El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba y la Asociación Raíces de Esperanza en España presentaron esta semana una propuesta de reforma constitucional enfocada en las garantías de la libertad académica, la eliminación de los sesgos ideológicos en la educación y que permita a instituciones públicas y privadas coexistir.
"La libertad académica, la diversidad cultural y la inclusión educativa consiguiente son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad armónica, democrática y pluralista. Estos principios no solo garantizan el efectivo acceso universal a una educación de calidad, que incorpore todos los elementos constitutivos de la sociedad, sino que también fomentan el pensamiento crítico, cada vez más fundamental en un mundo de veloces transformaciones tecnológicas, y la autonomía institucional esenciales para el progreso social y económico", señalan las organizaciones en una publicación en sus redes sociales.
Destacan que, en el caso de Cuba, la Constitución de 2019 establece la educación como un derecho universal y una responsabilidad del Estado, pero no aborda explícitamente la libertad académica ni permite la coexistencia de modelos educativos públicos y privados.
"Reformular la Constitución cubana en este aspecto es crucial para alinear el marco normativo con los estándares internacionales en relación a los derechos humanos, algunos de ellos reconocidos en la misma Constitución, y a la educación. Incorporar garantías explícitas de libertad académica, autonomía institucional y pluralidad educativa no solo fortalecería el sistema educativo, sino que también promovería una mayor participación ciudadana y reduciría las desigualdades sociales. Este debate no es meramente técnico o jurídico; se trata de construir un modelo educativo que refleje los valores de inclusión, diversidad y democracia, esenciales para el desarrollo sostenible y la cohesión social del país en el futuro sistema democrático al cual aspiramos los cubanos", sostienen.
El CTDC dice: "Aun cuando se menciona en el artículo 32, inciso f que: 'la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. Se estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo', la libertad académica no está explícitamente reconocida, un paso imprescindible que concretaría el enunciado expuesto en este inciso, que debe incluir también la libre investigación en las Humanidades".
"Aunque se menciona la promoción de la investigación científica, ella está condicionada por valores ideológicos que limitan la libre investigación, el pensamiento crítico y plural. Por ejemplo, los programas educativos, en todos los subsistemas educativos, incluyen contenidos ideológicos alineados con el Partido Comunista, del que emana una visión de la ciencia, y los profesores están obligados a mantener un discurso en función de la ideología que detenta el poder político, no el que provendría de la evolución del conocimiento y de la pluralidad de pensamiento que habita en la sociedad cubana. Los libros de texto también tienen esta limitación", explica la propuesta.
La iniciativa recuerda que desde la Ley de Nacionalización de la Enseñanza de 1961, toda la educación en Cuba es obligatoria y gratuita y construida bajo el monopolio estatal del sistema educativo. "Tal monopolio limita la condición pública de la educación, que involucraría a escuelas, padres y ciudadanos en su formulación. La Constitución de 2019 prolonga esta situación al no contemplar la posibilidad de la coexistencia de la educación pública y privada, de una educación mixta que combine estas dos formas o de instituciones alternativas que gestionen la educación fuera del monopolio del Estado", señala.
"Otro elemento para destacar son las restricciones del sistema educativo, marcado por la afiliación obligatoria a las directrices del Partido Comunista (PCC) para el crecimiento profesional docente, y la censura de contenidos críticos al régimen. La ausencia de autonomía universitaria y la prohibición de instituciones educativas privadas desde los años 60 limitan la diversidad de pensamiento y la crítica académica. En la Constitución de 2019, aunque se introducen menciones a la 'diversidad' (Art. 40-44) 2, no se permite la coexistencia de instituciones privadas, obstaculizando la pluralidad educativa y la competencia en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje".
Así, la propuesta de modificación constitucional pide "reconocimiento explícito de la libertad académica en el artículo 73, incluyendo un apartado que garantice 'la libertad académica como derecho fundamental para docentes y estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía universitaria y el acceso a información plural sin restricciones ideológicas'. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación como un bien público esencial, promoviendo un sistema educativo mixto que combine instituciones públicas y privadas, reguladas por principios de calidad, equidad e inclusión".
Igualmente, la iniciativa aboga porque "la educación pública será gratuita, universal y accesible en todos los niveles, asegurando su carácter inclusivo y su alineación con los valores de la igualdad y el desarrollo integral de las personas" y "el Estado podrá establecer alianzas público-privadas para fomentar proyectos educativos innovadores que amplíen el acceso a la educación y mejoren su calidad, especialmente en áreas rurales".
"La coexistencia de modelos públicos y privados permitirá una mayor diversidad pedagógica e innovación educativa, además de una rápida incorporación y adaptación a los cambios tecnológicos, ofreciendo a las familias opciones que se adapten a sus necesidades y preferencias", dice.
La propuesta añade que, "para fomentar la participación ciudadana, se propone establecer mecanismos participativos para que familias y comunidades influyan en la elaboración de las políticas públicas relacionadas con la educación".
El CTDC recuerda que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado limitaciones significativas respecto a la libertad académica en Cuba. En sus informes se indica que el sistema educativo cubano está profundamente politizado, lo que restringe la libre expresión de ideas y margina a quienes no se alinean con las directrices ideológicas del Estado.
"Múltiples han sido las recomendaciones que se le han realizado al Estado cubano, instándole a que promueva un entorno académico libre de censura y discriminación política o ideológica", añaden.
Las organizaciones implicadas en las propuestas explican que buscan "la transición del modelo educativo cubano hacia un modelo más pluralista, democrático y globalmente competitivo" y que su implementación "representaría un avance significativo en el fortalecimiento del derecho a la educación como motor de desarrollo social y cultural en Cuba y estaría alineado con el objetivo número cuatro Educación de Calidad, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".
Por último, indican que "estas modificaciones estarían acompañadas de reformas estructurales más profundas dentro del sistema político cubano, alineadas dentro de un marco de transición hacia la democracia en el país".
