El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció que las dependencias estatales cubanas respaldan y mantienen en sus filas a "depredadores y abusivos" en un informe enviado a raíz del reciente escrutinio del régimen cubano en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El OLA, en alianza con el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), la Fundación 4Métrica, Civil Rights Defenders, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar) y el medio independiente El Estornudo, presentó su propio informe sobre la situación de los derechos de mujeres y niñas en el sistema educacional cubano, el cual fue enviado al CEDAW para su análisis.
En este documento, se enumeraron las disposiciones gubernamentales adoptadas por el Gobierno cubano para erradicar la violencia de género, pero hizo hincapié en la insuficiencia de estas frente al deterioro incontenible de este fenómeno, precisó el observatorio en una nota de prensa.
"La permisividad estatal hace que dependencias como el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Cultura (MINCULT), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) respalden y mantengan en sus filas a depredadores y abusivos por razones como la necesidad de profesores, la relevancia artística y el compromiso político, o que se desentiendan de las violaciones a los derechos de las mujeres que las involucran como centros hospederos de los incidentes de abuso de género", especificó el documento.
El equipo de investigadores demostró la normalización de la violencia hacia las mujeres en Cuba, y cómo una buena parte de los casos en los que estas han sido víctimas, se vieron reducidos a denuncias en las redes sociales, sin que mediara el accionar punitivo de las autoridades competentes.
"En ausencia de una ley integral contra la violencia de género, los espacios donde se desarrolla la vida cultural del país, así como los artistas exponentes de los valores culturales de la nación se constituyen en una especie de zona de tolerancia para la vulneración de los derechos de las mujeres y, con ello, para la marginación de su disfrute de los derechos culturales".
El informe apuntó que "los episodios de acoso y violencia sexual forman parte activa de la vida cotidiana en Cuba, incluyendo el espacio educativo".
"Mientras la sociedad civil denuncia públicamente los incidentes, el tratamiento gubernamental es más bien cómplice, tratando 'con pinzas' los casos y, en su mayoría, tendiendo un velo de secretismo al respecto, con la intención de no ver comprometido el prestigio de su sistema educativo de cara a la comunidad internacional. De esta manera, a los comisores de delitos de esta índole comúnmente se les imponen sanciones leves y, eventualmente, son reintegrados al espacio educativo, prevaleciendo 'la necesidad de ocupar las plazas docentes por encima del riesgo potencial que implicaba la reubicación laboral'", señaló.
Luego de mencionar varios sucesos concretos donde las víctimas han estado en contacto directo con depredadores como parte de su régimen de instrucción cotidiano, el informe estableció que "los entornos educativos cubanos destinados a cualquier tipología y nivel de enseñanza son en extremo inseguros respecto a incidentes de acoso y violencia contra las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres estudiantes y profesoras".
Para el OLA, "evidentemente, es imposible deslindar la responsabilidad de los Ministerios de Educación y Educación Superior".
"La evaluación estadística permitió constatar la magnitud del deterioro de los derechos educacionales en mujeres y niñas. Las cifras publicadas muestran una tendencia decreciente en cuanto al número de matrículas en el caso de las féminas, que se hace alarmante a medida que avanza la enseñanza. Asimismo, se muestran volúmenes preocupantes de deserción escolar en las enseñanzas media y superior", añadió.
El observatorio citó el estudio de la estatal Encuesta de Indicadores Múltiples Conglomerados (MICs) de 2019, según la cual el 10% de las estudiantes abandonan los estudios una vez finalizada la educación secundaria. La cifra crece hasta un 39% en el caso de las adolescentes que terminan la enseñanza media y técnica profesional. A esto debe sumarse que, según los datos del Anuario Estadístico de 2021, casi el 30% de las jóvenes que abandonan sus estudios o deciden no continuarlos viven en el medio rural, lo que evidencia la brecha social con el entorno urbano.
En este sentido, se ha demostrado que "requerimientos adicionales como disponibilidad de medios de transporte y alimentación para centros escolares distantes o semi-internos e internos, y el elevado déficit de maestros en todos los niveles del sistema educativo" están relacionados con el abandono escolar. Esta depauperada situación social está estrechamente relacionada con la crisis sistémica persistente, ante la cual el Gobierno cubano ha demostrado carecer de herramientas de solución efectivas".
Según OLA, el exhaustivo estudio de las escasas cifras oficiales, permitieron a sus especialistas "identificar irregularidades en los datos oficiales. Aun así, la condición educativa de las mujeres y las niñas sigue siendo motivo de alarma".
Con respecto a la educación con enfoque de género, aprobada mediante la Resolución No. 16/2021 del Ministerio de Educación, y que Cuba enarboló como ejemplo de su compromiso con el avance de la mujer en su informe ante CEDAW, el OLA dijo "que en ese mismo año su aplicación se declaró aplazada indefinidamente".
"Esta declaración contrasta con la aplicación del Tercer Perfeccionamiento de la Enseñanza, que implicó la utilización de cuantiosos recursos económicos y capital humano en el rediseño de los libros de texto de la enseñanza general, los cuales incluyen una mayor carga doctrinal para los educandos", alertó.
Atendiendo a ese particular, la única arista que quedó sin cubrir en la adecuación de los planes académicos es, precisamente, la inclusión del enfoque de género. Para el OLA, detrás de esta medida, "se esconde el temor a los sectores más conservadores de la sociedad cubana, quienes no ven con buenos ojos que los estudiantes sean instruidos en estas materias".
"Se puede afirmar que no existe la voluntad política para aplicarla ya que, de hacerlo, el Estado cubano enfrentaría una tenaz resistencia de los sectores conservadores y religiosos en medio de la volatilidad social permanente en que Cuba sobrevive. Es de destacar el silencio oficial al respecto después de comunicar, en septiembre de 2021, el aplazamiento de su implementación", recogió el informe.
