Al cierre de su informe anual Un año sin justicia, el grupo de trabajo sobre detenciones políticas en Cuba Justicia 11J informó que el número de personas detenidas en relación con el estallido del 11J ha aumentado de 1.484 documentadas en 2022 a 1.586 este año. La organización estimó que, del total, 554 personas permanecen privadas de libertad, lo cual representa el 35%.
La organización consideró en las conclusiones de su tercer informe tras las históricas protestas de julio de 2021 que "la represión en la Isla, por parte de instancias estatales, es sistemática y estructural", al incluir un análisis estadístico y cualitativo de las protestas acontecidas en Cuba entre julio de 2023 y julio de 2024.
De las 554 personas actualmente recluidas en relación con el 11J, 518 se reconocen como hombres (93%) y 36 (7%) como mujeres y las provincias donde permanecen más personas recluidas son: La Habana (198), Matanzas (85), Artemisa (65), Mayabeque (58) y Santiago de Cuba (44), cifras casi en total correspondencia con la relación de provincias donde se documentó la mayor cantidad de detenciones.
Justicia 11J señaló que entre las personas que continúan recluidas, la mayor parte (492, para un 89%) no tenía vínculos previos con ninguna organización política ni de la sociedad civil, no participaba de grupos de activistas o de defensa de derechos humanos ni colaboraba con medios de comunicación independientes
Al cierre del informe presentado el miércoles de manera virtual, la ONG tenía conocimiento sobre peticiones fiscales relativas a 513 personas, que se extendieron desde la limitación de la libertad hasta los 30 años de privación de libertad. Las peticiones de trabajo correccional con internamiento o privación de libertad más repetidas fueron de: 16 años (52 veces), 19 años (49), 17 años (44), 27 años (42) y 15 años (39).
También documentó sanciones relativas a 694 personas que se extendieron desde multas y limitación de libertad hasta los 30 años de cárcel. De las 618 sanciones de trabajo correccional con internamiento o de privación de libertad, las más repetidas fueron de cinco años (68), seis años (56), diez años (54) , siete años (50) y ocho años (44).
Justicia 11J tuvo conocimiento además de recursos de apelación a la decisión de primera instancia relativos a 256 personas, cuyas sanciones (ratificadas o modificadas) se extendieron desde multas y limitación de la libertad hasta los 22 años de cárcel. Dentro de este grupo, hubo 232 sanciones de privación de libertad o de trabajo correccional con internamiento. Las sanciones más repetidas fueron de 10 años (42 veces), cinco años (33), ocho años (21), 14 años (19 veces), siete años (18 veces).
Del análisis de la variación entre petición fiscal y la sanción definitiva después de la apelación, el grupo concluyó que en 204 casos hubo variación a lo largo del proceso penal; solo 11 personas no vieron cambio en su sanción de privación de libertad solicitada por la Fiscalía y concedida por el Tribunal. A partir del cruce de la data cualitativa y cuantitativa, pudo verificar que en algunos casos hubo variaciones sustanciales entre la sanción solicitada en la petición fiscal y la sanción definitiva tras la apelación. La variación más repetida entre la petición fiscal y la sanción definitiva fue de diez años.
De acuerdo con el criterio de Justicia 11J, estas variaciones sustanciales han sido "un resultado tangible de las denuncias de diversos actores de la sociedad civil, la ciudadanía y la comunidad internacional para impedir a tiempo condenas excesivas y ejemplarizantes".
"Los cambios marcados en sanciones, por otra parte, muestran lo que otras organizaciones han argumentado en diversos foros: el sistema de justicia cubano carece de independencia y es una herramienta de represión política. No solo en relación con la utilización del delito de sedición para criminalizar la disidencia, sino también en relación con la solicitud fiscal de sanciones desproporcionadas, como se ratificó en los resultados de los juicios de apelación", añadió la organización.
Justicia 11J puntualizó que los manifestantes encarcelados por el estallido de 2021 y sus familias han sido "víctimas de centenares de incidentes violatorios de sus derechos humanos, entre los que sobresalen distintas formas de hostigamiento y represión".
Lamentó la muerte bajo custodia estatal, en noviembre de 2023, del manifestante del 11J Luis Barrios Díaz, debido a la "negación de oportuna atención médica" en la prisión El Pitirre (1580), en La Habana, donde cumplía una condena de seis años de privación de libertad.
