de movimiento y de religión, en un contexto de ausencia total de mecanismos efectivos de justicia", enfatizó.

Aunque el número de hechos represivos fue ligeramente menor en comparación con el semestre anterior (una disminución del 10 %), Cubalex advirtió que "esta reducción no implica una mejora de las condiciones de derechos humanos. Por el contrario, refleja un perfeccionamiento de las técnicas represivas y una mayor severidad en sus consecuencias".

El análisis confirma la persistencia de los 14 patrones represivos documentados previamente e incorpora una nueva categoría: la impunidad. "Esta refleja la falta absoluta de investigaciones, sanciones o mecanismos de rendición de cuentas frente a las violaciones documentadas", indicaron los juristas.

En el periodo analizado, la organización detectó "una intensificación de la persecución económica, particularmente contra trabajadores por cuenta propia, quienes fueron objeto de multas que superan los 600 millones de pesos en cinco meses, como método de castigo político y control social".