Las representantes estadounidenses María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Sara Jacobs (demócrata por California) presentaron el viernes una ley de libertad global en internet para reforzar un tema que consideran fundamental para los derechos humanos.
De acuerdo con una nota de prensa publicada por Salazar, la legislación bipartidista requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya en sus informes nacionales anuales sobre prácticas de derechos humanos las violaciones a la libertad en internet, incluido el cierre de servicios online, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital.
Las legisladoras señalaron que la libertad global en internet disminuyó por decimotercer año consecutivo en 2023, en parte debido al mayor uso de inteligencia artificial (IA) para desplegar desinformación y mejorar la eficiencia de la censura en línea.
"Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad", dijo Salazar.
El régimen cubano instauró en agosto de 2021 el Decreto-Ley 35 de "las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico", mediante el cual prohíbe convocar protestas mediante internet, lo que califica de "ciberterrorismo".
Entonces fueron tipificados hechos que hasta ese momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión.
Entre las cuestiones penalizadas según el decreto, se encuentra compartir en las redes sociales noticias falsas, mensajes ofensivos o "difamación con impacto en el prestigio del país", este último caso bastante ambiguo.
"Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley de Libertad Global en Internet nos brinda esa información", añadió Salazar.
Por su parte, Jacobs declaró que "en el siglo XXI la libertad en internet es un derecho humano", por lo cual "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más".
La demócrata californiana lamentó que "decenas de gobiernos practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
"La IA también plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales. Es por eso que estoy orgullosa de presentar la bipartidista Ley de Libertad Global en Internet para defender la libertad en Internet y responsabilizar a quienes infrinjan este derecho humano", afirmó.
La Ley de Libertad Global en Internet actualizaría la Ley de Asistencia Exterior de 1961 para incluir la libertad en internet como un requisito de presentación de reportes en los informes nacionales sobre prácticas de Derechos Humanos. También, para describir los abusos a la libertad en internet, incluidas las barreras al acceso a internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
Salazar es una voz líder en el Congreso que apuesta por detener la intervención del Gobierno en la libertad de expresión y de culto. Anteriormente, presentó una legislación para proteger los lugares de culto en Estados Unidos.
El servicio de internet, ya sea a través de datos móviles o WiFi está en manos del monopolio estatal de las Telecomunicaciones (ETECSA). La empresa corta de manera selectiva el servicio a activistas de derechos humanos y cualquier cubano crítico en sus redes sociales. En ocasiones, llega a suspender el servicio de llamadas telefónicas tanto por línea móvil como fija. Cuando hay manifestaciones suele bloquear la internet en la zona donde se produzcan, como han denunciado activistas y usuarios afectados.