Diversas organizaciones de la sociedad civil independiente solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija la suspensión de la nueva Ley de Comunicación Social de Cuba, al considerar que tiene el objetivo de "silenciar, perseguir y penalizar el disenso y la libertad de expresión", reportó EFE.
Así lo pidieron representantes de asociaciones como la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), Civil Rights Defenders (CRD) e Impulsa Latinoamérica (IL) en una audiencia pública sobre la libertad de expresión en Cuba durante el 188 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington. Los representantes del Estado cubano no se presentaron.
La ley de Comunicación Social, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado mayo, reconoce solo la legalidad de los medios oficiales, controlados por el Partido Comunista. Además, establece que estos no pueden "desestabilizar" el sistema socialista cubano.
Los activistas consideran que dicha legislación afecta a los derechos fundamentales en Cuba, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cubadecide, señaló que la ley es "incompatible" con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece los derechos de toda persona a la libertad de opinión y difusión del pensamiento, entre otras; una afirmación que sustentó con hechos como que, según la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2020-2023 que realizó Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 172 de un total de 180 países. "Es el país con la peor clasificación en cuanto a libertad de prensa en toda América Latina", agregó Payá.
En esta misma sesión, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villareal, pidió al Gobierno cubano que cese con su "hermetismo frente a la observación internacional", ya que consideró que el diagnóstico del país en términos de libertades apunta a una "tremenda regresión".
También el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, lamentó el contexto expuesto y, para concluir la audiencia, la comisionada y vicepresidenta del organismo, Esmeralda Arosemena, tildó de "muy oportuna" la solicitud presentada por las organizaciones sociales presentes.
En su 188 período de sesiones, la CIDH realizó además la audiencia "Seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad" en Cuba. Sobre ese tema, Payá recordó que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos y solamente algunos de ellos tienen medidas cautelares. "Requerimos que las voces de la Comisión se levanten en favor de la libertad inmediata de los presos políticos", dijo Payá.
Por su parte, Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, opositor encarcelado y con medidas cautelares, exigió el cumplimiento de las mismas con urgencia, señalando las condiciones inhumanas en las que se encuentra su padre en una celda de aislamiento.
Johanna Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, peticionario a favor de siete Damas de Blanco y un integrante del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que todos permanecen privados de libertad por motivos políticos: "Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre del 2023 hemos documentado 395 detenciones de corta duración".
Señaló además que "todas las beneficiarias enfrentan condiciones inadecuadas de prisión en custodia del Estado, sufren represión, acoso constante y discriminación por motivos políticos". Villegas apuntó además que durante los arrestos se exponen "a mala alimentación, falta de acceso a agua potable y espacios insalubres por el calor excesivo y la presencia de insectos".
Villegas expuso el caso de Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, que fue detenido en octubre del año 2020 tras lanzar un reclamo por irregularidades en el suministro de alimentos en Manatí, Las Tunas. Posteriormente fue condenado a cinco años de cárcel. Denunció que durante su encierro ha sido víctima de malos tratos, incomunicación y aislamiento prolongado.
Recordó además que García Labrada se encuentra privado de libertad y las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional a las que tiene derecho.
Laritza Diversent, del centro de información legal Cubalex, resumió la situación crítica de los defensores de derechos humanos en Cuba, especialmente los integrantes del Movimientos San Isidro (MSI).
"La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados persistiendo esta persecución hasta la actualidad. Tras la concesión de las medidas cautelares, el número 1.101 por parte de esta comisión en febrero de 2021, los beneficiarios han enfrentado vigilancia excesiva, restricciones de movimiento, arrestos infundados y otras intimidaciones. Entre los más afectados están Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Osorbo), líderes del MSI", detalló Diversent.
La abogada alertó que "la realidad que enfrentan las personas integrantes del Movimiento San Isidro y activistas cubanos es una constante y grave violación a los derechos humanos".
Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abundó en los casos de Ibrahim Domínguez Aguilar, condenado a 10 años de prisión, y Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años, ambos manifestantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021.
"El Estado cubano cuenta con al menos ocho vías legales para excarcelar y liberar de manera inmediata a estos presos políticos. Esto no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos, pero por lo menos les permite estar junto a sus familias", opinó Cires.
Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, mencionó las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, que han sido denunciadas como ilegales por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y muchas por la propia CIDH, que "son comunes a todos los casos" presentados en la audiencia. Mencionó "la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad", acotando que policías, instructores y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido, sin presencia ni participación de tribunales.
Larrondo también habló de la inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, "pues los abogados dependen orgánica y jerárquicamente y también económicamente del Ministerio de Justicia" y denunció "la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político". Apuntó que los testigos son siempre acusadores, funcionarios del Partido Comunista y las pruebas periciales están permitidas solo al Ministerio de Interior.
El presidente de Prisoners Defenders alertó que "se criminaliza un abanico interminable de derechos fundamentales", libertad de expresión, manifestación, asociación, salida o entrada del país, privacidad y otros muchos. En el encuentro Larrondo listó algunos de "los tipos delictivos" del Código Penal más empleados por el régimen y que, a raíz de su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, "permiten la criminalización sin límites" de los activistas: desórdenes públicos, desobediencia, desacato, atentado, resistencia, sedición, instigación a delinquir o propagación de epidemia, entre otros muchos.
Las organizaciones que participaron en la audiencia pidieron a la CIDH que incluya la información presentada durante la jornada de trabajo en su informe de 2023, haciendo énfasis en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarios de las medidas cautelares, así como de sus familias.
También solicitaron que el organismo inste al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y que monitoree las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, "protegidas por las medidas cautelares analizadas" y el seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno al país en caso de recobrar su libertad.
De igual manera pidieron la realización de una sesión extraordinaria del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales y la situación de los presos políticos.
