La organización Prisoners Defenders (PD) presentó ante el mandato de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia que expone lo que denominó "la escandalosa escalada represiva del presente trimestre sobre manifestantes pacíficos" en Cuba.
Según la organización, que monitorea la represión por motivos políticos en la Isla, su registro confirmó "la escalofriante cifra de 48 nuevos presos políticos desde octubre hasta la fecha, lo que aumentó la cifra de prisioneros políticos desde los 1.113 a finales de septiembre, hasta superar los 1.153 en la actualidad".
De acuerdo con los registros de PD, de esta cifra de presos políticos, "el 71% fueron civiles detenidos en manifestaciones pacíficas".
La denuncia, que hace un análisis de cómo la legislación del régimen cubano criminaliza y restringe los derechos de asociación, reunión y manifestación, a pesar de asegurar que estos están reconocidos, fue "recibida formalmente por el Mandato de las Naciones Unidas" y servirá para que esa organización "pueda ejercer un control sobre las violaciones de los derechos conculcados a los ciudadanos cubanos".
Precisa PD que la propia Constitución de la República de Cuba, "lejos de otorgar derechos, actúa como una Ley en Blanco (concepto jurídico que supedita una norma a otra dejando abierta la arbitrariedad y/o ineficacia del texto), donde supedita estos presuntos derechos a normas inferiores que los proscriben, y donde no existe tribunal alguno de amparo constitucional para las normas jurídicas que, flagrantemente, contradicen los derechos fundamentales".
Asimismo, señala, la Carta Magna "se emplea sin rubor por el Estado, a través de su artículo 4 (que establece la irreversibilidad del sistema), para proscribir cualquier acto de expresión, asociación, reunión o manifestación que siquiera tenga como propósito proponer cambios sociales, como así sucedió en las manifestaciones prohibidas del 15N en 2021".
Por otra parte, la denominada Ley de Asociaciones, "define la imposibilidad de registrar una asociación sin dependencias del Estado, al ser ineludible la obligación de someterse al Artículo 13, que obliga justo a lo contrario. Pero también el Artículo 8 articula múltiples y amplias causas para denegar el registro de una asociación".
Enfatiza PD que el Estado de Cuba "es el único que tiene facultades para crear organizaciones en el país", por lo que controla a las presuntas ONG que representarían a la sociedad civil, y que van desde la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) hasta la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), pasando por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) o la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), todas oficialistas.
Recuerda la denuncia que "la Comisión Europea, con Federica Mogherini y Josep Borrell a la cabeza, ha financiado a muchas de estas organizaciones del Estado de Cuba durante muchos años, mientras la Comisión indicaba formalmente a los Estados miembros de la Unión Europea que estaban financiando proyectos de fondos destinados por la Unión Europea en el apartado presupuestario de la 'sociedad civil', una falsedad flagrante que una investigación de Prisoners Defenders en 2021 contribuyó a detener, al ser adoptada dicha investigación por el Parlamento Europeo y reflejada en diversas resoluciones aprobadas por éste".
Finalmente, señala PD que el Código Penal "está saturado de delitos que penalizan la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación".
Según las cifras de la organización defensora de derechos humanos, desde el 1 de julio de 2021 ha contabilizado más de 1.790 personas inocentes en prisión política o de conciencia en la Isla.
De esta cantidad, a la que se han sumado hasta hoy decenas de nuevos detenidos, PD denuncia que hay al menos 650 con patologías médicas graves y 70 con trastornos graves de la salud mental, sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
Asimismo, advierte, "los prisioneros que han sido detenidos siendo menores se han incrementado el mes pasado, con tres más, dos de ellos detenidos por recientes manifestaciones (Roy Galindo, con 17 años, detenido en Manicaragua, y Rafael Borrero Torres, detenido por las manifestaciones de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba), lo que suma un total de 33 (31 chicos y dos chicas) actualmente entre los prisioneros políticos".
"Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan Escuelas de Formación Integral, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior", apunta.
