Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos cubanos son una constante en las cárceles de la Isla. En tal sentido, las amenazas, represalias, medidas arbitrarias, acoso y violencia son un panorama de todos los días en los centros penitenciarios del régimen. Los casos de Michael Hernández Medina, Yosvany Rosell García y Manuel de Jesús Rodríguez García así lo demuestran.
En el caso de Hernández Medina, ex preso político, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que, tras ser detenido de forma arbitraria el pasado 30 de mayo en Pinar del Río, las autoridades represivas del régimen intentan fabricarle cargos y enviarlo nuevamente a prisión, en lo que "constituye una grave violación al debido proceso y se suma a las torturas psicológicas que ha sufrido desde su arresto".
Cubalex detalló que la detención ocurrió tras un registro policial en su vivienda, durante el cual le decomisaron el teléfono y se lo llevaron detenido, acusándolo por la aparición de carteles antigubernamentales el día anterior en la localidad Antonio Briones Montoto. En tal sentido, su madre, Marilyn Medina Chala, denunció que la Seguridad del Estado está presionando a Hernández Medina para que se autoinculpe.
"Forzar a una persona a autoinculparse sin pruebas en su contra vulnera su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, principios fundamentales reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos", recalcaron los juristas.
Asimismo, subrayaron que "durante el registro no se hallaron evidencias que respalden la acusación, y las autoridades intentaron sin éxito manipular a vecinos para que declararan en su contra". Sin embargo, Hernández Medina continúa detenido bajo amenazas en El Técnico de Pinar del Río, a pesar de su delicado estado de salud, con fiebre y un notable deterioro físico, sin recibir atención médica adecuada.
De igual forma, y como prueba de que "la represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida", según resaltó Cubalex en un informe reciente, el preso político del 11J Yosvany Rosell García Caso lleva más de siete meses sin recibir atención médica adecuada en la prisión Cuba Sí, en Holguín, denunció su esposa, Mailin Sánchez, en su perfil de Facebook.
"Sigue sin recibir atención médica estomatológica", dijo Sánchez, al tiempo que indicó que "solo tienen ese privilegio los guardias". "Lo exigimos porque la ética profesional de cada médico se lo expresa en su juramento", dijo, y subrayó que se trata de una cuestión de "humanidad".
Asimismo, las autoridades penitenciarias impidieron que García Caso viera a Sánchez en mayo, tan como establece el reglamento. El preso político, quien ha realizado varias huelgas de hambre como protesta, es padre de tres hijos y fue condenado a 15 años de prisión tras el 11J.
Además, como otra muestra de la represión penitenciara en Cuba, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, a quien le quedan apenas unos días para extinguir su sanción, lleva más de una semana en huelga de hambre en la Prisión Kilo 5 y medio, de Pinar del Río, en señal de protesta por la acusación por supuesta agresión contra un oficial penitenciario con la que las autoridades represivas buscan extender la condena del activista, representante de la iniciativa Cuba Primero en su localidad.
"Mi hijo se declaró en huelga de hambre el 28 de mayo en protesta contra la maniobra de las autoridades penitenciarias y judiciales que lo quieren procesar en una nueva causa por un delito de atentado", dijo a Martí Noticias la madre del reo, Nilda García Fleitas.
"Ahora dicen que no puedo ni salir del país ni salir de la prisión mientras tomen las decisiones de lo que van a hacer", lamentó Rodríguez García en una conversación con Martí Noticias a finales de mayo. El preso político fue condenado a ocho años de privación de libertad en 2016, por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones.
Así, "la magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos", denunció Cubalex en el citado informe.