Igualmente, el informe recoge casos de fabricación de nuevos delitos a personas que cumplen condena; negación de paso a menor severidad; denegaciones de libertad condicional, licencia extrapenal y otros beneficios; revocaciones y otras arbitrariedades.
"La dependencia de fuentes no oficiales y la dificultad para verificar datos impiden la construcción de un panorama completo en cuanto a la verdadera magnitud de las detenciones y las personas que hoy pudieran estar sufriendo, anónimamente, en las cárceles cubanas, todas las irregularidades que se han expuesto en este informe u otras desconocidas para la organización", alertó.
Protestas posteriores al 11J
El informe de Justicia 11J también incluyó las protestas posteriores a julio de 2021, en las que han sido detenidas al menos 488 personas, de las cuales 144 aún permanecen en la cárcel.
Sobre el período comprendido entre julio de 2023 y julio de 2024, informó que se produjeron al menos 173 protestas en espacios públicos en Cuba ante "la persistencia de la crisis sistémica en el país relacionada con la pésima gestión estatal durante décadas" y "la insostenibilidad del régimen totalitario del Partido Comunista de Cuba".
La ONG identificó 44 incidentes de represión durante esas protestas, como la "irrupción de tropas especiales en viviendas, golpizas, detenciones, desapariciones forzadas, presencia de patrullas y otras fuerzas policiales para amedrentar, amenazar con prisión, citaciones a interrogatorios, cortes de internet, descrédito de manifestantes, corte del servicio de agua, actos de repudio e imposición de multas".
Durante julio de 2023 y julio de 2024, fueron detenidas al menos 35 personas, de las cuales 27 siguen en prisión.
La activista Camila Rodríguez, autora del informe, dijo este miércoles en la presentación virtual que en lo que va de este año Justicia 11J ha podido documentar que, "lejos de la pasividad de la ciudadanía que quizá algunos sectores puedan interpretar del contexto cubano, han sucedido 248 protestas en el espacio público, algunas han sido significativas".
Citada por la agencia AP, Rodríguez precisó que dentro de las manifestaciones masivas han podido documentar 16 y dentro de las grupales 113.
Según especificó Rodríguez, como parte de las manifestaciones en este año hubo 85 "cacerolazos" –muchos desde casas o balcones, que suelen suceder durante los apagones— y 17 cierres de calles. En 24 protestas se produjeron daños a la propiedad, agregó.
En el marco de las manifestaciones, "en 2024 hemos hecho el monitoreo de las personas que han sido detenidas y hemos podido contar 62 personas de las cuales 54 están recluidas actualmente, seis de ellas son mujeres", dijo Rodríguez. También especificó que 27 ciudadanos fueron arrestados en las protestas posteriores al colapso del sistema energético nacional que dejó a oscuras a todo el país el 18 de octubre debido a una avería.
Según las estadísticas recogidas por el proyecto Cubadata, el año 2022 mostró un aumento significativo de casi un 23% en la intención de protestar entre los cubanos. Ese aumento se estancó en 2023; sin embargo, a pesar de la persistencia del miedo en la población, la tendencia a protesta civil en Cuba sigue siendo alta, con tres de cada cuatro cubanos indicando su intención de participar, dijo Arístides Vara-Horna, especialista en análisis estadístico, en una reciente entrevista con DIARIO DE CUBA.
"El desafío radica en que la protesta no siempre se materializa en acción efectiva", advirtió. "En cuanto a la protesta efectiva, CubaData descubrió que aproximadamente uno de cada dos cubanos encuestados está llevando a cabo algún tipo de protesta. Esto refleja una nueva forma de activismo en el que las personas, aunque conscientes del riesgo, encuentran maneras creativas de alzar su voz, como el uso de internet para difundir información, apoyar a quienes protestan en las calles o incluso buscar formas alternativas de manifestarse".
Vara-Horna destacó que el miedo, aunque presente, no ha detenido por completo la voluntad de protesta. "Incluso aquellas personas que tienen miedo están aprendiendo a protestar de forma creativa", dice y destaca cómo, además de las manifestaciones físicas, las nuevas formas de protesta están ganando terreno.
