La situación de derechos humanos en Cuba sería peor sin mecanismos como el EPU

El próximo 15 de noviembre corresponde al régimen cubano su escrutinio en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El proceso no sorprende a la sociedad civil independiente, que ha presentado informes bien argumentados sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y que ve el proceso como una forma de desenmascarar la naturaleza represiva del régimen.

En declaraciones a DIARIO DE CUBA, Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), dijo que el EPU es uno de los pocos ejercicios en los que los gobiernos expresan sus críticas al régimen cubano, aunque lo hagan en forma de recomendaciones que La Habana puede aceptar o rechazar, o simplemente tomar nota. 

"El régimen está siempre muy atento a lo que digan los estados y se enfada cuando no son alabanzas. Obviamente, la mayoría de las recomendaciones comprometidas con los derechos humanos suelen ser de países democráticos", apuntó. 

Cires dijo que, en los últimos meses, las organizaciones independientes, cubanas e internacionales, han estado muy activas tanto en la presentación de informes temáticos como en el diálogo con diversas misiones diplomáticas en Ginebra. 

El OCDH impulsó junto a otros grupos informes sobre la represión, la pobreza creciente, el tratamiento penal a menores y la situación de los jóvenes presos en Cuba. También presentó, junto al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), informes sobre el ámbito laboral y los derechos sindicales. Con la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, realizó una evaluación de la situación de estos campos.

"Creo que los diplomáticos han sido receptivos y que hay temas que no faltarán, como el de los presos políticos y las detenciones de activistas, la ausencia de libertad de expresión y asociación, las leyes represivas como el nuevo Código Penal, la pena de muerte y la crisis alimentaria que afecta a la mayoría de los cubanos", dijo.

"Para el OCDH es importante que las recomendaciones transmitan una urgencia, pero que también apunten a cambios estructurales. Por eso hemos hecho énfasis en asuntos como la pena de muerte, por el peligro que su presencia legal significa, incluso como elemento disuasorio frente a los cambios profundos que debe vivir el país, como sería un proceso de transición pacífica", añadió.

"El EPU, obviamente, no es un elemento definitorio para el problema cubano. Pero sí es importante, al ser una de las pocas oportunidades en que los estados democráticos actúan con más coherencia y presentan sus recomendaciones al régimen cubano, que no se preocupa ni escucha a los ciudadanos", consideró.

Cires abogó por que los gobiernos que emiten recomendaciones "evalúen la evolución del cumplimiento de los compromisos por lo menos una vez al año, aunque sea con un mecanismo informal e individual de cada uno".

Lamentó que las propias reglas de la ONU atentan contra el EPU y otros procedimientos, pues estados violadores de los derechos humanos como el cubano pueden formar parte del Consejo de Derechos Humanos.

El líder opositor Manuel Cuesta Morúa dijo a DIARIO DE CUBA que con este escrutinio espera que aumente la presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno cubano, a pesar de los conflictos globales.

"Hay una nueva categoría que nos parece muy efectiva en relación con los valores políticos y con la gobernanza en y de los estados: el avergonzamiento internacional. Espero que, frente a la carga de evidencias respecto a la violación de los derechos humanos en Cuba, también constitucionales, lo que suceda en el EPU eleve un grado más la posición del régimen dentro de los estados avergonzables por su pésimo comportamiento en la materia".

Para Cuesta Morúa, "el Gobierno cubano forma parte ya de los nuevos Estados cínicos: aquellos que violan los derechos humanos en nombre de los derechos humanos".

"En realidad creo que el papel clave, como siempre, lo van a jugar los estados democráticos europeos y la sociedad civil. Un desarrollo claro del EPU lo está siendo la profesionalidad con la que la sociedad civil cubana viene trabajando para elaborar rigurosamente informes específicos sobre violaciones en campos concretos que superan las denuncias genéricas en espacios globales de escrutinio. Eso, creo, tendrá muy buen impacto y no podrá ser desestimado por los gobiernos", opinó. 

"Las recomendaciones que puedan hacerse, como en exámenes anteriores, van a servir como base para neutralizar lo segundo que pienso va a ocurrir: la disolvencia, la cobertura, la defensa y el apaciguamiento mutuos entre gobiernos que han obtenido una y otra vez un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para una triple operación simultánea: venderse como los mejores defensores y promotores en la materia, ocultar sus violaciones sistemáticas y utilizarlo como plataformas extendidas en su estrategia global de unidad y defensa de las autocracias", dijo Cuesta Morúa.

"Afortunadamente, esta estrategia de politización es menos exitosa ahora porque el Consejo de Derechos Humanos incorporó la evaluación de todos los países con independencia de las denuncias o del estado real de los derechos humanos. En sentido general, espero que la situación en Cuba no logre ser enmascarada por el Gobierno cubano", señaló.

"Siempre hay un dilema cuando se incluyen a estados parias en mecanismos globales con reglas precisas que dichos estados violan, niegan y contradicen día a día. Pero estos procesos tienen un valor que los sin poder nunca deberíamos desestimar: la posibilidad de alta exposición de la situación real de los derechos humanos en un escenario global y de alta concurrencia con la participación del estado violador. La diferencia que hay entre tener que esconderse en la sala o no tener la necesidad de hacerlo por incomparecencia. La situación de derechos humanos en Cuba sería peor de lo que es si no existieran mecanismos como el EPU", sostuvo.