En la misma semana en que el régimen de Cuba enfrenta su Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cifra de prisioneros políticos en la Isla engrosa con 16 nuevos casos, según el informe mensual de la ONG Prisoners Defenders.
La organización indicó en su reporte que ese grupo redondea 96 presos políticos nuevos en los últimos seis meses, lo cual se suma a la "represión generalizada y la extorsión permanente para que abandonen la Isla cientos de personas no afines al sistema, la crema precisamente de la intelectualidad cubana".
Con cierre de datos al 31 de octubre, "la lista de presos políticos en Cuba contiene un total de 1.062 (...) sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva", señala el informe.
De esa cifra total, 118 son mujeres; dos mujeres trans; 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición, y un total de 224 procesados por igual delito, precisa PD.
Javier Larrondo, presidente de la ONG, llamó a los países miembros de la ONU a seguir de cerca del caso cubano y mencionó la inminencia de la visita a la Isla de Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
"Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina Bárbara López Hernández", declaró al medio argentino Infobae.
Sobre el caso de la historiadora y politóloga matancera, PD señala en su informe que, "como todo aquel que no comulga con la represión, el desdén de las autoridades por su pueblo, y la miseria, ha pasado de ser héroe a ser perseguida, detenida, encausada falsamente y será enjuiciada de forma sumaria y arbitraria".
López Hernández, prosigue el texto, "es una intelectual excepcional que hace gala de la misma asertividad y precisión en su defensa que de valentía (y más teniendo en cuenta lo que enfrenta). Su juicio sumario estaba previsto para el día 16 de noviembre. La mala coordinación de los jueces hizo que establecieran dicha fecha, pero el régimen ha llamado a consultas al tribunal, por esto de seguir escondiendo su verdadera personalidad ante las Naciones Unidas, como si de un caso se tratara, y ha pospuesto la vista oral, oral y sumaria, para el día 28 de noviembre de 2023 a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Matanzas".
Recuerda el informe que López Hernández participó el pasado 25 de mayo en un intercambio privado con Josep Borrell, Alto Representante para Política Exterior de la UE, durante su visita oficial a la Isla.
"El resultado fue el caso judicial de la doctora, pues esto provocó que la Seguridad del Estado tuviera, por un lado, constancia de la 'peligrosidad política' de ella, al tener vía directa con el Alto Representante, pero por otro evidenció una tímida apuesta de éste para avalar de forma pública la situación de persecución que ella, o quienquiera, sufre en Cuba", apunta PD.
"De este modo, y por el carácter privado de aquella reunión, disminuyó la percepción de su protección por parte del régimen y comenzó una persecución feroz contra la doctora. Tras la responsabilidad indirecta del señor Borrell, ineludible en este caso de represión, sería vital que la visita de Eamon Gilmore a Cuba en estas semanas no adolezca del mismo error, pues podría causar efectos contrarios a los deseados", advierte.
"La sociedad civil necesita reuniones y apoyo público para su protección, no permitir un comunicado diciendo que 'hubo reuniones'", enfatiza PD.