Operativos policiales, registros domiciliarios, confiscación de materiales de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas y citaciones ilegales son algunas de las acciones que, en los últimos días, han llevado a cabo las autoridades represivas del régimen contra activistas y periodistas independientes en Pinar del Río, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex en su perfil de Facebook.
El 9 de mayo, el activista Roberto Blanco Gil fue víctima de una detención arbitraria durante un operativo policial en su domicilio. Los oficiales, junto con dos miembros del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), llevaron una orden de registro y alegaron que tenían información de que Blanco Gil había recibido armas de fuego procedentes de un desembarco por la costa norte de La Palma, y que el envío fue realizado por Conrado Rodríguez Suárez, un ex preso político que reside en EEUU y a quien el régimen cataloga como terrorista.
Durante el registro, precisó Cubalex, la Policía no encontró las armas de fuego, sin embargo, le confiscaron una laptop a Blanco Gil, junto a varias memorias flash y 20 libras de harina de trigo, que el activista utiliza para elaborar dulces y obtener su sustento.
Blanco Gil fue detenido y los represores lo amenazaron con condenarlo a 30 años de prisión por "terrorismo" si encontraban armas, y con abrirle "un expediente" si recibía cualquier artículo procedente del exterior.
Ese mismo día, 9 de mayo, los periodistas Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente Panorama Pinareño, fueron detenidos en San Juan y Martínez y les confiscaron los equipos que utilizan para su labor periodística, según informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Dos agentes de la Seguridad del Estado los trasladaron al centro de instrucción conocido como "El Técnico", donde recibieron amenazas de ser encarcelados por ejercer el periodismo independiente y por "vincularse con personas non gratas de la oposición". A Casares Soto, padre de un bebé recién nacido, le advirtieron que podría enfrentar el mismo destino que su hermano, José Rolando Casares, quien fue encarcelado por razones políticas en 2017.
Cubalex expuso, asimismo, que al activista Michael Hernández Medina las autoridades represivas lo acusan de "desacato", luego de haberlo detenido el 30 de abril para impedirle salir a la calle el 1 de mayo. Ahora, informó su madre Marilyn Medina Chala, los represores amenazan con trasladarlo a una prisión de La Habana.
Además, un agente de la Seguridad del Estado citó al activista Yoelexis Acosta Alonso y le dijo que, de no acudir, enfrentaría cargos por "desobediencia".
"Los periodistas independientes estuvieron entre los principales blancos de la represión que el régimen cubano llevó a cabo en abril contra la libre expresión", precisó el ICLEP en su informe mensual, publicado recientemente.
Según el registro de la organización, al menos 24 periodistas y comunicadores fueron víctimas de alguna de las 81 agresiones registradas durante abril. Entre estas agresiones, los miembros del ICLEP contabilizaron 27 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 22 restricciones en el espacio digital, 16 detenciones arbitrarias, 8 reclusiones, 6 usos abusivo del poder estatal y 2 agresiones físicas.
