La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este martes al régimen de Cuba investigar la muerte del preso político cubano Luis Barrios Díaz, condenado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Barrios Díaz, de 36 años, falleció el domingo en el hospital La Covadonga tras haber sido trasladado desde la cárcel donde se encontraba preso, según una denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y de la familia de Barrios. La atención médica habría llegado demasiado tarde.
"CIDH llama al Estado a investigar rápida e imparcialmente la muerte" del manifestante que "se encontraba privado de libertad tras su participación en las protestas del 11 de Julio", dijo la comisión con sede en Washington en su cuenta de la plataforma X.
La CIDH recordó que la muerte de Barrios ocurrió cuando estaba bajo custodia de las autoridades carcelarias del régimen.
La familia y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos habían explicado que las autoridades del penal negaron durante meses la asistencia sanitaria que necesitaba Barrios. Luego, "en un intento de librarse de su responsabilidad producto de su negligencia", tramitaron una licencia extrapenal para el prisionero político "con celeridad inaudita".
El OCDH señaló que Barrios Díaz, que cumplía una sentencia de nueve años bajo los cargos de desorden público y atentado, fue hospitalizado en agosto a raíz de unos problemas respiratorios que sufría. Pese a su mal estado de salud fue devuelto a la prisión de San Miguel del Padrón en La Habana porque las autoridades dijeron que no podían vigilar permanentemente en el centro de salud por falta de combustible, según contó un familiar.
El pasado fin de semana fue trasladado al hospital e intervenido quirúrgicamente. No obstante, murió el domingo en horas de la tarde por una complicación pulmonar.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Cuba expresó este martes su "indignación" y lanzó "un llamado al régimen cubano a que respete los derechos humanos de todos, incluidos los derechos de los presos políticos".
"Nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas", añadió la sede diplomática en su cuenta de X.
Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles con gritos de "Libertad", "Tenemos hambre" y "Patria y Vida", fueron cientos los cubanos que fueron condenados a penas de hasta 25 años.
Recientemente, el régimen cubano negó en un mensaje en la red social X que en Cuba haya presos políticos. Lo hizo tras las críticas que recibió de varios países durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por mantener en prisión a los manifestantes con largas condenas.
Está previsto que este jueves inicie en La Habana una visita oficial del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, para hablar del tema con el régimen de la Isla.
En el Minsap deben estar amando una buena Historia Clínica y Certificado de Defunción con patología pulmonar, malformación congénita o el invento que se les ocurra. Al final la culpa la tendrá el infeliz por no saber que padecía eso.
La CIDH ha hecho lo de cualquier organización de ddhh que se respete. El relato de los familiares es horrendo. Vamos a ver qué dice el ciudadano de la UE que está o va de visita, si algo.
Para el régimen castrista todos los encarcelados del 11J son delincuentes que supuestamente cometido actos vandálicos, por cierto, no probados.
Supongamos que haya habido algún exceso en aquellas manifestaciones, un auto volcado o alguna vidriera rota. Con una multa e indemnización se hubiera resuelto el problema, pero el régimen ha querido dar un escarmiento encarcelando a cientos de manifestantes como herramienta para reprimir la inconformidad y la contestación en Cuba. Hay que dar un ejemplo, como toda buena dictadura.