El 23 de septiembre quedó concluso para sentencia el juicio contra el preso político Yaser García López, con una petición fiscal de ocho años de cárcel: seis por el cargo de "propaganda contra el orden constitucional" y dos por "desórdenes públicos", informó este jueves el centro de asesoría legal Cubalex.
El caso estuvo bajo la responsabilidad del fiscal Frank Julio Cotilla Rodríguez y el juez ponente Justo Gustavo Faife Hernández, del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.
Según Cubalex, el proceso contra García López vulnera derechos básicos como la libertad de expresión y busca castigar de forma ejemplarizante la postura crítica del imputado, manifestada principalmente en sus publicaciones en redes sociales.
"El sistema penal se utiliza como herramienta de control político para criminalizar el disenso y reprimir el ejercicio legítimo de derechos fundamentales", advirtió la organización, que alertó sobre la gravedad de este juicio y exigió respeto a los derechos humanos del activista.
Amenazas de muerte en la prisión de Las Mangas
De forma paralela, el preso político Alexander Guzmán Silva, encarcelado en la Prisión Provincial de Granma (Las Mangas), denunció que fue amenazado de muerte por un recluso común.
Según relató en conversación telefónica con CubaNet, el 20 de septiembre un preso identificado como Leosdanis Coureilla Moreno se le acercó y lo intimidó con estas palabras: "Yo puedo ahora mismo caerte a puñaladas y dejarte frío ahí donde estás sentado. También puedo ponerte droga en la celda y que te echen diez años".
Guzmán señaló que Coureilla, condenado por robo con fuerza, se reunió días antes a puertas cerradas con oficiales del centro penitenciario. Poco después de ese encuentro comenzaron los insultos y el hostigamiento contra él. El activista asegura que los militares están buscando fabricar un pretexto para aplicarle una condena adicional.
El joven, de 25 años, fue arrestado el 23 de mayo de este año tras participar en una protesta pacífica en Bayamo, su ciudad natal. Es director de Impacto Juvenil Republicano, rama del Partido Republicano en Granma, y antes de ser encarcelado trabajaba como vendedor ambulante de pan y confituras.
Guzmán informó de las amenazas al jefe de pelotón de la prisión y a una psicóloga civil del centro, pero hasta ahora no se han tomado medidas. Aunque un oficial le aseguró que "tomarían cartas en el asunto", el recluso agresor continúa sin sanciones.
Consultado sobre el caso, el abogado Alain Espinosa, del centro legal Cubalex, recordó que el Reglamento de Prisiones y la Ley de Ejecución Penal obligan a las autoridades a actuar para prevenir la violencia entre reclusos y garantizar la seguridad de los presos.
Sin embargo, Espinosa subrayó que en el caso de los presos políticos muchas veces son los propios funcionarios de Orden Interior o de la Seguridad del Estado quienes ordenan a presos comunes amenazarlos, o en el mejor de los casos permiten estas agresiones sin intervenir. "Este tipo de actuaciones violan la legislación interna, el principio de no discriminación y las Reglas Mandela de la ONU", recalcó.
