La ONG Prisoners Defenders denunció que un colaborador de la Seguridad del Estado cubana ejerció como "testigo estrella" de la Fiscalía en el juicio en el que el prisionero político Luis Barrios Díaz, recién fallecido en la cárcel luego de que las autoridades penitenciarias no le atendieran a tiempo una infección respiratoria, fue condenado por manifestarse el 11 de julio de 2021.
De acuerdo con un informe publicado por la organización, con sede en Madrid, para la condena a seis años de privación de libertad contra Barrios Díaz fue decisivo el testimonio de Lázaro Julián García Matamoros, quien "testificó como si fuera un ciudadano modelo y que el Tribunal usó como la testifical clave".
Pero, advierte Prisoners Defenders, en los antecedentes de este sujeto obra que era "un viejo conocido expulsado de la oposición por infiltrado".
"La sentencia del caso de Luis Barrios Díaz, causa 184 de 2021 del EFP 790 de 2021 de Arroyo Naranjo, La Habana es, como nos tiene acostumbrada la justicia cubana, un caso de distopía jurídica burda donde las haya. No obstante, durante el análisis jurídico, se detectó a un testigo estrella de la acusación, sobre el que la sentencia se basa en buena medida", indica la denuncia.
"Lo más creativo que ha hecho la Fiscalía en este caso es aportar como prueba el testimonio de Lázaro Julián García Matamoros (...), un supuesto exactivista que fue 'condenado' y salió de prisión con un acuerdo con la Seguridad del Estado para trabajar para el servicio de contrainteligencia como agente del Estado", afirma.
Prisoners Defenders asegura que García Matamoros, hijo de la ex Dama de Blanco Nieves de la Caridad Matamoros González, era desde hace años "parte de los operativos de contrainteligencia del Estado de Cuba". En un video difundido por perfiles de la policía política en Facebook, este sujeto lanzó acusaciones contra esa organización y sus líderes, entre otras figuras de la oposición política en la Isla.
"Lázaro era un supuesto activista que siempre estuvo bajo sospecha por sus escasas convicciones y supuesto miedo, que fue 'condenado' a un año y tres meses de prisión por impago de multas, en una operación para lavar su imagen. Mucho antes de que la condena expirara, se le vio en las calles libre, y esto dio lugar a que se quemara, aceptando hacer ese video para la Seguridad del Estado", advierte la denuncia.
Entre los señalados por García Matamoros en el video están los Premios Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, Berta Soler y Guillermo "Coco" Fariñas; los activistas Ismael Boris Reñí y su esposa, Aymara Nieto Muñoz; Zaqueo Báez; Oscar Elías Biscet y otros objetivos prioritarios de la Seguridad del Estado en Cuba.
"El video no tuvo impacto y, por burdo, supuso su desenmascaramiento. Desde entonces es público y notorio que trabaja para la Seguridad del Estado", afirma Prisoners Defenders.
"Por tanto, Lázaro Julián García Matamoros es un agente de la Seguridad del Estado, y como poco no es un testigo independiente y fiable, sino todo lo contrario. De su testimonio el tribunal dice: 'Importante y trascendental resultó por su utilidad el testimonio de Lázaro Julián García Matamoros, testigo presencial de los hechos objeto del debate penal, quien depuso a la sala sobre lo que presenció ese día, en tanto reconoció en el acto del juicio oral con absoluta certeza y convicción que los acusados Endrys Arias Meralla, Luis Barrios Díaz y José Pérez Padrón se encontraban presentes como parte de los disturbios que acaecían...", cita la denuncia.
Sin embargo, enfatiza el análisis del informe del tribunal que condenó a Luis Barrios Díaz, hubo contradicciones en el testimonio por el que los jueces determinaron la culpabilidad de los manifestantes y los condenó.
Prisoners Defender adjuntó a su denuncia la sentencia del caso, en la que se destaca el aporte que el tribunal consideró que tuvo la declaración de García Matamoros como presunto testigo de los hechos que se juzgaron.
Son abundantes las denuncias en torno a juicios amañados, causas falseadas, declaraciones parcializados y el uso como testigos de agentes de la Policía y colaboradores de las organizaciones oficiales de vigilancia y delación durante los procesos del 11J. Analistas y grupos de derechos humanos han apuntado además a las dificultades de la defensa de los imputados para presentar sus alegaciones y testigos.
Barrios Díaz, de 36 años, murió el domingo en el hospital La Covadonga, de La Habana, tras haber sido trasladado desde la cárcel donde se encontraba preso, según una denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y de la familia de Barrios. La atención médica habría llegado demasiado tarde.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al régimen de Cuba investigar su fallecimiento, mientras que la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó el martes su "indignación" y lanzó "un llamado al régimen cubano a que respete los derechos humanos de todos, incluidos los derechos de los presos políticos".
"Nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas", añadió la sede diplomática en su cuenta de X.
Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles con gritos de "Libertad", "Tenemos hambre" y "Patria y Vida", fueron cientos los cubanos que acabaron condenados a penas de hasta 25 años.
Recientemente, el régimen cubano negó en un mensaje en la red social X que en Cuba haya presos políticos. Lo hizo tras las críticas que recibió de varios países durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por mantener en prisión a manifestantes, muchos de ellos con largas condenas.
Lazarito eso que hiciste lo vas a pagar
Allá quien se preste , si algún orgullo guardo de mí causa en 1990 , es que después de estar en Villa Maristas por unos días, después de mi , no cayó más nadie.