El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 609 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas en Cuba en febrero de 2025. Si bien la cifra es inferior a la de enero, cuando la ONG registró 684 eventos, y menor a las acciones de este tipo registradas en febrero de 2024, que fueron 661, el OCC indicó que se trata de un subregistro, toda vez que los prolongados apagones en la Isla y el recorte en la asignación de fondos a las organizaciones de derechos humanos en Cuba han impedido contabilizar todos los hechos.
Los mencionados cortes eléctricos motivaron que la categoría de Servicios públicos, con 143 protestas y denuncias, quedara virtualmente empatada con la de Alimentación, inflación y agricultura, que ocupó el primer lugar en febrero entre todas las del registro del OCC, con 145.
"El mes de febrero siguió produciendo imágenes de cubanos desesperados por echarse algo a la boca; amargas quejas por la inestabilidad y progresivo encogimiento de la canasta básica de alimentos, incluyendo el panecillo diario y la leche para los niños; impotencia ante los inflacionarios precios de los víveres en los mercados de oferta y demanda; noticias de represión contra actores económicos privados y resentimiento hacia los nuevos mercados abiertos por el Gobierno para recaudar divisas", subrayó el OCC.
"Los desafíos al Estado policial (78) superaron a las acciones represivas (67) e incluyeron protestas presenciales con carteles y gritos, agudos artículos de escritores y periodistas independientes, posts sumamente críticos de miembros de la sociedad civil incluidos religiosos e intelectuales y ácidas reacciones de ciudadanos comunes contra la insoportable vida en que la élite de poder mantiene sumido al pueblo", agregó.
Asimismo, "la maquinaria represiva (61) no se detuvo ni en las prisiones ni en las calles, a pesar de que las excarcelaciones condicionadas de presos, interrumpidas en enero, se reanudaron el 27 de febrero".
El OCC destacó que "en el mes hubo que lamentar seis muertes de reclusos bajo custodia, incluyendo la de la presa política del 11J Yoleisi Oviedo Rodríguez por falta de atención médica oportuna. Hubo golpizas y castigos, confiscaciones, arrestos arbitrarios, amenazas e intimidaciones y cargos judiciales contra presos políticos, opositores y activistas y miembros de la sociedad civil".
De igual, forma, la ONG recalcó que "la inseguridad ciudadana acumuló 70 protestas o denuncias, entre ellas 11 acerca de asesinatos u homicidios producto de la violencia social, criminal o de género, siete sobre personas desaparecidas y 25 casos de robos, hurtos y asaltos".
Además, "la categoría Otros problemas sociales acumuló en febrero 61 protestas, denuncias o acciones cívicas. Se abordaron en esta clasificación entre otros temas los castigos a jóvenes que se resisten a pasar el servicio militar, los efectos del consumo de drogas que se extiende por la Isla, la influencia negativa de la crisis y la represión en los valores de los cubanos, mientras muchos otros se muestran solidarios".
La ONG resaltó que "en la columna de Salud Pública se contabilizaron 43 entradas. Muchas tuvieron que ver con el caso del niño Damir Ortiz, aquejado de una grave condición neurológica y necesitado de una visa humanitaria, para lo que las autoridades sanitarias deberían extenderle, pero se han negado, una carta admitiendo que no hay tratamiento para él en Cuba".
La respuesta gubernamental ante cada una de estas protestas fue la represión y la censura, limitando el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Estas acciones han sido condenadas por defensores de derechos humanos, quienes instan al Gobierno a atender las demandas legítimas de la población.
