Para el viernes 9 de agosto de 2024 está prevista la vista de apelación requerida por los cuatro jóvenes cubanos condenados por la exjueza Melody González Pedraza. El juicio se realizará con reproducción íntegra de las pruebas en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo penal, del Tribunal Provincial de Villa Clara, algo que el expresidente de ese ente judicial Edel González Jiménez, experto jurídico de DIARIO DE CUBA, considera "inusual" y fruto de las revelaciones de la exmagistrada, hoy detenida en Florida, Estados Unidos.
Recientemente, DIARIO DE CUBA advirtió sobre el hecho de que juezas y jueces de esta sala no deberían participar en el procedimiento por su implicación en la condena establecida por la justicia municipal de Encrucijada. Al margen de esta cuestión, González Jiménez consideró que la decisión de reproducir las pruebas íntegras del caso, que responde además a las denuncias de organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), "puede ser determinante".
"La reproducción íntegra de pruebas significa en justicia cosas bien claras: dudas sobre culpabilidad y posibles actos de ilegalidad, por lo que es necesario un nuevo juicio conformado por un nuevo tribunal donde se escuche a todas las partes para ratificar o revocar la decisión impugnada", explicó el jurista.
Según González Jiménez, las estadísticas judiciales señalan que más del 70% de los recursos de apelación se resuelven y deciden sin vista; es decir, leyendo y analizando la prueba admitida y practicada en el juicio de base, aunque se cuestione la prueba, así como la sentencia y los escritos de inconformidad de los apelantes, junto a la postura que asuma la parte acusatoria (fiscal). "Lamentablemente, enraizada dentro de la judicatura existe una presunción de culpabilidad antes que la de inocencia", apuntó.
Para el abogado, solo en casos excepcionales en los que la imagen e intereses del poder resultan relevantes se dispone reproducir la prueba.
"Estamos, pues, ante un evento histórico, significativo de la influencia que están teniendo organizaciones de la sociedad civil independiente y medios de prensa independientes en la exigencia de buena gestión de la justicia penal", opinó.
"El nuevo tribunal que se conforme está conminado a actuar con meridiana profesionalidad en un asunto donde la debilitada credibilidad institucional del sistema judicial cubano se juega el todo por el todo. En buena pugna, los cuatro implicados deberían haber recibido ya libertad y asistir a juicio en tales condiciones para poder desarrollar con eficacia sus estrategias de defensa técnica y material", añadió.
Para González Jiménez, "los procesos arbitrarios del 11J, las condenas impuestas a personas inocentes como Aniette González y a lo más humilde del pueblo cubano, como son los condenados por las protestas en Nuevitas y Caimanera, así como la denegación sistemática de beneficios y derechos de excarcelación a prisioneros por razones políticas, demuestran un sistema judicial penetrado por los intereses políticos y mecanismos de dominación, y convertido finalmente en otro instrumento eficaz de represión".
Posibles escenarios
El abogado de DIARIO DE CUBA consideró que "reproducir toda la prueba significa en muchos casos que vendrá una justicia favorable a los apelantes; es decir, libertad; pero, ojo, no haber modificado la prisión provisional que sufren los cuatro acusados puede ser también un mensaje lesivo anticipado claro: el sistema judicial montará una fachada y no reconocerá finalmente el error de que se hayan corrompido principios cardinales como los de independencia e imparcialidad, presunción de inocencia y búsqueda de la verdad material", advirtió.
"En mi opinión, el caso de Melody puede ser un buen momento para empezar a cambiar. Como he reiterado junto al OCDH, los jueces deben ser profesionales, legales y justos más que nunca. En sus manos existe una posibilidad histórica de exigir cambios, en los jueces más que en cualquier otro jurista está el deber primero de cambiar el modelo de justicia antidemocrático que exhibe Cuba respecto a los asuntos de significado político. Ser complaciente con los intereses del poder significa colaborar con una Cuba represiva e injusta por naturaleza", dijo.
"La insuficiencia de pruebas, la presunción de inocencia de los cuatro jóvenes en prisión y la falta de transparencia alegadas por Melody, así como el criterio de los jueces legos, distinto al que imponían los de la condena, marcan un proceso durante el que se impusieron órdenes externas e internas coordinadas. Tales elementos constituyen fundamento suficiente para dictar la absolución e inmediata libertad sin necesidad de más costes humanos. Ello no bastaría para empezar a recobrar la credibilidad perdida del sistema judicial cubano, pero sería un primer paso", concluyó.
Recientemente Melody González Pedraza habló con DIARIO DE CUBA sobre su responsabilidad en el caso de Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza, condenados por un supuesto delito de atentado. La magistrada admitió en junio que el proceso en el que sentenció a los jóvenes a penas de cárcel fue intervenido por autoridades del Tribunal Provincial y por la Seguridad del Estado. Esa confesión motivó que el OCDH exigiera la absolución de los sancionados.
Los cuatro jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles molotov el 18 de noviembre del año 2022 contra un jeep y viviendas de los jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada.
González Pedraza está detenida en el Broward Transitional Center (BTC), ubicado en Pompano Beach, Florida. Llegó a Estados Unidos por Tampa, en mayo, tras haberse beneficiado del parole humanitario. Al llegar, las autoridades migratorias le negaron la entrada por su historial represivo en Cuba, pero ella se acogió a una petición de asilo político. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba la había incluido en su lista de represores de cuello blanco.
La exjueza presentó a la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de los Magistrados y Abogados una denuncia sobre la "distorsión" del sistema judicial cubano, y al mismo tiempo solicitó protección al organismo.
En su denuncia, González Pedraza expuso la forma en que es intervenido y controlado el sistema de justicia en la Isla, "reo de las decisiones políticas" —dijo—, y a merced de agentes externos como el Partido Comunista, el Gobierno y la Seguridad del Estado.
"Como último aliento, espero que mis declaraciones sirvan para exonerar de responsabilidad a los cuatro jóvenes que llegué a condenar sin tener a la vista elementos de prueba, consecuentemente sean liberados sin interferencia en la justicia, y sirvan estas declaraciones como punto de partida interno para el buen debate entre jueces, fiscales, abogados y juristas académicos", añadió en su escrito a la relatoría especial de la ONU.
Laura María León Delgado no debe subestimar su posición en una encrucijada. Cualquier engranaje-por-poder incorpora piezas que tienen mayor relevancia en cuanto a la fuerza y durabilidad del mismo.
La Seguridad del Estado es un think tank oscuro que mantiene su influencia en la política nacional a través de las cortes.
Los jueces en la isla son un componente importante en el esquema de fuerza y durabilidad del gobierno-por-poder.
Cuando las partes del engranaje sufren de óxido por exposición, el sistema pone a los jueces de frente a la comunidad con todo el peso de la injusticia.