La organización Artículo 19 denunció patrones de agresión y estrategias represivas e inhibitorias de la libertad de expresión por parte del Gobierno cubano en los últimos seis meses. Su más reciente informe Libertad de expresión en Cuba: análisis semestral realiza un registro y sistematización de agresiones contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos y estudia los marcos normativos restrictivos y prácticas estatales represivas que buscan limitar el libre ejercicio del periodismo crítico e independiente.
"Durante este semestre hemos constatado que la libertad de expresión dista mucho de ser un derecho garantizado y un ejercicio libre, propio de cualquier democracia y Estado de Derecho. Ha prevalecido una continuidad e intensificación de la represión contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos que hacen uso de sus espacios digitales y del espacio público para ejercer sus derechos", señaló una nota de prensa de la organización.
"Las agresiones para inhibir y limitar el trabajo investigativo, periodístico y de activismo en la Isla vienen de parte del Estado y tienen un carácter sistemático, siendo principalmente detenciones arbitrarias, citaciones a interrogatorios, reclusión domiciliaria, supresión del servicio de internet, hostigamiento, exilio forzado, regulación migratoria, desacreditación y criminalización públicas, actos de repudio, encarcelamiento y condena penal ejemplarizante", denunció Artículo 19.
"Las detenciones arbitrarias a periodistas, la reclusión domiciliaria y el hostigamiento han sido las más comunes. Estas agresiones se dan de la mano de un marco restrictivo que viola libertades fundamentales y no observa compromisos internacionales", añadió.
La mayoría de estas agresiones son ejecutadas por el Estado a través del Departamento de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, fundamentalmente, entre otros actores.
"En este documento constatamos que desde 2018 existe un incremento en las disposiciones normativas del derecho administrativo y el derecho penal orientadas a la limitación de la libertad de expresión en Cuba. Este incremento responde a una tendencia que pretende limitar las libertades de expresión, de reunión y de manifestación. Una serie de decretos ley fueron formalizados entre 2018 y 2022 con este fin, junto a la reciente aprobación del Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023", señaló.
"Este conjunto de legislaciones y marcos normativos inhibidores dan como resultado graves efectos que ponen en un estado de desasosiego a la prensa independiente y al activismo de derechos humanos en la Isla, no solo por la complejidad de hacer periodismo y ejercer la libertad de expresión en un contexto donde la libertad de pensamiento, de asociación, reunión y expresión están bajo asedio, sino donde, derivado del amplio marco normativo, también son sometidos a la criminalización, a la censura, al exilio y al encierro, siendo la cárcel siempre una alternativa para el periodismo crítico y el activismo cubano", alertó.
Para Artículo 19, "agredir, censurar, limitar y violentar a la prensa independiente y a activistas que ejercen la libertad de expresión en la Isla, no solo tiene grave afectaciones en primera persona (…) sino que también tienen un efecto en la sociedad cubana en su conjunto, ya que eso se traduce en una sociedad menos informada y quizás incapaz de ver con mirada crítica las múltiples realidades de Cuba".
El informe se divide en cinco partes. La primera recorre las normativas y regulaciones que pueden considerarse inhibitorias de la libertad de expresión y que proveen una legalidad para el tratamiento punitivo hacia quienes ejercen sus derechos de expresión, reunión y manifestación. La segunda recoge las estadísticas de agresiones (durante el periodo informado) identificando el rol de las personas afectadas, su género, los medios de prensa a los que pertenecen (en los casos pertinentes), así como las entidades estatales participantes en la represión.
La tercera parte del informe de Artículo 19 expone algunos casos de gran relevancia con relación a la represión estatal; la cuarta parte identifica, mediante el análisis y las reflexiones de lo expuesto en la parte tres, aquellos casos que violan la libertad de expresión y cómo ello impide tanto el desarrollo de la labor periodística como la capacidad de movilización del activismo y la quinta parte, y final, intenta ubicar la situación de Cuba en un contexto regional de deriva hacia el autoritarismo y restricción del espacio público.
En las conclusiones del informe, la organización señaló que "pese a la intensificación de la represión, el éxodo masivo y la desarticulación de cualquier iniciativa ciudadana, las manifestaciones públicas en Cuba no han cesado".
"Esto debe tomarse como indicador de que, aunque el despliegue represivo es extremadamente fuerte, ello no debe entenderse como la muerte de la lucha cívica en Cuba. Requiere, sin embargo, de la solidaridad internacional y de la presión para, de forma incondicional, liberar a los presos políticos y levantar cualquier tipo de sanción que se esté aplicando sobre periodistas y activistas", consideró.
"La ventana de oportunidad es estrecha, como suele suceder en regímenes totalitarios y postotalitarios, pero es imprescindible aprovechar todas las oportunidades de denunciar, presionar y apoyar directamente a las víctimas de la violencia estatal sean del país que sea", valoró.
